El ente acusador anunció también que imputará por estos hechos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; ya imputó a Carlos González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). En tanto que se espera la decisión que tome sobre el exministro del Interior, Luis Velasco

Por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público la Fiscalía acusó ayer a la exconsejera presidencial de Regiones por el escándalo de corrupción en la Ungrd (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres). Ahora irá a juicio, siendo la primera de los altos exfuncionarios del Gobierno vinculados en estos hechos en ser llevada por la justicia a esta etapa procesal.

El abogado en representación de la Ungrd, Iván Mata, dijo en la audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado 8 Especializado de Bogotá, que dentro de los hechos presentados por la Fiscalía, Sandra Ortiz “habría ejercido presiones indebidas” en contra del entonces director de esta entidad, Olmedo López, con “la finalidad última de obtener un perjuicio de naturaleza ilícita en correspondiente detrimento patrimonial de la Ungrd”, en una cuantía de $4.000 millones, “una suma en efectivo de $3.000 millones en beneficio del presidente del Senado y una suma de $1.000 millones frente al presidente de la Cámara”.

Sin embargo, Mata dijo que “habría una aspiración última de haber causado una afectación total de $60.000 millones”, que por factores externos éste no logró concretarse. Explicó que sería a través de algunos contratos que Ortiz habría presionado a Olmedo López “para que se contratara la adquisición de, entre otros elementos, 40 carrotanques, esto con la finalidad de generar un interés indebido en la celebración de contratos y el pago de una coima a través del contratista Luis Eduardo López Rosero”.

Entre las evidencias que expuso el ente acusador contra Sandra Ortiz están chats en WhatsApp de conversaciones con Olmedo López y Sneyder Pinilla, entonces subdirector en la entidad de Riesgos de Desastres, en donde según la Fiscalía se utilizaba un lenguaje cifrado para organizar la entrega del dinero.

El organismo señaló también a Ortiz de haber eliminado y modificado mensajes relevantes, lo que constituye un intento de obstruir la justicia. Igualmente, presentó registros de GPS y testimonios que sitúan a la entonces consejera para las Regiones el 12 de octubre de 2023 en un edificio donde presuntamente entregó 1.500 millones de pesos. Escoltas y testigos también confirmaron estos movimientos.

En la audiencia de ayer la Contraloría General de la República, la Unidad Nacional de Protección y la Ungrd solicitaron ser reconocidas como víctimas en este proceso. También hizo lo propio la Red de Veedurías. Sin embargo, en este último caso la juez negó este reconocimiento.

Otros exfuncionarios

Falta todavía ‘tela por cortar’ en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por la situación jurídica de exfuncionarios del Gobierno, congresistas y excongresistas que han sido involucrados por testigos en el escándalo de corrupción de la Ungrd.

Hasta el momento, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es el más alto de los exintegrantes de la Administración Petro que, para el ente acusador, tienen responsabilidad en estos hechos, por lo que en los próximos días será imputado por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.

Con base en la declaración y pruebas como documentos y comunicaciones por WhatsApp que aportaron Pinilla y López, la Fiscalía abrió investigación, el 18 de julio del año pasado, a Ricardo Bonilla, quien era entonces ministro de Hacienda; Luis Velasco, quien era ministro del Interior, y Carlos González, quien era en esos días director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y también había estado al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en donde según López se llevó a cabo la reunión en la que altos funcionarios del Gobierno lo instruyeron para dar dádivas a parlamentarios a cambio de su voto.

También imputó el pasado 21 de mayo ante un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a Carlos González Merchán como presunto responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos.

Entonces en esta investigación queda pendiente por resolver en la Fiscalía la situación jurídica del exministro Luis Velasco, ya sea archivando el caso o imputándolo si lo encuentra responsable.

López y Pinilla fueron los primeros funcionarios del Gobierno en que la Fiscalía puso el foco en la investigación por este escándalo de corrupción, que a propósito estalló por informaciones de prensa que recogieron denuncias de habitantes de Uribia, quienes dieron cuenta de que 40 carrotanques que se adquirieron por más de $47.000 millones para llevar agua a La Guajira, llevaban meses parqueados en la base militar sin prestar ningún servicio.

La primera baja en el Gobierno por este escándalo se produjo el 6 de mayo de 2024, cuando presentó su renuncia la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, después de que Pinilla en Semana dijo que en el contrato por $46.800 millones para comprar 40 carrotanques, el contratista que se quedó con el negocio prestó $4.000 millones. De los cuales, según este exfuncionario, se entregaron $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones al por esos días presidente de la Cámara, Andrés Calle.

Pinilla sostuvo que Ortiz fue presuntamente la “mensajera” para llevar la plata a Name. La exfuncionaria fue imputada en diciembre pasado por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Desde entonces fue privada de la libertad.

Otro exfuncionario gubernamental que es investigado por estos hechos es César Manrique, quien estuvo al frente de Función Pública. La Fiscalía ayer lo imputó por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Según la investigación Manrique está comprometido en el direccionamiento de $100.000 millones de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Ungrd.

A principios de este mes, fue imputada la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Benavides, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo sucesivo.