“Hay democracia en Colombia o cambiamos las instituciones”, vociferó Gustavo Petro desde la Plaza de Bolívar, enfundado en un traje rojo que evocaba sin pudor al difunto dictador Hugo Chávez, empuñando, como él, la espada de Bolívar y con la mirada perdida entre las estrellas del delirio. Aquella escena, sobreactuada y grotesca, fue una réplica del libreto venezolano, inspirado a su vez en la cartilla cubana de la descomposición democrática.
Petro no innova: repite. No crea: copia. No une: divide. Su proyecto no es original ni espontáneo, sino una réplica mecánica de modelos autoritarios fracasados que trata de ejecutar con devoción fanática. Sus palabras y actos -cada vez más erráticos y agresivos- confirman que no gobierna ni construye, sino que destruye para perpetuarse en el poder. Su confesión, a manera de chiste actuado, sobre “amarrarse al sillón con una soga”, debe tomarse como advertencia o amenaza.
Las señales están por doquier. Desconoce fallos judiciales como quien se sacude el polvo de los zapatos. Desafió al Consejo de Estado, intentó atacar con una horda enardecida a la Corte Suprema y trata de manipular a la Corte Constitucional con tres magistrados de bolsillo. Asedia al Congreso y amenaza a sus integrantes; embiste al Consejo Electoral por indagar el financiamiento oscuro de su campaña, y agrede al Banco de la República por no rendirse a sus delirios. El equilibrio de poderes le resulta un estorbo; la ley, una broma; y la democracia, un obstáculo.
Mientras tanto, ha maniatado y desarmado a la Fuerza Pública con discursos pacifistas mentirosos, permitiendo que los grupos narcoterroristas se fortalezcan. El resultado: un país tomado por el miedo, la muerte, la sangre y la incertidumbre. La economía se desploma. El sistema de salud se deshace entre el caos. Y en medio del desorden, Petro recurre al veneno del odio de clases, buscando enfrentar a unos colombianos contra otros para reinar entre las ruinas.
Como si fuera poco, convirtió el presupuesto nacional en un botín para sobornar y comprar adhesiones, lealtades ocasionales y conciencias débiles. La denuncia del concejal de Bogotá Daniel Briceño, sobre los más de $400 mil millones entregados a los directivos indígenas del CRIC, no describe una política social, sino una vulgar estrategia de manipulación. Y, precisamente, otra de sus rabias contra el Congreso nace de su frustración al no poder imponer nuevos impuestos para financiar el derroche y su maquinaria propagandística.
La farsa de la “consulta popular” no es más que una coartada para financiar con dinero público su campaña de agitación y propaganda politiquera. Agita a sus huestes contra las instituciones y amenaza con imponer su voluntad por decreto, sabiendo que es inconstitucional, pero no le importa. Petro no es presidente: es un caudillo perverso y adicto al poder que rompe todos los límites. Presume de un respaldo popular que no tiene. Utiliza esa ficción buscando atropellar a las otras ramas del poder y amedrentar a las mayorías de la nación.
La única salida es la unión de los colombianos para enfrentar lo que viene, ya no una amenaza, sino el peligro latente. Hay que demostrarle que el verdadero pueblo, aunque sereno, es como el león que duerme con un ojo abierto y que, cuando se levanta, defiende su territorio y expulsa al intruso. Responderle que, si se “amarra al sillón con una soga”, con esa misma el pueblo lo sacará. En rastra.