Petro vs. Petro: todos perdemos

Colombia vive un hecho tan inédito como ilógico: un paro nacional convocado por el propio gobierno. Es decir, una movilización promovida por el establecimiento, contra el establecimiento. Este episodio surrealista debe plantearnos profundas dudas sobre la seriedad del ejercicio del poder y el respeto por las instituciones democráticas.

El detonante inmediato fue el caos alrededor de la reforma laboral. El gobierno la radicó en el Congreso, donde fue archivada. Luego impulsó una consulta popular sobre temas similares, que también fue rechazada. Mientras tanto, la Comisión Cuarta del Senado -en contra del Ejecutivo y sus aliados parlamentarios- logró revivir y aprobar en tercer debate una nueva versión de la reforma, con muchos de los puntos contemplados en la consulta y en el proyecto original.
Durante esta montaña rusa de acciones y reacciones, los partidos de gobierno se convirtieron en los principales opositores del proyecto de reforma laboral que ellos mismos idearon. La razón es tan clara como preocupante: el objetivo nunca fue la reforma, sino la posibilidad de hacer una consulta popular. Esto último, no como mecanismo de participación ciudadana, sino como un descarado abuso de carácter electorero.
Es prácticamente imposible que una consulta de esta naturaleza logre el umbral requerido para su aprobación. La historia de este mecanismo es clara en este sentido. Lo que sí permite una consulta es hacer campaña anticipada y movilizar recursos para posicionar narrativas y candidatos como antesala a las elecciones de 2026. Todo esto mientras gastamos billonarios recursos públicos y se intensifica la polarización de nuestra sociedad.
Y aquí entra el paro en que nos encontramos. ¿Qué sentido tiene que el gobierno convoque a oponerse a decisiones tomadas por otro poder público? ¿Acaso no juraron respetar la Constitución y la separación de poderes? ¿Es legítimo imponer por medio de movilizaciones coartadas por el gobierno lo que no lograron por la vía democrática?
La respuesta es que bajo la fachada de una falsa defensa de derechos sociales, se esconde una maniobra netamente electoral. Reitero, han demostrado que no les interesaba la reforma. Lo que movía al gobierno y sus aliados era la excusa para victimizarse y agitar la base electoral.
Mientras tanto, perdemos todos. Se paralizan sectores, se generan millonarias pérdidas y se erosiona la confianza en las instituciones. Este episodio bien puede pasar a la historia como uno de los más insólitos del actual gobierno: el día en que marcharon contra ellos mismos para defender una causa que está en trámite en el órgano que corresponde, para no perder unas elecciones que aún no han sucedido.
Pero que no les quede duda, esa misma historia los juzgará implacablemente por su indolente desprecio hacia el resto de los colombianos.
EDUARDO BEHRENTZ
​Analista.