La ley 1118 de 2006 escindió las funciones de Ecopetrol, trasladando a la ANH la autoridad sobre las políticas sectoriales y la adjudicación de áreas para exploración y explotación. Ecopetrol en sus estatutos adoptó como principal objeto social el “desarrollo, en Colombia y en el exterior, de actividades relacionadas con la exploración, explotación, […] y comercialización de hidrocarburos, y sus derivados”. Con una directriz: “de manera competitiva, atendiendo criterios de responsabilidad económica y financiera en consideración a las circunstancias del mercado y los riesgos propios de la industria”. Así se allanó el camino para privatizar de manera democrática el 12% de las acciones de la empresa, a partir de septiembre de 2007. Convirtiéndose, con sólo ese porcentaje en bolsa, en la más valiosa empresa de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Corresponde a su Junta Directiva aprobar: “la adquisición directa de participaciones y derechos en sociedades constituidas que tengan un objeto similar […] o útil para el desarrollo del objeto social; la enajenación de participaciones, posiciones contractuales y derechos […]; la estrategia y plan de negocio […]; el presupuesto y plan de inversiones […]; los nuevos negocios del grupo.” Con tal respeto por el gobierno corporativo que los ministros de Hacienda y de Minas y Energía dejaron de hacer parte de la junta.

Sin embargo, este gobierno inició limitando, a través de la ANH, las adjudicaciones de nuevas áreas para petróleo y gas; desperdició por decisión de la ANLA la oportunidad del pozo Komodo en el Caribe luego de inversiones de cientos de millones de dólares en la más sofisticada exploración submarina; frenó por inmiscución presidencial una decisión propia de la junta en la participación en el proyecto del pozo Oslo en asociación con OXY, que prometía un incremento del 9% en sus reservas probadas y un crecimiento del 14% en sus utilidades.

Entre enero y diciembre de 2022 el precio del petróleo subió 10,45% mientras la acción de Ecopetrol cayó un 10,04%. La actividad exploratoria ha disminuido un 50% y perdido 20 mil empleos. La producción de gas disminuyó y ha tocado importar más gas impactando hogares, industria, balanza comercial y regalías para las regiones. En los últimos 2 años el aporte de Ecopetrol al Estado colombiano cayó $35 billones, equivalente a dos reformas tributarias. ¿Quién debe responder a la empresa, a sus miles de accionistas minoritarios y al Estado por tan colosales deterioros?

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