En medio de las múltiples controversias que suscitó la visita del presidente Gustavo Petro a Medellín este fin de semana, una de las más sensibles puso en el centro de atención a la Fiscalía General de la Nación.Presidente Gustavo Petro amenazó a fiscales en Medellín y anticipó beneficios a Mesa de Paz de Itagüí.
A lo largo de su discurso de más de dos horas, el primer mandatario no solo hizo un llamado abierto a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para acompañarlo a una visita a la Cárcel de Itagüí con el fin de revisar beneficios jurídicos para los líderes de las bandas del Valle de Aburrá, sino que les metió presión a los fiscales que trabajan en la seccional Medellín, señalándolos de no ser independientes en su labor y perseguir a sus aliados.
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La arremetida del Presidente abrió varios frentes de incertidumbre, ya que mientras por un lado dejó en el aire qué tipo de beneficios se podrían estar revisando para impulsar su política de Paz Total en Medellín, para muchos tampoco aclaró el objetivo de cuestionar a los fiscales de la ciudad, más si se tienen en cuenta varios procesos sensibles que precisamente se llevan desde la capital antioqueña en contra de aliados del Presidente, como es el caso del escándalo de Aguas Vivas que tiene contra las cuerdas al exalcalde Daniel Quintero.
Por el primer frente, Petro hizo una invitación abierta a la Fiscalía para venir a Medellín y revisar beneficios jurídicos para las bandas.
“Yo llevaré, si ella quiere, es libre (…), a la Fiscal General y yo como Presidente de Colombia vayamos a la cárcel a examinar bajo las normas existentes, legales, las posibilidades de beneficios jurídicos a cambio de la dejación completa y definitiva de las armas y el asesinato”, dijo Petro.
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El mandatario señaló que buscaría otorgar beneficios jurídicos basados en la legislación actual pero no descartó usar la “presión popular”, si era necesario, para impulsar una nueva ley al respecto. También aclaró que aún no le ha hecho la propuesta a la fiscal Camargo porque está de viaje en el exterior. La condición que dijo tener para darles los beneficios a los capos de la Oficina es que cesen todas las acciones violentas, la extorsión y la “ayuda al traqueteo”.
Más allá de estos escenarios, lo cierto es que la propuesta del Presidente apareció en medio de un espacio de concertación cada vez más desgastado, tal como ha venido trascendiendo desde hace más de un año.
Aunque el grueso de las discusiones en dicha mesa aún se mantiene bajo reserva, dentro de los puntos que más preocupan a los líderes de bandas están asuntos como la suerte de sus bienes luego de ser objeto de un proceso de sometimiento, si estos serán usados para reparar víctimas (y cómo), y también el denominado “Punto final”, que consiste en que todos sus casos se reúnan en uno solo para quedar al día con la justicia cuando se produzca dicho proceso de sometimiento.
Desde hace más de un año, los voceros de las bandas han señalado que el marco jurídico para dicho proceso de sometimiento no es claro.
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Además de estos puntos, en el caso de Petro, quien ya se acerca al inicio de su último año de gobierno, el tiempo cada vez se muestra como un factor más adverso para mostrar resultados concretos de esos diálogos, que desde hace más de un año no obstante ya presenta como un logro de gobierno tras relacionarlos cómo única causa de la reducción de homicidios en Medellín.
Ataques a fiscales locales
En paralelo a esta situación, Petro también le habló a la Fiscalía pero a nivel local, cuestionando su independencia.
“Tener el alcalde una asesora que fue fiscal dándole órdenes a los fiscales de Antioquia para que pongan presos a sus enemigos políticos. No, señor. Eso se llama dictadura. Eso no es democracia”, expresó el Presidente.
Pese a no hacer una mención directa, las palabras del mandatario fueron vistas como una alusión tácita a la misma narrativa que en meses recientes viene impulsando el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien ha tratado de presentar el escándalo de Aguas Vivas como una supuesta persecución política.
Aunque en sus declaraciones Quintero ha arremetido sobre todo contra el alcalde Federico Gutiérrez, uno de los pedidos en los que insistió antes de quedar formalmente imputado tras múltiples aplazamientos de su audiencia fue que su caso se trasladara a Bogotá, petición que no fue admitida al final.
“Así que le pido al alcalde Fico que no rompa la Constitución y saque su fiscal de la oficina, porque la Fiscalía debe ser independiente del ejecutivo”, añadió Petro en su discurso, advirtiendo de paso que quienes no ayudasen a su gobierno en esa tarea serían enemigos de sus iniciativas de paz para Antioquia.
23/06/2025 | El Colombiano
