Presupuesto 2025: Petro sacrifica inversión por más burocracia

El gobierno Petro sacó ayer por decreto su presupuesto desfinanciado de 523 billones de pesos para el 2025. El 2 de enero, según Presidencia, estará listo el recorte de 12 billones que está obligado a hacer por el hundimiento de la reforma tributaria.

El primer gran efecto de ese recorte fue el anuncio del Ministerio de Vivienda de suspender los subsidios para comprar casas en 2025. La justificación del presidente Petro fue que la caída de la tributaria dejó al gobierno sin dinero para fondear los subsidios, claves para jalonar el sector de la construcción.

Con la medida, Petro demuestra que está dispuesto a sacrificar grandes programas de inversión que podrían reactivar la economía en 2025, antes que frenar el sostenido aumento de la burocracia, una factura que en 2024 ha crecido más que los pagos dirigidos a inversión pública.

El gobierno Petro ha gozado de ingresos históricos

En 2023 y en 2024, los presupuestos del gobierno aumentaron en 71 y 80 billones de pesos, respectivamente, frente a su año anterior. Entre otras razones gracias al buen crecimiento de la economía luego de la pandemia y la reforma tributaria del 2022, que impulsaron un recaudo récord en 2023. En la última década, ambas cifras sólo son comparables con el 2020, cuando el gobierno Duque se endeudó para hacerle frente a la pandemia, como lo hicieron muchos países.

El presidente Petro ha sugerido que su gobierno ha tenido problemas para invertir porque buena parte de su presupuesto se ha ido a pagar los créditos del gobierno Duque, el cierre del hueco por el subsidio de la gasolina y las transferencias obligatorias, como las de los departamentos y municipios, que han crecido en los últimos años. Es una mentira.

Como lo han demostrado diferentes economistas, incluso restando el pago de la deuda o las transferencias a las regiones, el gobierno Petro ha tenido la chequera más abultada de la historia para hacer inversiones.

En ese contexto de relativa abundancia, Petro no ha podido financiar su ambicioso programa de gasto. Sin embargo, el gobierno ha disparado sus gastos de funcionamiento, como sucedió cuando el presidente fue alcalde de Bogotá y aumentó los gastos de nómina en un 40%, según los concejales de la época.

El gobierno Petro gasta sobre todo en pagar más nómina

En 2024, el gobierno Petro aumentó en un 14% los pagos efectivos para pagar la nómina, según los datos del MinHacienda a corte de noviembre. En contraste, los pagos que ha hecho para invertir han disminuido en -13% hasta el mismo mes.

Los datos del pago de nómina no tienen en cuenta a los funcionarios de las entidades territoriales, pero incluyen los de las entidades del orden nacional, como la Procuraduría, que ha aumentado su planta de personal en los últimos dos años. Es decir, no todo el crecimiento en los pagos de nómina obedecen a órdenes de la Presidencia.

Sin embargo, los sectores que están bajo la órbita de Petro han hecho grandes aumentos en sus gastos de funcionamiento, un rubro que se va en buena parte al pago de salarios.

Entre 2022 y 2023, 10 ministerios aumentaron en más del 15% sus gastos para operar. Hacienda (150%), Minas y Energía (79%), Cultura (32%) y Transporte (32%) fueron los que más lo hicieron si se excluye al Ministerio de Igualdad, que nació con un aparato burocrático de cinco viceministerios.

La Cancillería también ha sido otro sector que ha ampliado su burocracia. En un decreto, a finales del año pasado, creó 116 nuevos cargos y a lo largo del año inauguró varias embajadas, entre ellas, la que le dieron a Armando Benedetti ante la FAO, confirmando su poder de chantaje frente al gobierno.

Por otro lado, el gobierno autorizó un aumento del 10,88% a los salarios de 1,3 millones de funcionarios públicos, incluyendo cargos con sueldos altos, como ministros, viceministros y directores.

“De 2022 a 2024, el gasto en nómina del gobierno tuvo aumentos por encima del crecimiento económico. Son contrataciones de personal que permitieron la creación de nuevas entidades, pero que en una situación fiscal compleja son un problema porque recortarlas se vuelve cada vez más difícil”, explica el economista Juan David Grillo, experto en finanzas públicas. 

El problema de aumentar tanto la nómina, como lo ha hecho el gobierno Petro, es que se convierte en un gasto inflexible, difícil de recortar, a diferencia de una inversión presupuestada para un nuevo hospital, que se hace una sola vez y que mueve otros sectores de la economía.

Para 2023, 8 de cada 10 pesos del presupuesto del gobierno estaba comprometido, según datos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). Entre esos compromisos que no se pueden modificar se cuentan el pago a la nómina de los funcionarios públicos.

“La única alternativa que les queda, bajo la línea política del gobierno, es paralizar proyectos que no se relacionen con el gasto social”, dice el economista Isidro Hernández, profesor de la Universidad Nacional. “El problema es que lo pueden hacer a costa del crecimiento económico, desfinanciando la infraestructura, o a sectores empresariales que dependen del apoyo del gobierno, como la construcción”.

Exactamente eso es lo que están planeando mientras siguen sin trazar una hoja de ruta clara para un plan de reactivación económica, prometido por el presidente y su mano derecha, Laura Sarabia, desde julio.

El presupuesto de inversión será el más sacrificado

El gabinete en pleno ha salido públicamente a quejarse por los recortes al presupuesto del 2025.

Juan Felipe Harman, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), anticipa un recorte del 60% del presupuesto para la entidad que dirige. “El ajuste afecta, en esencia, la compra de más tierras”, dice. Según sus cálculos, la ANT pasará de un presupuesto de inversión de 4,9 billones a uno de poco más de 1 billón de pesos.

En el presupuesto original del 2024, la ANT fue una de las agencias del Estado con más dinero para invertir. Sobre todo porque Petro se trazó el objetivo de comprar 1.5 millones de hectáreas de tierras hasta el final de su gobierno, una meta inalcanzable si se considera que, según cifras de Harman, a hoy solo han comprado 198 mil hectáreas.

“El presupuesto de Cultura para el 2025 será de 185 mil millones, un 10% de lo que tenemos actualmente. Las inversiones en los sistemas de música y en festivales, o el apoyo a las casas de cultura se van a paralizar”, dice el ministro de Cultura, Juan David Correa, quien este año contó con un presupuesto histórico de poco más de 1 billón.

Cultura, a corte de noviembre, ha gastado de manera efectiva el 52% de su presupuesto, según datos del MinHacienda, aunque tiene comprometido el 78%.

En el Ministerio de Salud creen que el recorte va a golpear a los grandes proyectos de infraestructura hospitalaria que tenían previstos, según una fuente de la cartera que lo conoce de primera mano. Este año, por ejemplo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció la construcción de un hospital de segundo nivel en Istmina, Chocó –un departamento priorizado en los discursos del presidente– por 52 mil millones de pesos.

“Las adecuaciones o las dotaciones a la red hospitalaria pública no se van a afectar porque representan gastos de funcionamiento”, dice la fuente.

Mientras tanto, Petro lanza ideas frente al presupuesto difíciles de cumplir. En su última alocución, propuso trasladar recursos destinados para las vigencias futuras, con las que se construyen las grandes carreteras, para fortalecer a Parques Nacionales, la institución que cuida los ecosistemas del país.

El dinero para las vigencias futuras es complejo de trasladar porque está amarrado a contratos bajo el esquema de las Alianzas Pública Privadas, APP, un modelo para construir carreteras concesionadas a empresas privadas. Este año, Petro ocasionó una crisis presupuestal luego de que le pidió a Hacienda desfinanciar proyectos de carreteras 4G para destinar recursos a regiones más pobres, de su corazón político e ideológico, como el Litoral Pacífico. Y tuvo que reversar la decisión.

“El riesgo del recorte es que no se haga con principios de focalización, pensando en el crecimiento económico del 2025 y la delicada situación fiscal, sino que sea discrecional y con base en criterios políticos e ideológicos”, dice José Ignacio López, director de Anif, el centro de pensamiento económico vinculado a la banca.