Redes del Estado como altavoz político

Una noticia reciente desató una ola de indignación justa: se descubrió que 77 cuentas oficiales del gobierno colombiano fueron usadas para difundir la campaña del presidente Petro bajo el hashtag #SeRobaronLaSalud. Lo más preocupante no es solo que se haya usado ese mensaje político, sino que muchas de esas cuentas oficiales pertenecen a entidades cuya naturaleza institucional nada tiene que ver con salud o con asuntos de servicios médicos —como el Servicio Geológico Colombiano o la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. El Servicio Geológico, por ejemplo, tiene una misión técnica centrada en la sísmica, la geología y el estudio de fenómenos naturales. Su cuenta es seguida por miles para alertas de temblores y educación geológica.

¿Por qué entonces esa institución pasó a replicar mensajes presidenciales sobre acusaciones contra EPS? ¿Dónde queda la línea que separa lo técnico-institucional de lo político-propagandístico?

La estrategia comunicativa fue coordinada y abarcó múltiples instituciones. Las cuentas dejaron de informar sobre sus competencias específicas (geología, riesgos naturales, memoria histórica, agropecuaria, etc.) para convertirse en eco de una narrativa política concreta. ¿Por qué eso daña la institucionalidad y por qué debería molestarnos? Primero, porque las entidades estatales no son correas de transmisión del Gobierno de turno. Su legitimidad descansa en su imparcialidad, en su autonomía técnica, en su deber de servir a todos los ciudadanos, sin sesgos políticos. Cuando una entidad que estudia terremotos empieza a hablar de EPS, no solo pierde credibilidad técnica, sino que da la impresión de que todo el Estado está politizado.

Segundo, porque esas prácticas erosionan la confianza ciudadana. Cuando los ciudadanos perciben que cada entidad pública se convierte en caja de resonancia de mensajes de partido, dejan de creer que están siendo informados con veracidad.

Tercero, porque estas acciones no son inocuas: tienen fines que van más allá de informar al público. Se trata de generar narrativa para posicionar una campaña política, influir en la opinión pública no desde el debate, sino desde la repetición dirigida, desde la saturación mediática, aprovechando recursos estatales que deberían tener otro uso. En vísperas de elecciones, esta estrategia revela claramente que el aparato institucional está siendo parcializado con fines electorales. Si las entidades públicas dejan de tener una voz independiente —una voz que informe, advierta y eduque— para convertirse en voceras del Gobierno, corremos el riesgo de perder aquello que distingue al Estado de una maquinaria partidista.

No normalicemos este tipo de comportamientos, vigilemos que las cuentas oficiales no funcionen como altavoces políticos, que los medios pidan cuentas, que haya sanciones si se sobrepasa la línea institucional. La democracia no se fortalece cuando las instituciones se resignan a convertirse en campañas permanentes, sino cuando cumplen su deber con autonomía, ética y responsabilidad.