Se extiende la lupa judicial sobre la bancada del Pacto Histórico

La bancada del Pacto Histórico sigue recibiendo golpes por todos los flancos, torpedeando seriamente sus intenciones electorales en 2026. Si bien el objetivo de este colectivo para las elecciones parlamentarias del próximo año es volver a configurar mayorías, las denuncias e investigaciones en curso contra sus senadores y representantes están poniendo piedras en este camino que, a la fecha, parece ser negativo para Petro y los suyos en el Congreso.

En los comicios de 2022 su cabeza de lista en la Cámara de Representantes fue David Racero. Hoy el parlamentario se la juega en el ámbito legal y podría estar dejando de lado sus aspiraciones al Senado – apartado propiamente por Petro – luego de que en la presa fueran reveladas una serie de audios en los que Racero figuraba pidiendo cargos en el Sena, moviendo puestos entre Colombia Compra Eficiente y la aseguradora Positiva, y efectuando malas prácticas laborales en un emprendimiento familiar.

Y aunque el parlamentario trato de restar importancia a los hechos al señalar que estos son una estrategia contra el Gobierno y sus reformas, el presidente Petro fue tajante al señalar “un movimiento progresista, es un movimiento de las y los trabajadores. Cualquier militante que en su vida personal y política no se aferre a estos principios estructurantes debe ser examinado a profundidad en los comités disciplinarios o competentes para el efecto. No debe estar con nosotros”.

También, de forma reciente se conoció una denuncia contra la también representante Leyla Marleny Rincón por presunto acoso laboral. El documento, firmado por la abogada Lina Paola Suárez Bedoya, excoordinadora de su Unidad de Trabajo Legislativo, detalla un comportamiento sistemático de maltrato, humillaciones, discriminación por motivos de salud mental y un ambiente laboral hostil durante su permanencia en el equipo de la congresista.

A ello también se suma la polémica suscitada tras la salida de Ángela María Buitrago del ministerio de Justicia por los señalamientos contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, que, además, salpicó a las senadoras Gloria Flórez e Isabel Cristina Zuleta. Según las insinuaciones de la exministra, las congresistas estarían interesadas en posicionar personas de su entorno en entidades adscritas al MinJusticia, hecho que se encuentra bajo investigación.

Ungrd y Corte Suprema

Las investigaciones en curso contra militantes del Pacto Histórico no dejan de estar alejadas del entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. En este caso, Martha Peralta, senadora de la Guajira de este colectivo, está siendo investigada intervenir presuntamente en la dirección de un contrato de 2.100 millones de pesos para personas de su entorno.

Su vinculación se realizó, entre otros, gracias a la declaración de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, quien apuntó que Peralta ayudó a la dirección de este contrato. Además, investigaciones posteriores señalaron que contratistas cercanos a la parlamentaria habrían visitado las instalaciones de esta entidad para coordinar los tiempos y montos finales del contrato.

En cuanto a la Corte Supresa de Justicia, allí se llevan dos frentes de investigación que relacionan al colectivo. El primero vincula a Mary Anne Perdomo, representante a la Cámara por Santander a quien en primera instancia el tribunal ya le decretó la “muerte política”, en atención a un caso de irregularidades en contratación de UTL-

De acuerdo con la CSJ, Perdomo “incurrió en la causal de indebida destinación de dineros públicos (artículo 183.4 C. Pol.), al permitir y autorizar que María Isabel Rueda Guerrero, que estuvo vinculada como asistente grado V en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), en el período comprendido entre el 21 de julio de 2022 y el 10 de enero de 2023, fuera suplantada en cuanto a su vinculación por Laura Fernanda Rueda Guerrero, durante el lapso en que esta última tuvo la condición de miembro de la UTL, en el cargo de asesora grado I”.

Asimismo, la Corte también se encuentra evaluando una demanda de hasta 28 congresistas de este colectivo, de quienes perderían su pérdida de investidura y entre los que se encuentran algunas de las principales cabezas del movimiento como María José Pizarro, Clara López o Alex Flórez. En el argumento del demandante los militantes violaron el régimen de conflicto de intereses al intentar promover la modificación del artículo 109 de la Constitución “en el sentido de que se inapliquen las sanciones por la violación de los topes máximos de financiación de las campañas”.