Sistema de salud se acerca al colapso

La crisis de atención médica en Colombia llegó esta semana uno de sus extremos más graves, no solo por cuenta de la cada vez más crítica afectación en el servicio y suministro de medicamentos, sino porque las órdenes judiciales para superar el hueco financiero del actual esquema no se están cumpliendo.

Y, como si fuera poco, en el Congreso el proyecto de reforma a la salud está próximo a naufragar, a tal punto que por un lado el Gobierno, en una actitud que sus contradictores califican de desesperada, prácticamente le quitó el respaldo, y por el otro, insisten en llevarla a una consulta popular, cuya viabilización depende de la Plenaria del Senado, en donde las toldas oficialistas son minorías.

En primera instancia, la crisis por falta de medicamentos ha derivado en manifestaciones y bloqueos en diversas ciudades del país. Cali y Bogotá han dado evidencia de esta situación, donde los pacientes han argumentado una precariedad en la atención y la no entrega de insumos como la insulina e, incluso, medicamentos básicos como el acetaminofén.

De hecho, según advirtió días atrás Fenalco, el Gobierno nacional estaría ostentando una deuda que superaría los 4 billones de pesos, y con una cartera vencida de 600 días, con los dispensadores de medicamentos. Asimismo, “se suman otras circunstancias que afectan la disponibilidad de medicamentos, tales como la demora en trámites en el Invima, factores coyunturales como escasez de materias primas, efectos logísticos por los últimos paros y cierres de las vías y la regulación de precios. Como consecuencia de lo anterior, en el mercado se han dejado de comercializar algunos medicamentos”, advirtió el gremio.

Esta crisis en medicamentos llevó a los pacientes a recordar las palabras de Francisco Rossi, director del Invima, quien a finales del año pasado había asegurado que algunos fármacos no estaban siendo adquiridos por el país debido a su alto costo. En aquellas declaraciones, realizadas durante un foro de la salud, Rossi apuntó que tampoco se podría hacer una inversión en innovación.

No obstante, tanto el Invima como propiamente la Superintendencia de Salud y el presidente Petro han acusado de un sabotaje a las dispensadoras, quienes, de acuerdo con esta versión, estarían acaparando los medicamentos para dar evidencia de una crisis “que no existe”.

“No hay desabastecimiento, y sobre todo no por trámites de registro. Tenemos unos casos muy puntuales con nueve medicamentos que tenemos dificultades con asuntos variados como materias primas, comercio internacional, problemas de logística de transporte, insumos específicos, pero no tienen ninguna relación con el debate de dificultades de la entrega y el cumplimiento”, dijo Rossi en una entrevista reciente.

Alineado con esta declaración, el presidente Petro señaló durante una visita a Norte de Santander que las gestoras farmacéuticas han acaparado dineros de la salud y han monopolizado la adquisición de medicamentos para duplicar su precio.

“La insulina la están acaparando y yo le pedí al superintendente de Salud que allí donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no se entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el Gobierno, se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles y me van a decir que eso es una dictadura y no, eso es la ley de la República”, apuntó el mandatario. Sectores políticos, médicos e incluso la fiscal, Luz Adriana Camargo, cuestionaron la autoridad para realizar esta operación (Véase página 4).

Sin embargo, Ignacio Gaitán Villegas, presidente de Afidro, respondió al presidente asegurando que “es un tema de desfinanciamiento. Hablar de acaparamiento es irreal. Porque por cada tipo de enfermedad existen un número de medicamentos que lo pueden solventar. Tampoco hay escasez de medicamentos porque los laboratorios los acaparen. Sí, tenemos un gran número de estos listos a entregar, pero hay problemas en la cadena de suministro debido al desfinanciamiento del sistema”.

EPS

En adición, la crisis también se ha agudizado en el sector de las EPS y la atención en pacientes. Según explicó Jorge Toro, director de la Asociación de las IPS, durante la primera instalación de mesas técnicas para el ajuste de la UPC, “hoy tenemos una realidad clara y es que el argumento que nos dan las IPS es que no tienen recursos. Hablar del argumento de que si la UPC es suficiente o insuficiente, ellos siguen insistiendo como compradores del servicio de salud que la plata no les alcanza”.

“La red prestadora está sin plata. No tenemos caja para operar. Siguen cerrando servicios por este motivo”, agregó Toro. De hecho, según reportó a principios de marzo la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, más de 9.055 servicios de salud han cerrado de manera permanente en el país, solo en 2024, mientras que otros 26.627 han suspendido su atención de manera temporal, lo que ha afectado a más de 4 millones de pacientes.

Esta crisis, como bien señaló Toro, es derivada de una falta de recursos, a pesar de que Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, ha argumentado que habría 11,5 billones de pesos en excedentes en operaciones derivados de los recursos destinados a través de la UPC entre 2020 y 2022, según los reportes entregados por la Superintendencia de Salud al Ministerio, y que los entes de salud no han dado explicaciones de dónde están o en qué fueron gastados.

UPC y presupuestos máximos

Frente a los recursos, la instalación de las mesas técnicas para el ajuste de la UPC no ha comenzado con pie derecho, o al menos no como los actores del sistema esperaban. La ANDI denunció que este gremio fue excluido de la conversación para evaluar la insuficiencia de la UPC para 2025, así como sociedades de pacientes, Asocajas, las EPS indígenas, los representantes de talento en salud, las sociedades científicas y las EPS intervenidas.

De acuerdo con Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, “al final esto va a conducir que la crisis clara, porque los recursos no son suficientes”. Y es que, si bien las mesas técnicas se están ejecutando, Jaramillo cuestionó a la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la creación de las mesas por considerar insuficientes los recursos para el sistema en 2025, pues estaría extralimitando sus funciones y tomando roles que corresponden únicamente al Consejo de Estado.

“La Corte decía que la UPC era insuficiente. ¿Dónde está el estudio? ¿Por qué no nos mandó ese estudio para nosotros revisarlo? Y, si ya tiene el estudio la Corte, y está tan claro que no solamente es insuficiente, sino que, además, hay que volver a partir de la vigencia y reajustar las de 2021, 2022 y 2023, y fuera de eso, ¿que se haga un reajuste, como pasa con los presupuestos máximos, nos dice que nosotros somos los que tenemos que solucionar los problemas del sistema de información?”, preguntó Jaramillo.

Lo anterior dejó como conclusión en Acemi que resulta necesaria la participación de los gremios y todo el sector salud, pero, además, una mayor disposición para el cumplimiento de las peticiones de la Corte. De hecho, Ana María Vesga, presidenta del gremio, apuntó además que “los problemas del sistema son de carne y hueso, mujeres, niños, ancianos que esperan soluciones. Se requieren medidas urgentes, acuerdos técnicos y sobre todo voluntad”.

No obstante, y según prevén expertos, la determinación del Gobierno es clara. Como bien dijo el presidente, “las reformas tienen que implementarse de inmediato. No vamos a esperar al Congreso, porque no lo necesitamos. Porque se pueden hacer bajo las actuales leyes, solo se necesita audacia y decisión”, declaraciones que encendieron las alarmas sobre el interés claro del mandatario, quien con aval o no, iniciaría la implementación de un sistema que ya dio muestras de fracaso con el magisterio, el sistema de salud de los profesores.