“¿Qué se siente orinar en una finca de Mancuso?”, preguntaba un funcionario del gobierno en medio de un desalojo policial en un predio en Valencia, Córdoba. Mientras tanto, Felipe Harman, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien lideró la operación, le preguntaba a sus asesores la distancia que existe entre la hacienda y Santa Fe de Ralito, el histórico corregimiento donde el gobierno Uribe y los paramilitares negociaron su desmovilización. “Está a una hora y media, jefe”, le dijo un asesor.
“Mancuso descansaba en esta finca antes de ir a negociar”, dijo Harman, quien caminaba triunfante sobre la hacienda La Macarena, un predio con una extensión de 937 hectáreas, ofrecido por los paramilitares para reparar a sus víctimas, y que será entregado a organizaciones campesinas en medio de la política de redistribución de tierras impulsada por el gobierno Petro.
La Macarena entró a engrosar las 232.384 hectáreas de tierras que, a corte de junio del 2025, la ANT ha entregado a campesinos, según cifras oficiales. La mayoría de ellas de forma provisional, es decir, sin titulación. Se trata de uno de los primeros pasos de los procesos agrarios que el gobierno viene promocionando desde octubre del 2022, y que el presidente Petro ha celebrado como un triunfo histórico.
Es una política que va al corazón de su proyecto político. Primero, como un gesto reparador histórico luego de una contrarreforma agraria a la que el presidente le endilga la violencia en Colombia desde los años setenta, cuando tomó las armas en el M-19. Y luego como elemento central del cambio productivo que necesita el país para superar el feudalismo que, afirma Petro, sigue existiendo como un lastre para el desarrollo económico.
Pero la tierra entregada por el gobierno no ha sido suficiente. Por tercer año consecutivo, La Silla Vacía viajó a dos de esos predios: Támesis, en la zona rural de Montería, y Pontevedra, en Planeta Rica, Córdoba, uno de los cuatro departamentos en donde se han entregado la mitad de las tierras entregadas. En este microcosmos de la reforma agraria, lo que empezó como una ilusión se convirtió, un año después, en frustración por la falta de apoyo del gobierno.
Hoy, el panorama es similar ante la incertidumbre en la titulación individual de los predios, y la lentitud de los proyectos productivos que supuestamente iban a aterrizar para cambiarles la vida a campesinos pobres y desplazados por la violencia.
Confusión e incredulidad en la hacienda Támesis
Luego de una mañana lluviosa en Córdoba, la tierra negra y húmeda se hundía en las trochas de la hacienda Támesis, el predio de 590 hectáreas que perteneció a los hermanos Castaño. En octubre del 2022, el gobierno Petro le entregó provisionalmente la finca, a 20 minutos de Montería, a 60 familias campesinas. “Estamos entregando el control de uno de los principales activos de la Nación que es la tierra. Este es el cambio del modelo económico”, dijo Petro. Fue el símbolo que dio inicio a su ambiciosa política de tierras, que en principio se propuso distribuir tres millones de hectáreas.
En el predio nunca vivieron de forma permanente las 60 familias. Hoy, sólo lo hacen entre 14 y 16, en parcelas de una hectárea que les permiten cosechar para alimentarse. Nadie tiene un título que los acredite como propietarios, una de las promesas por la que han permanecido asentados durante cerca de tres años.
La otra gran promesa es la financiación de grandes negocios agrarios en los predios entregados.
En febrero del 2023, cuando La Silla fue por primera vez, la idea de los campesinos de Támesis era postularse para implementar un proyecto agrícola de 3.500 millones de pesos para cultivar colectivamente la tierra.
Un año después, en 2024, la frustración empezó a caer sobre los habitantes porque los recursos del gobierno no llegaban, pero la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) seguía prometiendo 1.600 millones para el proyecto. Incluso les pidieron a las cuatro organizaciones que asociaban a los campesinos que constituyeran una empresa agrícola para el manejo de los recursos, una petición que cumplieron.
“¿Por qué la yuca vino a destiempo? ¿Por qué? ¿Por qué?”, alegaba Ever Cuitiva entre sus compañeros. “Si hace más de mes y medio arreglamos la tierra para sembrar”, continuó. “¡Eso es para botarlo, eso es para botarlo!, ¡no sirve!, ¡no sirve!”, lo respaldó a gritos Dilcia Rodríguez, una mujer de 58 años, que caminaba con una mano siempre sobre su espalda, disimulando un dolor.
Ever y Dilcia observaban, junto a otros dos campesinos, unos bultos de semillas de yuca que hacen parte de los proyectos productivos que financia la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, en los predios entregados por el gobierno. Su nombre técnico es Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural (Pidar). Están diseñados para que una vez los campesinos tienen tierra, puedan hacerla productiva.
El Pidar que finalmente les aprobaron a los campesinos de Támesis es por un monto de poco más de 900 millones de pesos, según los beneficiarios. El proyecto consiste en sembrar 15 hectáreas, de manera colectiva, ocho de yuca, seis de maíz, y comprar por lo menos 250 cabezas de ganado. Para ejecutarlo, crearon desde el año pasado la empresa comunitaria Ecopopular. Y si bien se ha venido implementando desde el año pasado, lo ha hecho con lentitud y sin coordinación con el trabajo de los campesinos.
Las quejas de Ever y Dilcia eran porque los proveedores del proyecto, avalados por la ADR, se demoraron en traer las semillas para los cultivos, por lo que el arreglo previo de la tierra para sembrarlas se perdió: un trabajo duro y manual, al sol de Córdoba, que consiste entre otras cosas en cortar el monte, fumigar, destruir los bindes de termitas, o limpiar los canales por los que debe fluir el agua para evitar inundaciones.
César Pachón, director de la ADR, no le contestó a La Silla Vacía. Dentro del sector agro reconocen la lentitud con la que se vienen ejecutando los recursos para esos programas, según dos altos funcionarios del gobierno que los conocen directamente.
“No confundamos, compañeros. Las semillas están buenas”, dijo el líder campesino, Hermes Arroyo, representante legal de la empresa comunitaria, quien contradijo a sus compañeros con un tono más moderado frente a las instituciones del gobierno y destacó lo que, por ahora, han recibido de la ADR. “Guadañas, tanques, bombas espalderas, semillas, veneno, fertilizantes, alambres, astillas, un caballo, una silla de caballo”, señaló.
Sin embargo, Hermes también reconoce que el proyecto ha enfrentado muchos obstáculos en su implementación por la demora de los proveedores, el proceso de las convocatorias públicas para contratarlos, que en ocasiones se declaran desiertas por el bajo presupuesto que tiene el proyecto, y por la falta de claridad en la titulación de los predios. “Seguimos a la espera de que la ANT nos dé una claridad sobre los tiempos y la tierra que tienen disponible para titular”, dice el líder campesino.
Según Felipe Harman, de la ANT, Támesis es un predio “sui generis”. Dice que fue entregado sin que hubiera claridad sobre la institución que la administraba, la Sociedad de Activos Especiales o el Fondo de Reparación de Víctimas (FRV), y con un problema de definición en sus linderos porque sus terrenos se traslapan sobre un humedal.
“Nosotros le estamos comprando esa finca al Fondo de Reparación. Pero primero tuvimos que revisar hasta dónde va la finca porque colinda con una ciénaga, que debe declararse como un bien baldío luego de un proceso de deslinde. Hoy, por fin sabemos concretamente la tierra que podemos titular”, dice Harman.
El Fondo de Reparación de Víctimas es una de las instituciones más criticadas por los campesinos de Támesis. Es la que administra la lujosa casa que está en el centro del predio. Cuando las familias beneficiarias llegaron soñaban con que se convirtiera en un centro cultural, una escuela o un centro de salud, o que al menos se arrendara para hacer eventos y el dinero entrara en un fondo colectivo.
Hoy, el paso hacia la casa se encuentra restringido por un gran letrero, en rojo, que dice “Prohibido pasar sin autorización”, custodiado por tres vigilantes pagados por el Fondo. La casa, dicen los campesinos, se está cayendo a pedazos. “Petro dijo que esa casa era para los campesinos. Yo por eso no creo en ningún proyecto. Creo que en el trabajo de mis manos”, dijo Ever, quien sobrevivió en 1988 a la masacre paramilitar de El Tomate, un corregimiento del municipio de San Pedro de Urabá, en Antioquia.
El grupo de campesinos caminaba guiado por la voz fuerte de Ever, un hombre de 55 años, con acento entre antioqueño y cordobés, que alternaba su frustración con recuerdos exactos de las promesas del presidente cuando entregó el predio, en 2022. “Petro dijo que eran 10 hectáreas para cada campesino”, contó de camino a su parcela, una de las más prósperas de los nuevos habitantes de Támesis.
Como los demás, Ever vive en una parcela de una hectárea. “50 de ancho por 200 de fondo”, repiten en coro. En su interior tiene cultivos de plátano, yuca, ñame y maíz, que utiliza sobre todo para alimentar los animales que tiene: cerdos, patos y gallinas. Durante un tiempo, intentó vender la media hectárea de maíz que siembra. “Le sacaba hasta cuatro millones de pesos”, dijo.
Sin embargo, por recomendación de su esposa, dejó de hacerlo porque las ganancias eran pocas al tratarse de un cultivo que se demora más de cuatro meses en cosechar. “Es preferible guardarlo para alimentar a los animales”, dice Ever, quien insiste en que con más tierra los campesinos podrían tener cosechas suficientes para un negocio rentable.
En Támesis nadie vive de vender los cultivos que siembran, pese a que la finca se encuentra a escasos siete kilómetros de Montería, conectada por carretera con el Urabá antioqueño. Los más jóvenes tienen trabajos en Montería, como Hermes, quien reparte encargos en la ciudad con su carro. La mayoría trabaja su tierra y cuida a sus animales para comer. Están lejos del hambre, pero con la incertidumbre de la titulación y el tiempo que corre en contra sobre el envejecimiento de sus cuerpos.
Por eso, las más vulnerables son las mujeres mayores que viven solas.
Dentro de su casa, Dilcia se quejaba porque le ha tocado “trabajar como un hombre” para sembrar en su parcela y construir su casa, donde vive sola. Tiene cuatro hijos adultos que la ayudan a sostenerse, pero que viven en Montería. Dice que es diabética y que por los trabajos físicos está sufriendo de la columna. “Estoy preocupada porque los del proyecto nos están exigiendo aportes en trabajo a todos los campesinos, y yo estoy muy cansada”, dice.
El ímpetu redistributivo de tierra del gobierno no se escapa del problema crónico de envejecimiento en el campo. Se estima que de los 12,7 millones de colombianos entre los 14 y 28 años, menos del 25 % reside en el campo, según el Dane.
Siguiendo a Dilcia, el grupo llegó hasta la casa de Cándida Rosa Sáez, una mujer de 65 años, que vive hace años y media de forma permanente en Támesis. Cuando La Silla la entrevistó por primera vez, Cándida se quejaba por la falta de ayuda adicional del gobierno para sembrar su tierra y la demora en la implementación de los proyectos.
Lo primero que hizo cuando vio al grupo fue decir que “llevaba días sin ver ni a una hormiga”, y reclamarle a Hermes, el líder campesino, que debía preguntarle más por lo que estaba necesitando.
— ¿Y usted con quién vive, doña Cándida?
— Con Dios — responde riendo, para luego hablar con seriedad—. Seguimos esperando que nos den el proyecto. Porque ajá, nos dieron uno sólo.
Cándida, como el resto de sus compañeros, no responsabilizan al presidente Petro por los problemas que han tenido en los últimos tres años. Los culpables van desde la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, la CVS, hasta los funcionarios regionales de la ANT y la ADR. Nunca Petro, quien conserva intacto su prestigio. “Votaremos por él cuantas veces sea necesario”, dice.
En Pontevedra se siguen preparando para un proyecto que no llega
Dos campesinos señalan una extensión de tierra de 400 hectáreas, sobre la sábana cordobesa, donde sueñan con un gran cultivo industrial de arroz. Durante los últimos meses lo han recorrido, pica en mano, destruyendo los montículos que construyen las termitas sobre la tierra. El trabajo empieza desde las seis de la mañana, se puede extender hasta el mediodía, y es indispensable para que puedan pasar los tractores que deben arar y sembrar.
“Es nuestro plan de vida”, dijo Cervelión Cogollo, el líder campesino que ha organizado, durante cerca de tres años, a las 54 familias que viven en Pontevedra, un predio de 1.270 hectáreas ubicado en la zona rural de Planeta Rica, Córdoba.
Cervelión es un hombre alto, de gestos suaves, que habla con la monotonía de alguien cansado de hablar mucho sobre su vida. Es oriundo de Tierralta, un pequeño municipio a hora y media al sur de Montería, en donde se convirtió en un destacado líder de campesinos cocaleros. En 2023, su esquema de seguridad tuvo que sacarlo a escondidas del predio porque tenían información de que miembros del Clan del Golfo lo iban a asesinar. Permaneció seis meses en Planeta, donde esbozó el diseño de un pueblo para las familias que viven en Pontevedra.
La primera vez que La Silla fue al predio, Cervelión le mostró ese diseño en papel. Hoy lo tiene digitalizado, y su construcción ha ido avanzando con el esfuerzo de todos. Sin embargo, siguen sin poder construir casas con materiales permanentes por la incertidumbre en la titulación de la tierra. Y algunas de ellas, hechas de palma, plástico y zinc, han sido abandonadas de a poco por los campesinos que se cansaron de esperar.
Pontevedra, como Támesis, era propiedad de un exjefe paramilitar. Estaba administrado por la SAE porque estaba en un proceso de extinción de dominio y fue entregado, de manera provisional, a 100 familias el 16 de diciembre del 2022. En el predio nunca vivieron esas 100 familias de forma permanente. Hoy, la mitad de los que están van y vuelven porque deben trabajar para ganarse la vida. Ninguno tiene un título de propiedad y nadie vive de comercializar los productos que siembran en la finca.
El sueño de las 400 hectáreas de arroz industrial depende, como en Támesis, de un proyecto Pidar, suministrado por la ADR. Los campesinos de Pontevedra aplicaron hace año y medio a uno por 4.492 millones de pesos. “La tierra está limpia esperando el proyecto”, dijo Darío Hernández, de 68 años, un hombre antioqueño que salió desplazado en 1999 de Zaragoza, Antioquia, siendo señalado como colaborador de la guerrilla. “Soy antioqueño, pero me nacionalicé cordobés”, dijo.
Darío es uno de los hombres que arreglan a diario los potreros de las 400 hectáreas en donde los campesinos de Pontevedra proyectan su negocio. Conoció a Cervelión y al resto de las familias que viven en el predio en Tierralta, a donde llegó a principios de los 2.000 luego de intentar hacer una vida en Montería trabajando como celador. Es, como la mayoría de los beneficiarios de la finca, firmante del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
Liderados por Cervelión, los campesinos de Pontevedra organizaron un recorrido para mostrar los sucesivos incumplimientos del gobierno y para demostrar que están listos para emprender el gran proyecto agrario que les prometieron y no llega.
Ese recorrido empezó en la casa, donde el gobierno les hizo entrega oficial del predio, el 16 de diciembre del 2022. En su momento, el acto lo lideró el actual ministro de Educación, Daniel Rojas, quien para ese momento era el director de la SAE. La casa queda ubicada justo al frente del terreno en el que proyectan el gran cultivo de arroz.
Desde entonces, la principal promesa era la titulación individual de los predios, un proceso que se ha enredado por la lentitud de la ANT en adquirir la totalidad del predio.
Según Gustavo González, el director en Córdoba de la agencia de tierras, la entidad tiene en su poder el 60% del predio y espera, a final de año, cerrar el 40% restante para iniciar el proceso de titulación. Harman, el director nacional, es más optimista y dice que es cuestión de semanas para resolver los problemas jurídicos de la transferencia de la SAE y empezar a titular.
Pero el escepticismo se ha apoderado de los campesinos de Pontevedra. “Cuando nos hablan de titulación, los funcionarios regionales nos hablan de unos tiempos, y los nacionales de otros. Para mí, lo correcto es que la agencia reconozca que no existe un tiempo estipulado para la titulación, pero que el proyecto agrario puede empezar a andar”, dice Cervelión. “Pero no vemos una coordinación entre la ANT y la ADR. Eso genera discordia y zozobra”.
El siguiente punto del camino estaba detrás del pueblo, donde están los cultivos que los campesinos hacen de manera colectiva. Maíz y arroz, principalmente. Es un trabajo que se reparten entre hombres y mujeres durante los dos principales tiempos de siembra a lo largo del año. Pero como ocurre con todo lo que siembran en Pontevedra, los productos los consumen los propios campesinos, o los utilizan para alimentar a sus animales, porque no es rentable salir a venderlos.
Eliécer Gutiérrez, de 47 años, es uno de los hombres encargados de sembrar el arroz en el cultivo colectivo. Como sus compañeros, llegó hace cerca de tres años a Pontevedra, pero se radicó definitivamente hace año y medio en el predio mientras terminaba de recoger sus cultivos en Tierralta, donde también sembraba arroz, “pero en tierra ajena, acá nadie me está cobrando nada, y me estoy ahorrando el arriendo”, dijo.
Eliécer dice que con lo que cosecha por su cuenta no le alcanza para sostener a su familia de cuatro hijos. Las cuentas que hace, basado en anteriores ventas, es que individualmente puede sacar a la venta entre 5 o 6 quintales de arroz, unos 300 kilos que le compran entre 400 y 500 mil pesos las comercializadoras cercanas. Pero para sacar esa cantidad de arroz se demora entre cuatro y cuatro meses y medio. “De eso no se puede vivir. Necesito por lo menos 5 o 6 hectáreas para poder sacarle algo al arroz”.
Y a esa baja productividad se le suma el difícil acceso que tiene el predio de Pontevedra, conectado a la carretera principal por una trocha en mal estado a 35 minutos en moto, o camioneta cuatro por cuatro. En la segunda visita de La Silla al predio, los campesinos aseguraban que el gobierno les prometió pavimentar la trocha, seis kilómetros de vías vitales para sacar los productos para vender, y transportar a los niños al colegio.
La última parada del recorrido es en el centro del pueblo que han construido sobre Pontevedra, donde Cervelión, junto a sus compañeros, sobre todo mujeres, tienen la documentación que los acredita como beneficiarios, un censo sobre las personas que viven en el predio y el mapa que diseñaron para organizarse, ahora digital.
En este lugar, hace un año, la ANT con el Ministerio de Agricultura volvió a hacer un gran evento para oficializar la entrega del predio a las familias, ratificando el compromiso para titular que desde el 2022 el gobierno está prometiendo. “Seguimos muy esperanzados con la titulación. No nos movemos de Pontevedra porque no tenemos un metro de tierra en ninguna otra parte”, dice Cervelión.
“¿Qué se siente orinar en una finca de Mancuso?”, preguntaba un funcionario del gobierno en medio de un desalojo policial en un predio en Valencia, Córdoba. Mientras tanto, Felipe Harman, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien lideró la operación, le preguntaba a sus asesores la distancia que existe entre la hacienda y Santa Fe de Ralito, el histórico corregimiento donde el gobierno Uribe y los paramilitares negociaron su desmovilización. “Está a una hora y media, jefe”, le dijo un asesor.
“Mancuso descansaba en esta finca antes de ir a negociar”, dijo Harman, quien caminaba triunfante sobre la hacienda La Macarena, un predio con una extensión de 937 hectáreas, ofrecido por los paramilitares para reparar a sus víctimas, y que será entregado a organizaciones campesinas en medio de la política de redistribución de tierras impulsada por el gobierno Petro.
La Macarena entró a engrosar las 232.384 hectáreas de tierras que, a corte de junio del 2025, la ANT ha entregado a campesinos, según cifras oficiales. La mayoría de ellas de forma provisional, es decir, sin titulación. Se trata de uno de los primeros pasos de los procesos agrarios que el gobierno viene promocionando desde octubre del 2022, y que el presidente Petro ha celebrado como un triunfo histórico.
Es una política que va al corazón de su proyecto político. Primero, como un gesto reparador histórico luego de una contrarreforma agraria a la que el presidente le endilga la violencia en Colombia desde los años setenta, cuando tomó las armas en el M-19. Y luego como elemento central del cambio productivo que necesita el país para superar el feudalismo que, afirma Petro, sigue existiendo como un lastre para el desarrollo económico.
Pero la tierra entregada por el gobierno no ha sido suficiente. Por tercer año consecutivo, La Silla Vacía viajó a dos de esos predios: Támesis, en la zona rural de Montería, y Pontevedra, en Planeta Rica, Córdoba, uno de los cuatro departamentos en donde se han entregado la mitad de las tierras entregadas. En este microcosmos de la reforma agraria, lo que empezó como una ilusión se convirtió, un año después, en frustración por la falta de apoyo del gobierno.
Hoy, el panorama es similar ante la incertidumbre en la titulación individual de los predios, y la lentitud de los proyectos productivos que supuestamente iban a aterrizar para cambiarles la vida a campesinos pobres y desplazados por la violencia.
Confusión e incredulidad en la hacienda Támesis
Luego de una mañana lluviosa en Córdoba, la tierra negra y húmeda se hundía en las trochas de la hacienda Támesis, el predio de 590 hectáreas que perteneció a los hermanos Castaño. En octubre del 2022, el gobierno Petro le entregó provisionalmente la finca, a 20 minutos de Montería, a 60 familias campesinas. “Estamos entregando el control de uno de los principales activos de la Nación que es la tierra. Este es el cambio del modelo económico”, dijo Petro. Fue el símbolo que dio inicio a su ambiciosa política de tierras, que en principio se propuso distribuir tres millones de hectáreas.
En el predio nunca vivieron de forma permanente las 60 familias. Hoy, sólo lo hacen entre 14 y 16, en parcelas de una hectárea que les permiten cosechar para alimentarse. Nadie tiene un título que los acredite como propietarios, una de las promesas por la que han permanecido asentados durante cerca de tres años.
La otra gran promesa es la financiación de grandes negocios agrarios en los predios entregados.
En febrero del 2023, cuando La Silla fue por primera vez, la idea de los campesinos de Támesis era postularse para implementar un proyecto agrícola de 3.500 millones de pesos para cultivar colectivamente la tierra.
Un año después, en 2024, la frustración empezó a caer sobre los habitantes porque los recursos del gobierno no llegaban, pero la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) seguía prometiendo 1.600 millones para el proyecto. Incluso les pidieron a las cuatro organizaciones que asociaban a los campesinos que constituyeran una empresa agrícola para el manejo de los recursos, una petición que cumplieron.
“¿Por qué la yuca vino a destiempo? ¿Por qué? ¿Por qué?”, alegaba Ever Cuitiva entre sus compañeros. “Si hace más de mes y medio arreglamos la tierra para sembrar”, continuó. “¡Eso es para botarlo, eso es para botarlo!, ¡no sirve!, ¡no sirve!”, lo respaldó a gritos Dilcia Rodríguez, una mujer de 58 años, que caminaba con una mano siempre sobre su espalda, disimulando un dolor.
Ever y Dilcia observaban, junto a otros dos campesinos, unos bultos de semillas de yuca que hacen parte de los proyectos productivos que financia la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, en los predios entregados por el gobierno. Su nombre técnico es Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural (Pidar). Están diseñados para que una vez los campesinos tienen tierra, puedan hacerla productiva.
El Pidar que finalmente les aprobaron a los campesinos de Támesis es por un monto de poco más de 900 millones de pesos, según los beneficiarios. El proyecto consiste en sembrar 15 hectáreas, de manera colectiva, ocho de yuca, seis de maíz, y comprar por lo menos 250 cabezas de ganado. Para ejecutarlo, crearon desde el año pasado la empresa comunitaria Ecopopular. Y si bien se ha venido implementando desde el año pasado, lo ha hecho con lentitud y sin coordinación con el trabajo de los campesinos.
Las quejas de Ever y Dilcia eran porque los proveedores del proyecto, avalados por la ADR, se demoraron en traer las semillas para los cultivos, por lo que el arreglo previo de la tierra para sembrarlas se perdió: un trabajo duro y manual, al sol de Córdoba, que consiste entre otras cosas en cortar el monte, fumigar, destruir los bindes de termitas, o limpiar los canales por los que debe fluir el agua para evitar inundaciones.
César Pachón, director de la ADR, no le contestó a La Silla Vacía. Dentro del sector agro reconocen la lentitud con la que se vienen ejecutando los recursos para esos programas, según dos altos funcionarios del gobierno que los conocen directamente.
“No confundamos, compañeros. Las semillas están buenas”, dijo el líder campesino, Hermes Arroyo, representante legal de la empresa comunitaria, quien contradijo a sus compañeros con un tono más moderado frente a las instituciones del gobierno y destacó lo que, por ahora, han recibido de la ADR. “Guadañas, tanques, bombas espalderas, semillas, veneno, fertilizantes, alambres, astillas, un caballo, una silla de caballo”, señaló.
Sin embargo, Hermes también reconoce que el proyecto ha enfrentado muchos obstáculos en su implementación por la demora de los proveedores, el proceso de las convocatorias públicas para contratarlos, que en ocasiones se declaran desiertas por el bajo presupuesto que tiene el proyecto, y por la falta de claridad en la titulación de los predios. “Seguimos a la espera de que la ANT nos dé una claridad sobre los tiempos y la tierra que tienen disponible para titular”, dice el líder campesino.
Según Felipe Harman, de la ANT, Támesis es un predio “sui generis”. Dice que fue entregado sin que hubiera claridad sobre la institución que la administraba, la Sociedad de Activos Especiales o el Fondo de Reparación de Víctimas (FRV), y con un problema de definición en sus linderos porque sus terrenos se traslapan sobre un humedal.
“Nosotros le estamos comprando esa finca al Fondo de Reparación. Pero primero tuvimos que revisar hasta dónde va la finca porque colinda con una ciénaga, que debe declararse como un bien baldío luego de un proceso de deslinde. Hoy, por fin sabemos concretamente la tierra que podemos titular”, dice Harman.
El Fondo de Reparación de Víctimas es una de las instituciones más criticadas por los campesinos de Támesis. Es la que administra la lujosa casa que está en el centro del predio. Cuando las familias beneficiarias llegaron soñaban con que se convirtiera en un centro cultural, una escuela o un centro de salud, o que al menos se arrendara para hacer eventos y el dinero entrara en un fondo colectivo.
Hoy, el paso hacia la casa se encuentra restringido por un gran letrero, en rojo, que dice “Prohibido pasar sin autorización”, custodiado por tres vigilantes pagados por el Fondo. La casa, dicen los campesinos, se está cayendo a pedazos. “Petro dijo que esa casa era para los campesinos. Yo por eso no creo en ningún proyecto. Creo que en el trabajo de mis manos”, dijo Ever, quien sobrevivió en 1988 a la masacre paramilitar de El Tomate, un corregimiento del municipio de San Pedro de Urabá, en Antioquia.
El grupo de campesinos caminaba guiado por la voz fuerte de Ever, un hombre de 55 años, con acento entre antioqueño y cordobés, que alternaba su frustración con recuerdos exactos de las promesas del presidente cuando entregó el predio, en 2022. “Petro dijo que eran 10 hectáreas para cada campesino”, contó de camino a su parcela, una de las más prósperas de los nuevos habitantes de Támesis.
Como los demás, Ever vive en una parcela de una hectárea. “50 de ancho por 200 de fondo”, repiten en coro. En su interior tiene cultivos de plátano, yuca, ñame y maíz, que utiliza sobre todo para alimentar los animales que tiene: cerdos, patos y gallinas. Durante un tiempo, intentó vender la media hectárea de maíz que siembra. “Le sacaba hasta cuatro millones de pesos”, dijo.
Sin embargo, por recomendación de su esposa, dejó de hacerlo porque las ganancias eran pocas al tratarse de un cultivo que se demora más de cuatro meses en cosechar. “Es preferible guardarlo para alimentar a los animales”, dice Ever, quien insiste en que con más tierra los campesinos podrían tener cosechas suficientes para un negocio rentable.
En Támesis nadie vive de vender los cultivos que siembran, pese a que la finca se encuentra a escasos siete kilómetros de Montería, conectada por carretera con el Urabá antioqueño. Los más jóvenes tienen trabajos en Montería, como Hermes, quien reparte encargos en la ciudad con su carro. La mayoría trabaja su tierra y cuida a sus animales para comer. Están lejos del hambre, pero con la incertidumbre de la titulación y el tiempo que corre en contra sobre el envejecimiento de sus cuerpos.
Por eso, las más vulnerables son las mujeres mayores que viven solas.
Dentro de su casa, Dilcia se quejaba porque le ha tocado “trabajar como un hombre” para sembrar en su parcela y construir su casa, donde vive sola. Tiene cuatro hijos adultos que la ayudan a sostenerse, pero que viven en Montería. Dice que es diabética y que por los trabajos físicos está sufriendo de la columna. “Estoy preocupada porque los del proyecto nos están exigiendo aportes en trabajo a todos los campesinos, y yo estoy muy cansada”, dice.
El ímpetu redistributivo de tierra del gobierno no se escapa del problema crónico de envejecimiento en el campo. Se estima que de los 12,7 millones de colombianos entre los 14 y 28 años, menos del 25 % reside en el campo, según el Dane.
Siguiendo a Dilcia, el grupo llegó hasta la casa de Cándida Rosa Sáez, una mujer de 65 años, que vive hace años y media de forma permanente en Támesis. Cuando La Silla la entrevistó por primera vez, Cándida se quejaba por la falta de ayuda adicional del gobierno para sembrar su tierra y la demora en la implementación de los proyectos.
Lo primero que hizo cuando vio al grupo fue decir que “llevaba días sin ver ni a una hormiga”, y reclamarle a Hermes, el líder campesino, que debía preguntarle más por lo que estaba necesitando.
— ¿Y usted con quién vive, doña Cándida?
— Con Dios — responde riendo, para luego hablar con seriedad—. Seguimos esperando que nos den el proyecto. Porque ajá, nos dieron uno sólo.
Cándida, como el resto de sus compañeros, no responsabilizan al presidente Petro por los problemas que han tenido en los últimos tres años. Los culpables van desde la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, la CVS, hasta los funcionarios regionales de la ANT y la ADR. Nunca Petro, quien conserva intacto su prestigio. “Votaremos por él cuantas veces sea necesario”, dice.
En Pontevedra se siguen preparando para un proyecto que no llega
Dos campesinos señalan una extensión de tierra de 400 hectáreas, sobre la sábana cordobesa, donde sueñan con un gran cultivo industrial de arroz. Durante los últimos meses lo han recorrido, pica en mano, destruyendo los montículos que construyen las termitas sobre la tierra. El trabajo empieza desde las seis de la mañana, se puede extender hasta el mediodía, y es indispensable para que puedan pasar los tractores que deben arar y sembrar.
“Es nuestro plan de vida”, dijo Cervelión Cogollo, el líder campesino que ha organizado, durante cerca de tres años, a las 54 familias que viven en Pontevedra, un predio de 1.270 hectáreas ubicado en la zona rural de Planeta Rica, Córdoba.
Cervelión es un hombre alto, de gestos suaves, que habla con la monotonía de alguien cansado de hablar mucho sobre su vida. Es oriundo de Tierralta, un pequeño municipio a hora y media al sur de Montería, en donde se convirtió en un destacado líder de campesinos cocaleros. En 2023, su esquema de seguridad tuvo que sacarlo a escondidas del predio porque tenían información de que miembros del Clan del Golfo lo iban a asesinar. Permaneció seis meses en Planeta, donde esbozó el diseño de un pueblo para las familias que viven en Pontevedra.
La primera vez que La Silla fue al predio, Cervelión le mostró ese diseño en papel. Hoy lo tiene digitalizado, y su construcción ha ido avanzando con el esfuerzo de todos. Sin embargo, siguen sin poder construir casas con materiales permanentes por la incertidumbre en la titulación de la tierra. Y algunas de ellas, hechas de palma, plástico y zinc, han sido abandonadas de a poco por los campesinos que se cansaron de esperar.
Pontevedra, como Támesis, era propiedad de un exjefe paramilitar. Estaba administrado por la SAE porque estaba en un proceso de extinción de dominio y fue entregado, de manera provisional, a 100 familias el 16 de diciembre del 2022. En el predio nunca vivieron esas 100 familias de forma permanente. Hoy, la mitad de los que están van y vuelven porque deben trabajar para ganarse la vida. Ninguno tiene un título de propiedad y nadie vive de comercializar los productos que siembran en la finca.
El sueño de las 400 hectáreas de arroz industrial depende, como en Támesis, de un proyecto Pidar, suministrado por la ADR. Los campesinos de Pontevedra aplicaron hace año y medio a uno por 4.492 millones de pesos. “La tierra está limpia esperando el proyecto”, dijo Darío Hernández, de 68 años, un hombre antioqueño que salió desplazado en 1999 de Zaragoza, Antioquia, siendo señalado como colaborador de la guerrilla. “Soy antioqueño, pero me nacionalicé cordobés”, dijo.
Darío es uno de los hombres que arreglan a diario los potreros de las 400 hectáreas en donde los campesinos de Pontevedra proyectan su negocio. Conoció a Cervelión y al resto de las familias que viven en el predio en Tierralta, a donde llegó a principios de los 2.000 luego de intentar hacer una vida en Montería trabajando como celador. Es, como la mayoría de los beneficiarios de la finca, firmante del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
Liderados por Cervelión, los campesinos de Pontevedra organizaron un recorrido para mostrar los sucesivos incumplimientos del gobierno y para demostrar que están listos para emprender el gran proyecto agrario que les prometieron y no llega.
Ese recorrido empezó en la casa, donde el gobierno les hizo entrega oficial del predio, el 16 de diciembre del 2022. En su momento, el acto lo lideró el actual ministro de Educación, Daniel Rojas, quien para ese momento era el director de la SAE. La casa queda ubicada justo al frente del terreno en el que proyectan el gran cultivo de arroz.
Desde entonces, la principal promesa era la titulación individual de los predios, un proceso que se ha enredado por la lentitud de la ANT en adquirir la totalidad del predio.
Según Gustavo González, el director en Córdoba de la agencia de tierras, la entidad tiene en su poder el 60% del predio y espera, a final de año, cerrar el 40% restante para iniciar el proceso de titulación. Harman, el director nacional, es más optimista y dice que es cuestión de semanas para resolver los problemas jurídicos de la transferencia de la SAE y empezar a titular.
Pero el escepticismo se ha apoderado de los campesinos de Pontevedra. “Cuando nos hablan de titulación, los funcionarios regionales nos hablan de unos tiempos, y los nacionales de otros. Para mí, lo correcto es que la agencia reconozca que no existe un tiempo estipulado para la titulación, pero que el proyecto agrario puede empezar a andar”, dice Cervelión. “Pero no vemos una coordinación entre la ANT y la ADR. Eso genera discordia y zozobra”.
El siguiente punto del camino estaba detrás del pueblo, donde están los cultivos que los campesinos hacen de manera colectiva. Maíz y arroz, principalmente. Es un trabajo que se reparten entre hombres y mujeres durante los dos principales tiempos de siembra a lo largo del año. Pero como ocurre con todo lo que siembran en Pontevedra, los productos los consumen los propios campesinos, o los utilizan para alimentar a sus animales, porque no es rentable salir a venderlos.
Eliécer Gutiérrez, de 47 años, es uno de los hombres encargados de sembrar el arroz en el cultivo colectivo. Como sus compañeros, llegó hace cerca de tres años a Pontevedra, pero se radicó definitivamente hace año y medio en el predio mientras terminaba de recoger sus cultivos en Tierralta, donde también sembraba arroz, “pero en tierra ajena, acá nadie me está cobrando nada, y me estoy ahorrando el arriendo”, dijo.
Eliécer dice que con lo que cosecha por su cuenta no le alcanza para sostener a su familia de cuatro hijos. Las cuentas que hace, basado en anteriores ventas, es que individualmente puede sacar a la venta entre 5 o 6 quintales de arroz, unos 300 kilos que le compran entre 400 y 500 mil pesos las comercializadoras cercanas. Pero para sacar esa cantidad de arroz se demora entre cuatro y cuatro meses y medio. “De eso no se puede vivir. Necesito por lo menos 5 o 6 hectáreas para poder sacarle algo al arroz”.
Y a esa baja productividad se le suma el difícil acceso que tiene el predio de Pontevedra, conectado a la carretera principal por una trocha en mal estado a 35 minutos en moto, o camioneta cuatro por cuatro. En la segunda visita de La Silla al predio, los campesinos aseguraban que el gobierno les prometió pavimentar la trocha, seis kilómetros de vías vitales para sacar los productos para vender, y transportar a los niños al colegio.
La última parada del recorrido es en el centro del pueblo que han construido sobre Pontevedra, donde Cervelión, junto a sus compañeros, sobre todo mujeres, tienen la documentación que los acredita como beneficiarios, un censo sobre las personas que viven en el predio y el mapa que diseñaron para organizarse, ahora digital.
En este lugar, hace un año, la ANT con el Ministerio de Agricultura volvió a hacer un gran evento para oficializar la entrega del predio a las familias, ratificando el compromiso para titular que desde el 2022 el gobierno está prometiendo. “Seguimos muy esperanzados con la titulación. No nos movemos de Pontevedra porque no tenemos un metro de tierra en ninguna otra parte”, dice Cervelión.