Trump asesta un golpe histórico a la organización abortista

La industria del aborto comienza a retroceder en Estados Unidos. Más de 25 centros de Planned Parenthood han anunciado su cierre en distintos estados del país tras la entrada en vigor de una disposición firmada por el presidente Donald Trump, que limita severamente el acceso de esta red abortista a fondos públicos de Medicaid y Medicare.

La medida forma parte de la ley «One Big Beautiful Bill Act», firmada el pasado 4 de julio, que suspende durante un año todos los reembolsos federales a clínicas vinculadas directa o indirectamente con la práctica del aborto. Aunque enfrenta impugnaciones en tribunales federales, ya se aplica provisionalmente en la mayoría de los estados.


El impacto ha sido inmediato. Solo hasta el 25 de julio, al menos 25 centros han cerrado en 10 estados. La noticia más reciente proviene de California, donde la filial Planned Parenthood Mar Monte anunció el cierre de cinco instalaciones.

En sus redes sociales, la organización abortista lamentó las clausuras, calificando la medida como «una prohibición encubierta del aborto». Sin embargo, el mensaje revela algo más profundo: por primera vez en años, Planned Parenthood admite que depende estructuralmente del dinero público para sostener su red.


Los cierres no se limitan a la costa oeste. También han bajado la persiana cuatro clínicas en Iowa, Michigan y Minnesota, dos en Ohio y Utah, y una en Vermont, Nueva York, Indiana y Texas. Y esto es solo el principio. La propia organización advirtió que podrían verse obligados a cerrar hasta 200 centros en todo el país, lo que supondría la desaparición del 60% de sus instalaciones.


Para el movimiento provida, se trata de una victoria histórica. Kristan Hawkins, presidenta de Students for Life of America, celebró la noticia como «una victoria para los bebés en California», recordando que el estado es uno de los principales destinos del aborto tardío en EEUU


Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America, también se pronunció: «Planned Parenthood ha rechazado repetidamente ofertas para mantener su financiamiento a cambio de abandonar el aborto. Pero no lo han hecho, porque su prioridad no es la salud, es la ideología».


Aunque Planned Parenthood insiste en presentarse como proveedor de «salud reproductiva», lo cierto es que el 40 % de sus ingresos —más de 800 millones de dólares— proviene de fondos públicos. Y aunque la ley federal prohíbe financiar directamente abortos, estos reembolsos por «otros servicios» permiten sostener la infraestructura abortista.