El Consejo Nacional Electoral (CNE) dice que está finalizando su investigación sobre las irregularidades cometidas por la campaña “Petro presidente” en 2022.
Si el CNE constata que hubo dineros que entraron a esa campaña y no fueron repertoriados en la documentación entregada a las autoridades competentes el actual inquilino de la Casa de Nariño tendrá que ser sancionado con la pérdida del cargo, como lo exige el artículo 109 de la Constitución Nacional.
La noticia que ahora causa revuelo está relacionada con la decisión gubernamental de poner a Mauricio Rodríguez Amaya, un “abogado progresista”, como él mismo se define, y militante petrista de la primera hora, al frente del poderoso Departamento de Prosperidad Social (DPS). Creado en noviembre de 2011 por el gobierno de JM Santos y dotado de un presupuesto de más de 10 billones de pesos para inversión social, el actual DPS distribuye subsidios a través de agencias como Familias en Acción, Ingreso Solidario, Renta Ciudadana y Jóvenes en Acción.
El problema es que Mauricio Rodríguez es una ficha no solo de Gustavo Petro sino del controvertido Xavier Vendrell, un líder del separatismo español y asesor catalán del presidente colombiano, con notable influencia sobre éste.
Xavier Vendrell es el inventor de los tristemente célebres “testigos electorales”, las patotas móviles pagadas, 70.000 en total, que durante las dos vueltas electorales de 2022 impusieran rasgos no muy santos al escrutinio. Esa fuerza logró que miles de votos fueran retirados a otros partidos y sumados a los del partido de Petro para que éste obtuviera finalmente la cifra más alta de la segunda vuelta.
Los dineros utilizados para movilizar a tales “testigos” no fueron referenciados en las cuentas de la campaña “Petro presidente”.
Vendrell está involucrado en lucrativas aventuras. Recibió 50 millones de pesos del contrabandista, alias Papá Pitufo (Diego Marín Buitrago) para la campaña de Petro en 2021-2022, aunque Vendrell asegura que Petro le ordenó devolver ese dinero. Eso hace parte de la investigación que realiza el Consejo Nacional Electoral desde hace tres años.
Más dinero para los trolls petristas y para maniobrar los escrutinios
Si el gobierno llega a estabilizar el nombramiento de Mauricio Rodríguez Amaya, y si el CNE opta por tapar la podrida olla electoral de 2022, el DPS podrá repartir masas ingentes de dinero público bajo la forma de subsidios y apoyo a programas de gente que electoralmente es interesante para el petrismo en 2026 y podrá financiar miles de trolls para destruir candidatos y desinformar al electorado. Estamos pues ante un sofisticado plan hacia una forma superior de fraude electoral, clientelismo y masiva corruptela en el país, todo bajo la batuta eventual del escurridizo Xavier Vendrell.
Así comienzan los pasos grandes del petrismo para el fraude electoral de 2026.
Hasta hace algunas semanas, Mauricio Rodríguez era miembro del grupo de Gustavo Bolívar, un jefe del partido petrista acusado de ser financiador en 2021 del grupo paramilitar Primera Línea (1). Ahora Gustavo Bolívar, jefe del DPS desde marzo pasado, saldrá de ese departamento para convertirse en precandidato presidencial.
El matutino de Medellín, El Colombiano, anotó al respecto: “La ley es clara en que ocultar información en los reportes y superar el límite de financiación constituye un delito. En este caso, la principal responsabilidad es del polémico presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, que fue gerente de esa campaña; pero Vendrell y Rodríguez jugaron un papel clave al frente del grupo ‘Activistas del Cambio’, que organizó la logística en el ‘Día D’, sin que la plata que se movió para los testigos electorales haya pasado por los registros.”
Xavier Vendrell es investigado en España por delitos de corrupción y complicidad en actividades terroristas del grupo Terra Lliure —dos atentados con explosivos, uno en 1989 en Hospitalet de Llobregat y otro en 1990 en Olesa de Montserrat—. El activista llamó de nuevo la atención de la policía en 2017 por organizar parael grupo Esquerra Republicana protestas violentas en Cataluña en defensa de los cabecillas del referéndum ilegal separatista. La revista digital Infobae recuerda que Vendrell pudo haber recibido dinero de Rusia en 2019 para que financiara un aparato de agitación conocido como Tsunami Democratic, que busca fracturar a España, dentro de las iniciativas de Vladimir Putin para desestabilizar a la Unión Europea (3).
En España, la Fiscalía Anticorrupción rechazó amnistiar a Vendrell en el caso de tráfico de influencias relacionado con la operación urbanística conocida como Villa Bugatti. En cambio, en Colombia, Vendrell, con oficinas en Medellín y Bogotá, no ha dejado de lucrarse gracias a sus contactos con el alto gobierno. Como premio a sus intrépidas aventuras, el presidente Petro, saltándose los requisitos de ley, le concedió la nacionalidad colombiana a Xavier Vendrell, en agosto de 2022, y presentó los negocios de éste como “inversiones extranjeras”.
El diario español ABC y la Guardia Civil española afirman que Vendrell obtuvo, mediante la firma Themac, “contratos en Colombia relacionados con la gestión de residuos en al menos 12 ciudades, los cuales sumarían más de 516 millones de euros, equivalentes a unos dos billones de pesos colombianos”. Más recientemente, el DPS firmó contratos con Vendrell que nada tienen que ver con la ayuda social, según la prensa.
El nombramiento de Mauricio Rodríguez Amaya como jefe del DPS preocupa a los partidos de oposición. Para vencer electoralmente al petrismo en 2026 esas formaciones exigen que el escrutinio sea limpio, sin presiones y agitaciones en las urnas, sin manipulaciones en los resultados y un ambiente electoral sano. Pero ese ambiente saltó por los aires. El atentado que sufrió un destacado candidato presidencial de oposición, Miguel Uribe Turbay, el 7 de junio pasado en Bogotá, y la investigación que cojea, borró las últimas ilusiones.
¿Quién puede castigar este crimen y restaurar la confianza? ¿Existe todavía un Estado de derecho en Colombia? ¿Y un poder público que distinga el bien del mal, y una justicia que dirima los conflictos entre el delito y la honestidad? Al final de tres años de brutal régimen petrista que llevó al pináculo la belicosa corrupción, la violencia abierta y solapada, y el desarme de la fuerza pública, el horror de la ciudadanía no conoce límites. ¿Qué hacer ante la instauración de una “vertical del poder” que busca abolir la Constitución de 1991?
Un régimen que asemeja al vicio corriendo detrás del crimen se hundirá si los patriotas se levantan contra tal estado de cosas.
(1).- La organización subversiva colombiana “Primera Línea” es la prolongación de una “Primera Línea” formada por la dictadura venezolana de Nicolás Maduro quien organizó a lo largo de la frontera con Colombia su “Primera Línea de defensa de Venezuela”, como parte de una guerra hibrida, explicó el ex ministro de Defensa de Colombia Diego Molano Aponte en su libro Bajo Amenaza, la cara oculta del “estallido social” que golpeó a Colombia (Editorial Planeta Colombia, Bogotá, 2023, página 129.
26/06/2025 | Por Eduardo Mackenzie
