¿Un presidente ausente o un dictador ?

En la caótica situación política y fiscal en que hoy se encuentra Colombia es provechoso registrar la adicción de Gustavo Petro a viajar al exterior, alejarse del país, huir de sus responsabilidades como presidente, porque no obstante los altos costos que se deben sufragar del dinero de los contribuyentes, sin mayores resultados para el bienestar de los colombianos, es lo cierto que también, al menos temporalmente, se alejan las tormentas, las amenazas, los cuestionamientos y acusaciones, deja de victimizarse y particularmente hay un compás de espera respecto de sus desvaríos institucionales.

La afectación al medio ambiente por el tráfico aéreo, entre otras, ya no tiene relevancia, por eso luego de sus visitas a China y al Vaticano, recientemente Gustavo Petro asistió a la posesión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a pesar de no haberlo reconocido como mandatario legítimamente elegido. La primera dama del Ecuador le negó el saludo a Petro. Después, Petro hizo un viaje no autorizado a la ciudad de Manta. Las gestiones que tuvieron lugar allí permanecen envueltas en oscuridad y misterio.

En cambio, el día 30 de mayo tuvo lugar en Montería la 10ª Cumbre de Jefes de Estado de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la que representa la reunión más importante de la organización y se celebra periódicamente al nivel más alto, a la cual Petro, anfitrión, no asistió pese a que además tenía el compromiso de entregar la presidencia pro tempore de la AEC, Asociación de Estados del Caribe, a su homólogo panameño, José Raúl Mulino. La excusa que presentó la canciller fue por razones “de fuerza mayor”.

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Ante la “ausencia” del presidente, todos empezaron a preguntarse ¿dónde estaba Petro? y ¿en qué estado?. Sesenta horas después de ese inaceptable desplante apareció un extenso comunicado, en un lenguaje impropio de un jefe de Estado, en el que Petro intentaba justificarse por motivos de seguridad. Desde entonces está impulsando su nueva obsesión: la realización de una consulta popular que siguiendo el procedimiento constitucional, ya fue negada por el Senado.

Lejos de acatar esta decisión está tratando de revivir la consulta popular y amenaza con firmar un decreto al respecto.  Acto administrativo que al contravenir el artículo 104 de la Constitución, significaría incurrir en un presunto delito de prevaricato.

A la par, se ha conocido que el Consejo de Estado –Sección Quinta– admitió la demanda de nulidad presentada por Raymundo Marenco Boekhoudt, contra el acto mediante el cual el Senado negó la consulta popular, al encontrar que podrían existir irregularidades en el procedimiento de votación del 14 de mayo de 2025. Según el auto, hubo posibles vicios que van desde la alteración de votos (como el del senador Édgar Díaz Contreras), hasta la omisión del voto de congresistas presentes, como Richard Fuelantala, lo cual podría violar los artículos 123, 126, 127 y 133 del Reglamento del Congreso (Ley 5ª de 1992).

A este proceso ya se agregó una solicitud de medidas cautelares de urgencia de suspensión de una actuación administrativa y de impartir órdenes con obligaciones de no hacer, relacionadas con la pretensión de nulidad de la decisión del Senado del 14 de mayo, esto es, el concepto desfavorable para convocar una consulta popular.

Aunque aún no se ha fallado de fondo, la admisión de la demanda no justifica, ni mucho menos legitima, el empecinamiento del presidente. Por el contrario, confirma que el camino adecuado es el jurídico, no el capricho presidencial. No cabe duda de que se ha embarcado en una peligrosa estrategia que no solo desafía el sistema de pesos y contrapesos, sino que profundiza la erosión de la legitimidad institucional y pone en grave riesgo de enfrentamiento a los ciudadanos.

Finalizando el día de ayer se conoció la decisión de una tutela por parte de la juez 6 civil del circuito Hilda María Saffon Botero que dispuso que se resolviera un recurso presentado por la senadora María José Pizarro el día 14 de mayo cuando se hundió la consulta popular y no un reconteo como equivocadamente informó Gustavo Petro. Al parecer los accionantes confundieron a la juez al no dar cuenta que el Senado sí resolvió la apelación de repetición de la votación. Por su parte, Efraín Cepeda, presidente del Senado, dejó saber que se está ante un hecho superado porque se dio respuesta a la apelación y así se le comunicó en mayo 21 de 2025.

El mensaje que transmite el presidente es devastador: si las instituciones no me dan la razón, las atropello; si la Constitución no me sirve, la ignoro; si la legalidad me incomoda, la desafío. Este patrón recuerda con inquietante similitud a los caminos que han seguido regímenes autoritarios en la región. Y ahora en su más reciente intervención llegó al colmo de indicar que “está preso”. Ah, y casi se olvida: su ya habitual referencia a la muerte en cada aparición pública. No sea que, entre desapariciones y rumores, terminemos presenciando su “cese de existencia” por exceso de consumo de “café”.

Estamos ante una peligrosa estrategia que desafía el equilibrio de poderes, socava la legitimidad institucional y alimenta un clima de polarización social. ¿Qué busca el presidente con este juego riesgoso? ¿Radicalizar aún más a su base con un discurso de victimización institucional? ¿Forzar una ruptura del orden legal para convertirse en mártir de una supuesta oligarquía? ¿O simplemente cubrir su incapacidad de gobernar dentro del marco legal con una cortina de humo judicial? ¿Cómo justificar una posible erogación superior a los 700.000 millones de pesos para esa consulta, cuando el país se encuentra al borde de romper la regla fiscal por exceso de gasto?

Lo democrático no es lo que decide un solo hombre en nombre del “pueblo”, sino lo que se canaliza a través del orden constitucional. Gustavo Petro no puede arrogarse la potestad de convocar consultas a voluntad, menos aun cuando estas buscan revivir reformas que no logró tramitar por los cauces legales.

El presidente debe decidir cómo quiere ser recordado: como un estadista que respetó las instituciones, o como otro déspota que, al no poder transformar el país legítimamente, prefirió incendiarlo para salvar su proyecto personal.