Una trampa peligrosa

Reza el viejo refrán: “Más rápido cae un mentiroso que un cojo”. Pero cuando la mentira proviene del jefe del Estado, la caída no es individual: arrastra consigo la confianza institucional, la estabilidad democrática y la credibilidad de la nación.
Colombia atraviesa una de las etapas más críticas de su historia republicana. Las amenazas a la democracia no provienen de fuerzas externas ni de poderes ocultos, sino del mismísimo presidente de la República. Gustavo Petro ha emprendido una ofensiva frontal contra el Estado de Derecho, alimentando la confrontación política y social con discursos incendiarios, embustes premeditados y un desprecio creciente por los contrapesos institucionales.
La mal llamada “consulta popular” no es más que un disfraz burdo. Pretende encubrir, bajo el ropaje de un mecanismo de participación ciudadana, la corrupción que asfixia su entorno, el desgobierno rampante y su afán de perpetuarse en campaña. Es, en esencia, una mentira, un engaño, una trampa peligrosa: no busca reformar el sistema de salud deteriorado por él, ni mejorar las condiciones laborales. Persigue, exclusivamente, legitimar una cruzada populista que le sirva de plataforma electorera para su comunismo de odios y como cortina de humo para sus fracasos.
Petro sabe que, si realmente quisiera las reformas, el camino más expedito y legítimo es el Congreso, donde los proyectos ya están en trámite. Pero las promueve de forma mentirosa y falaz. A él no le interesa el trámite legislativo, que obedece a la esencia constitucional, sino el espectáculo político que esconde sus propósitos oscuros. Porque una consulta, incluso superando todos los filtros institucionales, no tendría efectos inmediatos, solo generaría un mandato al Congreso, que debería legislar hasta en dos períodos sobre algo que ya está en discusión o incluso en vigencia. Es decir, una duplicidad innecesaria y, en muchos aspectos, ilegal. En otras palabras, las reformas vía consulta popular no estarían en ejecución antes de un año, mientras que por el Congreso podrían salir en un mes.
Más grave aún: al insistir en la consulta, Petro busca forzar su financiación con recursos públicos -en plena época electoral-, violando principios constitucionales y pervirtiendo el sentido mismo de los mecanismos de participación. En paralelo, arremete contra el Congreso y la justicia, acusándolos de bloquear su mandato porque él fue “elegido con 11 millones de votos”. Pero omite un detalle elemental: el Congreso fue elegido por más de 18 millones de colombianos. En democracia, el poder no es unipersonal ni absoluto; es compartido, deliberativo y reglado por la Constitución.
La exaltación de la “voluntad popular” por encima de las instituciones es una trampa vieja del autoritarismo. Petro repite la fórmula: convoca movilizaciones, azuza a sus seguidores, habla de huelgas “por horas” hasta convertirlas en “indefinidas”, y alimenta una narrativa de clases sociales enfrentadas. Pero la verdadera huelga, la que Colombia necesita, es contra su desgobierno: contra la destrucción del sistema de salud, la inseguridad desbordada, el saqueo de los recursos de vivienda, educación e infraestructura, y la desidia ante la corrupción descomunal.
A Petro hay que recordarle que el pueblo no es un eslogan ni una masa manipulable al antojo del poder, y mucho menos un instrumento al servicio de sus caprichos. El pueblo se expresa en las urnas, no en turbas ni en revueltas callejeras financiadas con los impuestos de los colombianos. En otras palabras, debemos decirle, con toda claridad: señor Petro, a la nación se le respeta.

@ernestomaciast
Ernesto Macías Tovar