Todavía no sabemos exactamente en cuántos municipios los guerrilleros del Eln y las Farc, las guardias indígenas del Cric y los paramilitares o “clanes” al servicio del narcotráfico, impidieron, en las elecciones de marzo, el voto libre de los ciudadanos

 

Tampoco se conoce el número de votos obtenidos en esas condiciones anómalas por el tal Pacto Histórico, un partido comunista que no se atreve a decir su nombre. Se requiere entonces que las autoridades electorales publiquen el listado discriminado de los votos en todos los municipios del país.

 

En cambio, lo que sí se sabe es que esos votos viciados fueron contabilizados y validados, y que, en consecuencia, muchos senadores y representantes del Pacto deben sus curules al constreñimiento de la población, sin que haya habido la menor protesta del establecimiento, ni se haya exigido la anulación de esos sufragios, evidentemente inválidos.

 

Si, como se ha dicho, esa situación afectó 110 municipios, no es descabellado calcular que cerca de dos millones de votos deberían excluirse del escrutinio.

 

Escaso consuelo es pensar que ese atropello hizo posible que el PH haya inflado su votación apenas hasta el treinta y pico por ciento, porque si se siguen admitiendo los votos obligados por la violencia al servicio de la subversión guiada por Petro, el resultado de la elección presidencial puede, por desgracia, ser tan previsible como aterrador.

 

Ahora bien, lo más preocupante es la indiferencia del establecimiento ante este tenebroso asunto. No hay ninguna preocupación al respecto por parte de los dirigentes de los partidos llamados “democráticos”. Ninguno de ellos, ni de sus candidatos, advierte el peligro ni exige medidas para conjurarlo. El asunto no se discute en la Registraduría ni en el Consejo Nacional Electoral, que siguen ajenos ante esta amenaza, letal para las instituciones.

 

Los políticos, día y noche, exaltan la democracia pero nada hacen para defenderla de manera eficaz. A través de los 39 interminables meses de Petro, su gobierno no ha tenido oposición real y, además, todas las leyes absurdas, torticeras y destructoras han sido aprobadas por un Congreso enmermelado, cuya Comisión de Acusaciones, con su culpable omisión, ha cohonestado todas y cada una de las actuaciones ilegales, inmorales y hasta delictivas que le han sido denunciadas.

 

Ahora bien, si en la primera vuelta de Mayo, el constreñimiento salta de los 110 hasta los 790 municipios donde, como se denunció ayer 25 de marzo, hay actividad política armada, Cepeda tiene muchas posibilidades de llegar en primera vuelta a la Presidencia con 1.600.000 votos espurios adicionales; y, si la violencia apenas opera en un número de municipios del orden —digamos— de la mitad, pasa de primero para la segunda vuelta…

 

Si el establecimiento político no reclama elecciones confiables, ¿estarán sus integrantes dispuestos a aceptar un título criminalmente viciado como sería el de Cepeda?

 

Nunca conoceremos el alcance de las relaciones clandestinas y desvergonzadas entre Petro y tantos operadores tradicionales, pero si esos mismos individuos piensan que con Cepeda les irá igual, se equivocan porque bajo un gobierno marxista-leninista integral serán eliminados del ejercicio político. ¡Con seguridad, Cepeda pagará mal a quien bien le sirva!

 

Si la clase política guarda silencio frente a este tema fundamental de la libertad electoral, será la principal culpable de la caída en el abismo.

 

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Ominoso el anuncio de Oviedo de que su compromiso con Paloma va apenas hasta el 31 de mayo, indicativo de su probable y presumible voto por Cepeda en la segunda vuelta. ¿Cuántos más de los participantes en la gran consulta seguirán por esa infame y abominable senda?

 

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En relación con la repugnante elección de Griselda Lobo para la vicepresidencia en una Comisión de Derechos Humanos, sería bueno conocer los nombres de todos y cada uno de los senadores “demócratas” que votaron por ella.