Para Fevcol, no pudo prevalecer un estatuto revolucionario por encima de los derechos de las niñas; Rosa Blanca afirmó que los abusos fueron un modus operandi; y Coalico consideró que fue un patrón que se desarrolló de manera sistemática
ORGANIZACIONES DE víctimas reprobaron la actitud de siete excomandantes que integraron el último secretariado de la guerrilla de las Farc antes de su desmovilización por el Acuerdo de Paz. En su respuesta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la imputación que les hizo en noviembre pasado por crímenes de guerra y de lesa humanidad, ellos aceptan su responsabilidad en el reclutamiento de más de 18.000 menores de edad, pero niegan que los abusos sexuales cometidos contra esta población, especialmente niñas, fueran sistemáticos, pues sostienen que fueron casos aislados. Víctimas exigen a exFarc reconocer abuso sexual a menores.
En el documento de más de 400 páginas dirigido a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, Julián Gallo, Pastor Alape, Rodrigo Londoño, Rºodrigo Granda, Milton Toncel, Pablo Catatumbo y Jaime Parra, hacen observaciones frente a la imputación en el macrocaso 07 por crímenes de guerra de reclutamiento y utilización de niñas y niños y otros crímenes asociados.
“En consecuencia, los comparecientes reconocen que, en distintos momentos y contextos del conflicto armado, se configuró una práctica de facto de reclutamiento de menores de 15 años al interior de las extintas Farc. Si bien dicha práctica no fue institucionalizada ni formalizada mediante reglamentos internos, su ocurrencia obedeció a la falta de control efectivo por parte de ciertos mandos, quienes incurrieron en omisiones frente a su deber”, reza el documento.
Agregan en el mismo que “los comparecientes reconocen que existió una política interna de reclutamiento dirigida a personas entre los 15 y 30 años, implementada conforme a las directrices y reglamentos de la organización”.
Los excomandantes critican en la imputación de la JEP “la ausencia de una descripción detallada de los hechos constitutivos de violencia basada en género, así como la falta de análisis sobre su impacto en las relaciones afectivas, la sexualidad y la orientación sexual, identidad y expresión de género diversas”.
También aseguraron que “no existió un plan común ni una política formal respecto de las interrupciones del embarazo, por el contrario, esta fue una práctica que se desarrolló a lo largo del tiempo y fue implementada de forma diferencial en los diferentes bloques y frentes en razón a la multiplicidad de interpretaciones y autorizaciones que daban los comandantes y el antiguo secretariado”.
Reacciones de organizaciones de víctimas
Sebastián Velásquez, representante legal de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol), dijo a EL NUEVO SIGLO que “el reglamento interno revolucionario que ellos tenían para hacer este juzgamiento e infligir estas violencias a las niñas, muchas de ellas menores de 11 años, no puede ser la justificación que emitan en dicho documento. No puede prevalecer un falso estatuto revolucionario por encima de los derechos de las niñas. O sea, no pueden argumentar en su obrar criminal para bajarle la intensidad al delito de violencia sexual infligido a menores de edad”.
El experto señaló que el macrocaso 07 es muy sólido, pues tiene más de 18.677 casos registrados. Por lo tanto, cuestiona la falta de sistematicidad alegada: “Está probado hasta la saciedad ese punto, sino que ellos cogen una muestra de 57 casos, que es la que analizan en el documento de 453 páginas, y entonces empiezan a minimizar los impactos causados a estos menores. Pero es la versión del victimario y no puede ser que en este país la voz que se escuche sea de quienes cometieron el crimen y no de quienes valientemente están participando en la Jurisdicción denunciándolos”.
Añadió el representante de Fevcol que “las víctimas que representamos, esta gente, los señores comparecientes, ‘Timochenko’, Sandra Ramírez, Catatumbo, etcétera, pues obviamente tienen un poder, hoy son senadores de la República y tienen al parecer una voz más alta que las víctimas. Entonces, es el mundo al revés: o sea, desprestigiar a quien sufrió el vejamen, a la que sufrió la violencia. En este momento la solidaridad debe ser con las víctimas y no con los victimarios. Ellos tendrán que entregar la verdad y deberá haber justicia”.
En tanto que Adel González Guzmán, representante legal de la Corporación Rosa Blanca, expresó a este Medio que “esa es una manifestación más de oprobio y estigmatización hacia las víctimas. Es claro que el tema de violaciones a niñas y niños menores de edad en las Farc obedecía a un hecho generalizado a través de unos estándares y un modus operandi casi que igual, en donde tenían pleno conocimiento los comandantes, inclusive algunos miembros del secretariado, pues también en la JEP fueron denunciados como autores materiales. O sea, un tema generalizado en toda la escala de mando dentro de las Farc”.
González describió cuál era la suerte que corría una menor de edad que caía en las garras de la entonces guerrilla de las Farc. “Llegaba una niña reclutada a los 10, a los 11, a los 12 años, y dentro de las 24 o 48 horas ya había sido abusada sexualmente, normalmente por el mando. Y luego era utilizada como esclava sexual tres, cuatro meses. Y de allí se dejaba a los mandos medios del respectivo frente. Hasta que la niña podía hacer una pareja estable, y eso era lo que un poco frenaba ese abuso”.
Mientras que Juan Manuel Martínez, abogado representante de víctimas en Coalico en el macrocaso 07 de la JEP, dijo a este Periódico que “no solamente en violencia sexual, sino en otros de los patrones, lo que vemos es que no hay reconocimiento pleno de lo que había imputado la JEP”.
Indicó que de acuerdo con la experiencia de las víctimas que “representamos en el caso 07, que no somos los únicos que estamos representando, representamos aproximadamente 600 víctimas en el caso, la violencia sexual realmente sí fue un patrón que se desarrolló de manera sistemática, que contó con el conocimiento de los mandos y que en ese sentido constituyó una política criminal al interior del extinto grupo subversivo de las Farc, y que afectó principalmente a niñas reclutadas”.
Martínez subrayó que “la propuesta que presentan los comparecientes no satisface las expectativas de reparación que tenían las víctimas”.
Macrocaso 07
El macrocaso 07 investiga el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado.
Así mismo, los delitos cometidos en contra de ellos, tales como homicidios, tortura, desaparición forzada, violencia sexual, aborto forzado, planificación forzada.
1. Entre 1971 y 2016, las extintas Farc-EP reclutaron a 18.677 niños y niñas. Estos hechos ocurrieron con mayor frecuencia entre 1996 y 2016, marco en el cual la sala concentró su investigación.
2. De las víctimas reclutadas, el 24% reportó haber sufrido algún tipo de violencia basada en género durante su vida en las filas. De este grupo, el 91% son mujeres, el 9% son hombres y el 7% indicó tener una orientación sexual o identidad de género diversa.
3. Las principales fuentes contrastadas fueron alcanzadas a partir de 77 informes elaborados por organizaciones de víctimas, 8 informes aportados por entidades estatales, y 951 acreditaciones de sobrevivientes de reclutamiento y de familiares de menores desaparecidos, con las que se reconstruyó la historia de reclutamiento de 805 menores, de los cuales el 56% son niños y el 44% niñas.
4. Entre las formas de violencia se encuentran los tratos degradantes, la tortura y asesinatos de aquellos menores considerados “desertores” o que no se sometían a las órdenes de sus superiores.