Ricardo Roa, gerente de la campaña de Petro en 2022 y Guillermo Alfonso Jaramillo, gerente de la campaña al Senado del Pacto Histórico ese mismo año. Ilustración: Jorge Restrepo.
En una investigación sobre la campaña de los senadores del Pacto Histórico, la Corte Suprema encontró las maniobras contables de Guillermo Alfonso Jaramillo y Ricardo Roa para evitar que la campaña de Gustavo Petro violara los topes. Los hallazgos terminarán en una compulsa de copias a los actuales funcionarios que habrían hecho las jugaditas para salvarle el pellejo al presidente.
A falta de un año para que finalice el gobierno de Gustavo Petro, el capítulo de la financiación y las cuentas de su campaña sigue sin esclarecerse. Aunque los avances que hasta ahora ha mostrado la justicia para dar con los responsables son pocos, eso podría cambiar con una decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que da cuenta de una serie de irregularidades hasta hoy desconocidas: una maraña contable que compromete a dos campañas: la del presidente y la del Pacto Histórico al Senado.
La historia que revela CAMBIO en exclusiva acabará en una compulsa de copias a Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy ministro de Salud y entonces gerente de la campaña al Senado, y a Ricardo Roa, exgerente de la campaña presidencial y actual presidente de Ecopetrol. Entre los señalamientos hay asuntos tan graves como un presunto engaño al Consejo Nacional Electoral en el reporte oficial de cuentas con información falsa sobre vuelos de Gustavo Petro que fueron registrados como gastos de la campaña de los aspirantes al Senado. Los delitos que podrían configurarse van desde fraude procesal, falsedad en documento privado y un posible desfalco al CNE. Esto, pues al hacer el balance real de gastos que la campaña quiso maquillar, resulta evidente que la causa Gustavo Petro Presidente habría violado los topes establecidos por la ley.
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Para entender la trama es necesario remontarse al 5 de febrero de 2022, día en el que el comité directivo de la campaña al Senado autorizó la contratación de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI) para proveer los servicios de transporte aéreo a los aspirantes de la lista cerrada a esa corporación. A esa reunión asistieron Guillermo Alfonso Jaramillo, como gerente de campaña; Jaime Dussán, como representante del Polo; Dagoberto Quiroga, de la Colombia Humana; Gabriel Becerra, de la UP, y, llamativamente, Ricardo Roa, gerente de la campaña a la consulta interpartidista del precandidato Gustavo Petro.
Aunque Roa le negó a la Corte haber recomendado a SADI, según el acta de la reunión y el testimonio del propio Jaramillo, el hoy presidente de Ecopetrol sí intervino. Dos días después se firmaron dos contratos: uno con la campaña al Senado y otro con la precampaña de Petro, quien por ese entonces se iba a medir con Francia Márquez, Alfredo Saade, Arelis Uriana y Camilo Romero en la consulta interna del Pacto Histórico. El primer contrato, por 1.215 millones de pesos, lo firmaron Guillermo Alfonso Jaramillo y Hernando Robles Alvira, representante legal de SADI. El segundo se suscribió entre Robles y Ricardo Roa. En ambos procesos participó Jonathan Ramírez Nieves, asesor de la campaña al Senado del Pacto Histórico y director jurídico de la campaña de Petro, quien indicó que había una necesidad compartida entre las campañas de tener un desplazamiento aéreo y que, como ambas iban de la mano, se contrató el mismo servicio.
Hasta ahí no hay problemas. Se hicieron 27 desplazamientos y un total de 72 horas de vuelo que quedaron registrados en una planilla inicialmente a nombre del cliente “Campaña Petro”. Pero luego, los formatos se cambiaron para dejar sólo tres vuelos a nombre de esa campaña, y los otros 24 aparecieron reportados, como por arte de magia, al cliente “Campaña Senado”. Andrea Maya Gutiérrez, coordinadora de los vuelos de SADI, fue quien hizo la modificación y quien después testificó ante la Corte Suprema que el cambio se hizo por orden de su jefe, Hernando Robles.
La génesis del engaño reside en la ejecución de los contratos y en cómo se reportaron oficialmente los vuelos. El hallazgo principal de la investigación de la Corte Suprema de Justicia fue que todos los servicios de SADI, contratados con la campaña al Senado, en realidad se prestaron a la campaña de Petro para la consulta del Pacto Histórico. Es decir, hubo vuelos de Petro acompañado de aspirantes al Senado, pero ningún vuelo de aspirantes al Senado sin Petro. CAMBIO tuvo acceso a la bitácora de los vuelos que no deja duda alguna: los desplazamientos eran solicitados por Laura Sarabia, entonces coordinadora de la agenda del candidato, y los pasajeros usuales eran Petro, su familia y seguridad, Sarabia y Armando Benedetti.
En la bitácora de los vuelos solo aparecen los nombres de dos aspirantes al Congreso: Pedro Flórez y Roy Barreras. Llama particularmente la atención que entre la lista de pasajeros aparezca el misterioso hacker español Ramón Devesa, a quien se le encargó grabar el video registrando la devolución de los 500 millones de pesos que alias Papa Pitufo entregó a la campaña Petro a través del polémico negociante catalán Xavier Vendrell, a quien la familia del hoy jefe de Estado le tramitó nacionalidad colombiana exprés. Cuando la Corte le preguntó a Sarabia por Devesa y otras personas que viajaron con Petro, la excanciller mencionó que “hacían parte de la seguridad del candidato y de Armando Benedetti’.
En poder de la Corte hay otra serie de elementos que dejan muy mal paradas a ambas campañas: registros de conversaciones de WhatsApp entre Laura Sarabia y Andrea Maya, y de un chat grupal en el que estaban Sarabia, Benedetti, Maya y Carlos Eduardo Restrepo, exsocio y exgerente de SADI, quien cumple una condena en Estados Unidos por el escándalo de la narcoavioneta incautada en mayo de 2021 en Providencia. Restrepo, en medio del escándalo, seguía pendiente de la logística de los vuelos. En los registros queda claro que la totalidad de las conversaciones eran para desplazamientos del candidato Gustavo Petro y no para candidatos al Senado. Asimismo, se evidencia que los vuelos se hacían en aviones y no en helicóptero, como fraudulentamente se registró en las facturas entregadas al CNE y a la Corte Suprema de Justicia.
Cuando la Sala de Instrucción le solicitó a Guillermo Alfonso Jaramillo que aportara información adicional sobre los vuelos de la campaña al Senado que él gerenciaba, el hoy ministro evadió la pregunta y se limitó a decir que, como la lista cerrada tenía más de 90 candidatos, cada operación se iba programando según la agenda de eventos. Es decir, que mientras en la campaña del precandidato Petro sí había una persona responsable de la organización de los vuelos, en la del Senado no había alguien encargado de gestionar los servicios. Este elemento es otro más que el alto tribunal usa para indicar que el servicio sólo se prestó a la campaña del hoy presidente.
El lío de las facturas
La campaña de Petro ya ha sido cuestionada por modificar valores en facturas a última hora para evitar incurrir en violación de topes. Así lo ha demostrado la investigación que ha hecho el CNE, pero que versa sobre las campañas a la Presidencia de primera y segunda vuelta. Sin embargo, hasta ahora se desconocía que estas prácticas también habrían ocurrido en la campaña a la consulta interna del Pacto Histórico de 2022.
La Corte Suprema de Justicia revisó la facturación correspondiente a los servicios de transporte aéreo con SADI. La primera es una factura del 16 de marzo de 2022, tres días después de las elecciones legislativas y de la consulta del Pacto. Va dirigida a Ricardo Roa como gerente de la campaña de Petro por 2.324 millones de pesos, por los vuelos realizados entre el 7 de febrero y el 7 de marzo de ese año. El documento (SA-4812) lista seis tipos de servicio: dos para transporte de pasajeros en helicóptero, uno de disponibilidad de ambulancia y tres más por actividades de comisiones y “pernoctada”.
Factura servicios con SADI. Foto: CAMBIO.
Esa factura fue anulada y dos días después se emitió una nueva, la SA-4816, con los mismos datos, pero precisando que la forma de pago era a crédito. El 12 de abril de 2022, SADI creó una nueva factura, la SA-4832 a nombre de Ricardo Roa que registraba sólo tres de los seis servicios cobrados en la factura de marzo.
Ese mismo día, la empresa emitió otra factura, la SA-4831, con una particularidad. Estaba a nombre de Guillermo Alfonso Jaramillo por 1.215 millones de pesos y tenía una nota al final que decía: “servicios prestados de la consulta interpartidista, pacto histórico de febrero 7 al 7 de marzo de 2022”. Llama la atención que, al día siguiente, esa factura fue modificada y se emitió la SA-4834 para disimular la incongruencia y poner en la nota que los servicios eran prestados a la campaña al Senado.
Ahora bien, la factura inicial emitida a Ricardo Roa, que listaba seis servicios, también fue modificada el 13 de abril, para registrar un “cambio de datos del adquirente”. Esto implicó que, en definitiva, quedaran vigentes las facturas SA-4832 del 12 abril, emitida a Roa con tres servicios (helicóptero, ambulancia y conexos), y la SA-4834, emitida a Jaramillo con los servicios de transporte aéreo de pasajeros en avión y actividades conexas. Según esta división de facturas, el candidato Petro solo utilizó el servicio de helicóptero mientras que la campaña del Senado usó los servicios de avión. Lo anterior no tiene sentido para la Corte, pues según los chats y las bitácoras de vuelo, todos los desplazamientos de Petro fueron en tres aviones.
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‘La avionada’ al CNE y la violación de topes
Para tratar de justificar la clara falsedad de que los vuelos habían sido para la campaña al Senado, la jugada fue la siguiente: los directivos dividieron los 1.215 millones de pesos facturados, que en realidad eran gastos de Gustavo Petro, entre los 20 aspirantes que resultaron elegidos senadores. Eso daba un poco más de 60 millones de pesos que cada candidato puso en su reporte de gastos al CNE, registrándolo como “tiquetes aéreos”. Cada informe fue firmado por el candidato o candidata, Guillermo Alfonso Jaramillo y el contador José Delfín Díaz.
Copia de cuentas claras reporte Alexander Maya. Foto: CNE.
Despues, la información de esos registros individuales se agrupó para presentar un informe global de los ingresos y gastos en los que incurrió la campaña al Senado. En este caso, dicho documento fue firmado por Alexander López Maya, en su condición de presidente del Polo Democrático Alternativo, y por el auditor del movimiento, Víctor Javier Navarrete Prada. El tema despertó el interés de la Corte Suprema pues, por esos gastos registrados, los candidatos y partidos reciben un giro millonario por reposición de gastos de campaña. Es decir, se trata de documentos que generan expectativas jurídicas y que, por eso, deben ser fieles a la realidad contable.
En este caso, la cifra que recibió el Pacto Histórico fue de 14.415 millones de pesos. Para la Sala de Instrucción, en cabeza del magistrado investigador Misael Rodríguez, al consignar información espuria en los documentos entregados al CNE, “se actúa de modo fraudulento y engañoso y se induce en error a las autoridades electorales”. En plata blanca, la coalición de Gobierno le habría reclamado al Estado un dinero que no le correspondía.
Cuando la Sala de Instrucción quiso indagar si se trató de un fraude perpetrado por varias personas y les preguntó a los legisladores por qué su firma aparecía en un informe que contenía cifras manipuladas, la respuesta fue que previamente se había acordado que la gerencia de campaña usara su firma electrónica para los reportes. La Corte determinó que en realidad los congresistas desconocieron los aspectos relacionados con la contratación del servicio de SADI y entendieron su inclusión como gasto global de la campaña.
Sobre el particular, la Corte determinó que, aunque hay una irregularidad que raya en el delito, con la información obtenida en la investigación no se pudo establecer el dolo, pero sí al menos una profunda negligencia. En el mejor de los casos, recordando la tristemente célebre frase del exsenador Simón Gaviria, los legisladores “no siempre leen lo que firman”. Paradójicamente, lo que sí recordaron fue reclamar la plata.
Aunque la decisión de la Corte Suprema fue archivar la investigación a favor de los 20 senadores elegidos en 2022 por el Pacto Histórico, sí les hizo un fuerte llamado de atención porquem si bien no sabían que la campaña había enviado al CNE reportes falsos, tenían el deber de verificar lo firmado. Aun más, si ellos mismos insistieron en que no usaron el servicio aéreo de SADI, y tampoco conocían quienes lo habían utilizado o si los vuelos fueron para otra campaña política.
La Corte se concentró en investigar y analizar la conducta de los congresistas. Sin embargo, lo más grave de este asunto, y que se lee entrelíneas al analizar con lupa la decisión, se relaciona con el presidente de la República y su gerente de campaña, Ricardo Roa. Esto pues, al hacer el ejercicio de desmaquillar los balances y facturas para obtener la realidad contable, se evidencia una violación de topes electorales de, por lo menos, 1.215 millones de pesos.
Las matemáticas son las siguientes: en el 2022 el tope de gastos que el CNE estableció para las consultas internas fue de $14´268.260.246 pesos. Esa cifra equivale al 50 por ciento del monto permitido para la primera vuelta presidencial, fijado en $28´536.520.492 pesos, según la resolución 0694 del 19 de enero de 2022.
Esa cifra permitida no es el valor que puede gastarse cada candidato, sino el tope máximo para todos los participantes de la consulta. Dicho de manera más sencilla, la suma de los gastos de todos los candidatos inscritos al certamen no puede exceder ese valor. En el caso de la consulta del Pacto Histórico en el 2022, los candidatos eran cinco y la cifra total de gastos que registraron, de nuevo como por arte de magia, obedece al valor exacto que permitía la autoridad electoral, con sus pesos y centavos. Tenían derecho a gastarse $14´268.260.246 y registraron gastos por $14´268.260.246.
Según el informe consolidado de ingresos y gastos en poder de la Corte Suprema, Gustavo Petro reportó gastos por 8.758.260.246; Francia Márquez, por 2.380.000.000; Arelis Uriana, por 1.800.000.000; Camilo Romero, por 1.300.000.000, y Alfredo Saade, por 30.000.000.
Informe candidatos consulta interna Pacto 2022. Foto: CAMBIO.
La sumatoria de estos gastos, de nuevo, equivale al valor exacto permitido por el CNE.
Ahí empieza el problema. Como los vuelos que hizo Gustavo Petro fueron fraudulentamente atribuidos como gastos de la campaña al Senado, si se sumaran a los casi 9.000 millones que reportó el candidato, estaría excediendo lo permitido por la autoridad electoral en, al menos 1.215 millones, que obedecen al dinero que cobró SADI por los aviones de uso exclusivo del hoy presidente de la República.
Hay un elemento adicional que le suma gravedad a la maraña contable: que los 1.215 millones de vuelos de Petro atribuidos a la campaña al Senado del Pacto Histórico, luego fueron restituidos a los partidos a manera de reposición de gastos. En síntesis, la campaña de Petro habría ocultado unos gastos por servicios que en efecto utilizó el candidato y, en consecuencia, los partidos de la coalición recibieron una millonaria suma de las arcas del Estado a la que no tenían derecho.
La compulsa de copias que se viene
Como suele pasar en los grandes casos de corrupción o malversación de fondos en Colombia, los poderosos siempre terminan arrastrando la bola para decir que el responsable es un “mando medio”. En esta ocasión, seguramente tratarán de desviar la culpa a los contadores o tesoreros de las campañas. Sin embargo, CAMBIO pudo establecer que, a pesar de que se dictó auto inhibitorio a favor de los 20 senadores, la Sala de Instrucción determinó que sí se cometieron delitos y compulsará copias, en auto diferente, para que la Fiscalía investigue, entre otros, a dos de los hombres más poderosos de Colombia: el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa.
Con lo establecido por la Corte Suprema, revelado en exclusiva en este artículo, deben pasar dos cosas: la apertura de una investigación en la Fiscalía y de otra en el CNE sobre el reporte de reposición de gastos que se emitió en 2023. En el primer caso, la autoridad electoral debería constituirse como víctima en el proceso penal. Y, en el segundo, el CNE verificar si ya prescribió la posibilidad de investigar estas irregularidades contables. Expertos consultados por CAMBIO indicaron que, en todo caso, el Consejo podría interponer una demanda por la vía civil para recuperar el dinero de más que se habría entregado en la reposición de votos.
Ahora el balón quedará en la cancha de esos dos organismos, encargados de dar con los responsables. Lo que parece prácticamente imposible es que una operación tan sofisticada para modificar facturas y reportes de vuelo, y salvarle el pellejo al presidente y a sus más cercanos colaboradores, haya sido una falta de buena fe, un error de tipeo o una jugada ideada y ejecutada a mutuo propio por un contador o una secretaria.
Por: Alejandra Bonilla Mora, Andres Muñoz, Federico Gómez Lara