No sabemos aún hasta cuándo vamos a sufrir la amenaza de contagio que nos obliga a suspender la normal actividad del país, ni tampoco las consecuencias de esta desquiciante parálisis económica.

Lo cierto es que hay una voluntad por parte del gobierno de ponerle fin a esta inusitada tragedia y empieza a generarse un consenso sobre la necesidad de que cada uno aporte su cuota de sacrificio a tan urgente objetivo.

Quienes insistan en burlar las normas o en sacar provecho de la coyuntura para sus protervos fines politiqueros, no cosecharán nada distinto al rechazo y al desprecio de los colombianos.

La solidaridad que ahora empieza a germinar debe convertirse en una avanzada política social de éste y de los futuros gobiernos. Antes que empeñarnos en alcanzar óptimos índices económicos o en iniciar monumentales proyectos, debemos garantizar la subsistencia de los más indefensos, y proporcionar efectiva ayuda a los pequeños empresarios, trabajadores independientes, empleados informales, y clase media en general.

Los dirigentes de nuestra economía deben abandonar su tradicional apego a la ortodoxia en materia monetaria y fiscal y poner en cuidados intensivos a todo el aparato productivo (el campo, la industria, el comercio, los servicios, la minería, el sector energético, el turismo), con fórmulas creativas como las siguientes: a) Créditos a largo plazo con 5 años muertos y sin intereses, con la condición de que se siga pagando la nómina existente antes de la pandemia; b) Rebaja sustancial de las tasas de interés; c) Un agresivo plan de reducción de impuestos para los nuevos inversionistas nacionales o extranjeros, ligado al número de nuevos empleos que se creen.

En momentos de recesión como los que seguramente atravesaremos, cobra relevancia el gasto público, pero éste debe tornarse productivo. Quiere ello decir que los gastos generales del Estado se deben minimizar, mientras se incrementa la inversión en servicios a la comunidad y obras esenciales que apoyen el desarrollo económico. Debe cortarse de un tajo la corrupción que campea a sus anchas en todos los niveles de la Administración y abolir todo gasto superfluo. Administremos el erario como lo hace un responsable jefe de familia con su presupuesto familiar. Tornemos ese Leviatán costoso y paquidérmico en un estado austero, pero eficiente.

A la actual paralización de la economía, se unen, desgraciadamente, la rebaja en el precio del petróleo y la recesión mundial que necesariamente nos afectará. Solo podremos responder a semejante reto con una “economía de guerra”, que incluya medidas de choque para proteger nuestras empresas, fomentar las exportaciones y poder competir en los menguados mercados mundiales.

La vida diaria tendrá que cambiar. Se impone la revolución tecnológica en todos los campos: La telemedicina para agilizar las consultas médicas; la educación a distancia, como se hace desde hace varios años en Estados Unidos y Europa; la simplificación de trámites que elimine el papeleo y las filas en los despachos públicos.

Es un hecho histórico que estas épocas de crisis son aprovechadas por los agitadores, los populistas de siempre, los promotores de la lucha de clases, a quienes no les importa el bienestar del pueblo sino la imposición de sus trasnochados programas socialistas.

A esa amenaza, ampliada en nuestro país con la acción guerrillera y la protección institucional al negocio de la coca, hay que responder con el ejercicio pleno de la autoridad y con la aplicación de severos castigos a quienes infrinjan la ley o subviertan el orden público. Es necesaria, ahora más que nunca, la reconstrucción nacional que venimos proponiendo al país, para regresar al Estado de Derecho despedazado con el robo de la voluntad popular que rechazó el fatídico acuerdo de La Habana. Mientras tengamos un régimen asentado sobre un acuerdo espurio, la consolidación del negocio de la coca y la impunidad para los mayores criminales de nuestra historia, no será viable la recuperación del país.

Por Luis Alfonso García Carmona – Director ARCO – 1/04/2020
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