Se sacudieron las redes sociales con la propuesta del candidato Santiago Botero de aplicar la pena de muerte a terroristas, asesinos y responsables de delitos graves para recuperar el control del país.
Aunque todavía no aparece en las encuestas de opinión que manejan los grandes medios, es lo cierto que puso el dedo en la llaga para denunciar algo que la mayoría de los colombianos anhela: Que haya un líder que nos saque de este abismo de inseguridad, narcotráfico, terrorismo, corrupción y desorden constitucional que nos agobia y estremece día a día.
No se puede ocultar que vivimos la etapa más azarosa de nuestra historia: La mayor parte del territorio nacional se encuentra bajo el poder de grupos irregulares como las FARC (mal llamadas disidencias), el ELN, el Clan del Golfo, etc. Tampoco se escapan los centros urbanos donde bandas criminales extorsionan a comerciantes, transportadores, vendedores ambulantes y hasta a los que piden limosna en los semáforos. Toda Colombia está subyugada por la delincuencia. Las instituciones llamadas a combatirlo están cooptadas por un régimen condescendiente con el crimen. Las Fuerzas Armadas están sometidas a un proceso de debilitación que les impide cumplir con su finalidad básica de defender la Constitución y proteger a los ciudadanos. La cárcel se convirtió en una “universidad del crimen” donde perfeccionan los prisioneros sus habilidades delictuales. La Justicia cada vez cojea más en virtud del tribunal de la JEP creado a la medida de las necesidades de los bandoleros de las FARC, la infiltración de la politiquería en los fallos y la venalidad que la convirtió en el “cartel de la toga”. En suma, el Estado es incapaz de garantizar la seguridad y las mínimas normas para la convivencia, por lo cual se imponen medidas más drásticas para recuperar el control social, como la pena de muerte.
Por: Luis Alfonso García Carmona