La iniciativa fija castigos más duros para reclutadores de menores y financiadores de bandas criminales.
Este miércoles 4 de noviembre, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó el proyecto de Ley de Sometimiento, una iniciativa que establece un nuevo marco jurídico para el desmantelamiento de estructuras criminales.
A través de la Ley 2640 del 4 de noviembre de 2026, se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, con el objetivo de dotar al Estado de herramientas jurídicas para proteger a la población civil, mantener la seguridad y la convivencia, y avanzar en el desmantelamiento de actores armados ilegales o terroristas.
El presidente publicó un video en el que aparece junto al ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, Iván Alfonso Cancino, y el secretario jurídico de la presidencia, Andrés Barreto.
En el clip, sancionó el documento que da vía libre a la promulgación y publicación de la ley de sometimiento.
“¡SE ACABÓ LA FALSA PAZ! ¡EN COLOMBIA LOS CRIMINALES SE SOMETEN A LA JUSTICIA, NO EL ESTADO A LOS CRIMINALES! Con la Ley de Sometimiento ponemos fin a los privilegios, las concesiones y la impunidad con la que durante años se ha pretendido premiar a los bandidos. ¡EL QUE DELINQUIÓ TIENE QUE PAGAR! Tendrá que confesar sus crímenes, reparar a sus víctimas, entregar hasta el último peso de sus fortunas ilegales y responder ante la justicia”, declaró De la Espriella.
Finalmente, el jefe de Estado declaró que “la paz verdadera no se construye arrodillando al Estado ante los delincuentes. Se consigue con autoridad, justicia y el cumplimiento de las leyes de la República”.
¿Qué implica la ley?
Tras su trámite legislativo, la Ley de Sometimiento pasó de 28 a 30 artículos, además de definir varios ajustes frente al texto que había avanzado en las comisiones primeras.
Aunque mantiene las rebajas de penas y las condiciones para que los integrantes de organizaciones criminales se sometan a la justicia, el texto definitivo endurece algunos requisitos e incorpora nuevas facultades para que el Presidente dirija la implementación de los mecanismos previstos en la ley.
La iniciativa mantiene una reducción de hasta el 50 % de la pena para los integrantes que no hayan ejercido funciones de mando y del 30 % para quienes sí las hayan tenido. Sin embargo, uno de los cambios más relevantes es que habrá restricciones más severas para quienes hayan participado en el reclutamiento de menores de edad.
En esos casos, cuando se trate de nuevos reclutamientos, las rebajas no podrán superar el 10 % para los mandos y el 30 % para los demás integrantes. Además, quienes hayan tenido un papel determinante en el reclutamiento deberán cumplir al menos diez años de privación efectiva de la libertad.
Además, quedan excluidas de los beneficios las personas con condena en firme por reclutamiento ilícito o utilización de menores.
*Con información de Colprensa.