Durante una alocución del domingo 27 de septiembre, el mandatario defendió la estrategia de seguridad de su administración y afirmó que las Fuerzas Armadas perseguirán a los responsables conforme a la Constitución y la ley
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, defendió el domingo 27 de septiembre la política de orden público de su Gobierno y aseguró que estará “al frente de los operativos” contra las estructuras criminales. Durante una alocución al país, el mandatario presentó como resultados de sus primeras semanas de gestión las operaciones en Santa Marta y Cali, la extradición de alias Araña y las reducciones que atribuyó a delitos como el secuestro, la extorsión y las masacres.
“Quien ataca a los colombianos va a encontrar al Estado”, afirmó De la Espriella, que sostuvo que su administración no dará espacio al crimen y que las Fuerzas Armadas recibieron instrucciones para perseguir a los responsables dentro de los límites de la Constitución y la ley.
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El mandatario situó la seguridad como uno de los ejes de su discurso, junto con la situación fiscal, las medidas en salud, la continuidad educativa tras el terremoto del 10 de agosto y las investigaciones por presuntos hechos de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro.
De la Espriella dijo que dirigirá operativos contra el narcoterrorismo
El presidente se refirió en particular a los hechos ocurridos en Santa Marta, donde, según relató, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca, respondieron con bloqueos, ataques contra vehículos y amenazas a transportadores luego de la muerte de alias Cholo, señalado como segundo cabecilla de esa estructura.
De la Espriella calificó esos actos como “narcoterrorismo” y señaló que ordenó militarizar Santa Marta y reforzar la presencia estatal en Ciénaga, Riohacha, Dibulla y la Troncal del Caribe. El despliegue incluyó, de acuerdo con el jefe de Estado, 2.500 integrantes de la fuerza pública, apoyo aéreo, controles viales y patrullajes nocturnos.
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El Gobierno informó que el balance de esa operación incluyó 23 capturas -18 en Magdalena y 5 en La Guajira–, además de seis allanamientos y el desbloqueo de cinco puntos sobre la vía entre Santa Marta y Riohacha. Entre los detenidos mencionó a alias Yolima, pareja de alias Pinocho, que sería uno de los cabecillas de la organización, y a alias Juancho Roy, señalado sicario del grupo.
El mandatario también anunció recompensas de $3.000 millones por información que permita localizar a alias Pinocho, alias Doscientos y alias Patilizo. “A los comerciantes, a los taxistas, a los hoteleros y a las madres de Santa Marta les digo: ustedes no están solos”, expresó.
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Fue en ese tramo de la intervención cuando ratificó su participación directa en las operaciones de seguridad. “Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, estaré al frente de los operativos, porque es mi deber constitucional”, declaró.
La Operación Iron dejó 85 capturas, según el Gobierno
El presidente también destacó la Operación Iron, realizada en Cali con participación de más de 1.200 uniformados de la Policía y el Ejército. La intervención se concentró en seis comunas, 15 barrios y 24 microterritorios, con actuaciones en sectores como El Calvario, San Pascual y Sucre.
Según el balance presentado por De la Espriella, la operación derivó en 85 capturas, de las cuales 73 obedecieron a órdenes judiciales y 12 se produjeron en flagrancia. El Gobierno señaló que siete estructuras fueron afectadas: la Torre, la Luna, los Pascua, los del Hueco, las Palmas, los Treinta y los Buitres.
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Durante los procedimientos se incautaron armas, granadas, cartuchos, teléfonos, droga y dinero en efectivo, indicó el mandatario. Además, afirmó que las autoridades desarticularon puntos de venta de estupefacientes que operan ahce décadas en el centro de Cali.
De la Espriella dijo que la presencia estatal continuará en los sectores intervenidos para impedir que las organizaciones retomen el control. “Vamos a liberar con decisión a Cali del narcotráfico y de la extorsión”, señaló.
El Gobierno destacó descensos en secuestros, extorsiones y masacres
En su balance general sobre seguridad, el presidente aseguró que agosto, el primer mes de su administración, cerró con descensos en delitos de alto impacto frente al mismo mes de 2025. De acuerdo con las cifras citadas durante la alocución, el secuestro cayó 79%, la extorsión 62% y las masacres 58%.
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También se refirió a Barranquilla, donde atribuyó a un trabajo coordinado con la Alcaldía una reducción de 64% en homicidios, 63% en extorsiones y 24% en hurtos durante 30 días.
La extradición de alias Araña y el reclutamiento de menores
Otro de los puntos centrales fue la extradición a Estados Unidos de Giovani Andrés Rojas, alias Araña, señalado cabecilla de los Comandos de Frontera. De la Espriella indicó que firmó el trámite cerca de 20 días antes de que se concretara el traslado.
El presidente afirmó que la organización mantendría rutas de narcotráfico hacia Ecuador y sería responsable de homicidios, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores en Putumayo. También cuestionó que alias Araña hubiera participado en espacios de negociación durante el gobierno anterior.
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De la Espriella insistió en que los menores reclutados son víctimas y rechazó que los grupos armados los utilicen como escudos frente a las operaciones de la fuerza pública. “El que reclute a un menor no va a encontrar mesa, ni salvoconducto”, afirmó.
El presidente anunció conversaciones con el FMI por la situación fiscal
Aunque la seguridad concentró buena parte de la intervención, el mandatario abrió su discurso con un diagnóstico crítico sobre las finanzas públicas. Afirmó que Colombia enfrenta la situación fiscal “más crítica” de su historia debido al endeudamiento y al gasto de la administración de Petro.
De la Espriella dijo que ordenó al Ministerio de Hacienda y a su equipo económico iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar una salida negociada. Prometió austeridad, responsabilidad presupuestal y controles sobre el uso de recursos públicos.
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En materia social, el presidente informó que el 92% de los estudiantes afectados por el terremoto del 10 de agosto retomó las clases. También aseguró que el Gobierno puso en marcha un plan de choque para atender a pacientes con medicamentos o procedimientos pendientes.
La alocución cerró con un pedido a la justicia para que evalúe beneficios penales regulados para investigados que colaboren con el esclarecimiento de la red de corrupción que, según el presidente, operó durante el gobierno anterior.