Si tuviéramos que señalar la principal motivación que movilizó a las mayorías colombianas a llevar al poder a Abelardo de la Espriella, no hay duda de que escogeríamos su propuesta de devolver la seguridad al territorio, combatir sin temor a la narcoguerrilla, castigar a los delincuentes y ponerle coto a la impunidad reinante en los últimos tiempos.
Sin tomar aún posesión de su cargo, ha comenzado declarando objetivos militares de su gobierno a los facinerosos que durante años han atemorizado a la población, asesinando civiles y militares, reclutando menores de edad, atentando contra el medio ambiente a través de la minería ilegal y dejando caos y miseria a su paso. Con contundencia y sin ambages les ha formulado un perentorio ultimátum: Tienen un mes de plazo para entregarse a la Justicia o serán capturados por la fuerza; si oponen resistencia serán neutralizados por la fuerza pública encargada de velar por el orden y la seguridad.
Como agua de mayo han recibido los colombianos de bien estas palabras que no se escuchaban de ningún mandatario desde hace 16 años.
Ha acertado por partida doble el presidente electo, identificando la necesidad más sentida y urgente del país y reconociendo que el origen de la violencia y criminalidad que ha azotado a nuestra querida Patria reside principalmente en el narcotráfico. En otras palabras, no se puede garantizar seguridad ni convivencia mientras subsista el imperio de este maldito negocio.
Como prueba de nuestro aserto, vale la pena recordar algunas de las “hazañas” de este fatídico imperio:
- El 6 de noviembre de 1985 un grupo de militantes del M-19, financiados por el narcotraficante Pablo Escobar, asaltó el Palacio de Justicia y lo incendió con el propósito de destruir los expedientes que allí cursaban en contra del narcotraficante. El fuego se propagó y terminó con un saldo de 100 muertos, incluyendo 11 magistrados. Es lo que se conoció como el “holocausto del Palacio de Justicia”. Convocaron los asaltantes al Presidente Belisario Betancur dizque para someterlo a un juicio revolucionario en un intento por tomarse el poder. Lo impidió el Ejército retomando el control del Palacio, combatiendo a los guerrilleros y salvando la vida de civiles que permanecían atrapados durante el asalto. Como conclusión, los guerrilleros fueron premiados con indultos y han seguido ocupando altos cargos estatales, mientras los militares que salvaron al país fueron encarcelados, condición que aún afecta a un anciano general de la República.
- Ha sido de tal magnitud el poder del narcotráfico en Colombia, que logró en 1991 que la Asamblea Nacional Constituyente suspendiera la extradición, lo cual beneficiaba a “Los extraditables”, pertenecientes a los carteles de Cali y Medellín, después de la doble presión que ejercieron sobre los constituyentes mediante recompensas de dinero y amenazas de muerte.
- En 1994 los señores Rodríguez Orejuela, consiguieron con su enorme fortuna imponer a Ernesto Samper Pizano como Presidente, en la segunda vuelta. Por sólo 18.439 votos, un 0,032 de la votación, fue derrotado su oponente, Andrés Pastrana. Su período estuvo marcado por el famoso proceso 8.000 que, gracias al reparto masivo de auxilios parlamentarios, terminó con una absolución más política que justa. Se sentó un funesto precedente que pretendió replicar en 2026 el candidato del gobierno y de los grupos narcoguerrilleros. Pruebas de este negro capítulo de nuestra historia se pueden encontrar en la obra “La parábola del elefante”, de Fernando Londoño Hoyos, https://drive.google.com/file/d/1cHtt9Pp1hwTMnkCNSEa5kkdv357NzjyX/view?pli=1
- Entre el 2002 y el 2010 el país logró, gracias al gobierno de “Seguridad Democrática”, desmovilizar a los grupos paramilitares y diezmar a las guerrillas narcoterroristas, las cuales se refugiaron en países vecinos donde los gobiernos de izquierda les brindaron protección. Según informe de la UNODC en diciembre de 2010 Colombia tenía 62.0000 hectáreas sembradas de coca, el nivel más bajo en lo que iba corrido del siglo. No obstante, al posesionarse Juan Manuel Santos optó por darle estatus político a los más crueles malhechores de nuestra historia y firmó con las FARC el humillante “Acuerdo de paz de La Habana”, dizque para conseguir la paz. El pacto estaría refrendado mediante un plebiscito en el cual el pueblo decidiría si ratificaba o no el acuerdo. En el plebiscito la mayoría rechazó el pacto pero Santos, aliado con su coalición de gobierno y con los narcotraficantes de las FARC, impuso el plebiscito contra la voluntad del pueblo soberano en el mayor vejamen contra la Democracia del que tengamos noticia.
Diez años después seguimos padeciendo las consecuencias de la entrega del país al imperio del narcotráfico y a sus aliados de la extrema izquierda: Aumentó la criminalidad. Las hectáreas de cultivos ilícitos llegaron a 300.000, es decir un aumento del 500% sobre lo que teníamos al comienzo del gobierno de Santos. Los grupos armados ilegales han duplicado con creces su tamaño histórico. Entre combatientes y redes de apoyo, pasaron de aproximadamente 18.000 miembros a nivel nacional en 2010 a un estimado superior a los 27.000 integrantes, un aumento impulsado principalmente por el robustecimiento del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
Cuatro años de desgobierno torpe y sesgado de un alienado dominado por sus adicciones y su trasnochada ideología han colmado la paciencia de los colombianos. Nos queda, gracias a la Divina Providencia, la firme esperanza de que nos espera una Patria Milagro donde podamos prosperar con tranquilidad y oportunidades para todos. Estamos firmes con Abelardo ¡Al toro por los cuernos!
Luis Alfonso García Carmona: Abogado. Escritor. Fundador de Alianza Reconstrucción Colombia.
17/07/2026 | Por Luis Alfonso García Carmona
https://lalinternaazul2.wordpress.com/2026/07/17/al-toro-por-los-cuernos/