La situación política colombiana ha estado girando como un trompo “canuto” en estos últimos, meses sin que tantas vueltas y revueltas permitan siquiera la menor estabilidad en materia de tanta monta como es la legalidad y la legitimidad en el ejercicio de la presidencia de la República.

Desde el año pasado quedo claro ante la opinión pública nacional y extranjera que la campaña electoral del 2022 para presidente de la República adelantada por la alianza política bautizada como Pacto Histórico, había violado el tope máximo de financiación estipulado para tal efecto, lo cual fue demostrado sin lugar a dudas mediante la completa investigación adelantada por los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada, quienes elaboraron una ponencia que sometieron a la consideración de los demás magistrados.

Dicha ponencia, que lleva muchos días de haber sido presentada para estudio de sus colegas, hasta ahora no ha sido votada a pesar de que el Consejo de Estado la avaló y es que algunos magistrados que al parecer son simpatizantes del Pacto Histórico han usado diferentes pretextos para demorar la votación porque tal como lo demuestra la ponencia (300 páginas) no admite duda de que efectivamente los topes fueron violados y en consecuencia hay que aplicar el artículo 109 la Constitución Nacional que estipula la sanción correspondiente.

Esta situación es intolerable en un país que se dice serio y respetuoso de la ley de leyes que es, ni más ni menos, la Constitución Nacional. Llegó entonces la hora de que los magistrados que están retrasando esa votación dejen de ponerle trabas a la ponencia y procedan a votarla sin nuevas dilaciones, teniendo en cuenta solo el bien del país y sobre todo las pruebas que demuestran la violación del tope, advirtiendo que si ellos adoptan la posición de desestimar la evidencia que se coloca ante sus ojos, tendrán que responder ante la opinión pública y ante su juez natural por su impúdico prevaricato.

Por fortuna ya el CNE fijó una fecha para la votación definitiva y como no cabe duda de que se respetará la ley y será aprobada, debe pasar de inmediato a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes (CIACR) para que este organismo cumpliendo un plazo de tipo legal la pase a la plenaria de la Cámara y esta a su vez, después de votar y de acuerdo con la norma constitucional de suspender al presidente de la República, la remita a la consideración del Senado donde culminará el proceso, si es que la Corte Suprema de Justicia  no interviene para una actuación de tipo penal.

Ahora bien: el Pacto Histórico y sus aliados tienen magistrados, representantes y senadores que posiblemente votarán defendiendo al presidente, tanto en el CNE, como en la CIACR y en las plenarias de Cámara y Senado, corriendo el riesgo de no tener en cuenta las evidencias que soportan la acusación. Que quede claro que si lo hacen PREVARICARAN y tendrán la penosa suerte de conocer la cárcel por dentro y por largo tiempo.

Claro está que los amigos del presidente y el mismo mandatario, harán lo posible y lo imposible por evitar todo lo anteriormente anotado. Pero si las instituciones colombianas son tan sólidas como lo deseamos y lo esperamos los ciudadanos de bien, la Constitución y las leyes se cumplirán hasta que el infierno se congele. Si por desgracia no lo son, entonces Colombia será un estado fallido y así quedará colocada junto a la nada deseable compañía de Cuba, Nicaragua y Venezuela y los que quedemos reducidos a la triste condición de habitantes de un país gobernado por el comunismo, solo podremos decir apaga y vámonos.