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Con diez votos favorables y el retiro de la oposición para quebrar el quórum, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de acto legislativo que busca clausurar las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz en 2028 sin opción de prórroga.
La Comisión Primera del Senado de la República aprobó en primer debate un proyecto de acto legislativo orientado a impedir que el mandato de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sea extendido más allá de 2028. La iniciativa, de autoría del senador Enrique Gómez (Salvación Nacional), obtuvo un resultado de 10 votos a favor y ninguno en contra, luego de que los integrantes de la bancada del Pacto Histórico se retiraran del recinto legislativo para intentar romper el quórum decisorio.
El articulado busca modificar el artículo transitorio 15 de la Carta Política, suprimiendo la facultad vigente que permite otorgar un periodo adicional de cinco años para culminar actuaciones jurisdiccionales, así como eventuales extensiones por vía legal. La norma propuesta dispone que el funcionamiento del tribunal transicional tendrá un plazo improrrogable de diez años contados a partir de la entrada en operación de sus salas y secciones, fijando su límite en el primer trimestre de 2028.
Durante la sesión se avalaron tres modificaciones impulsadas por la senadora María Clara Posada. Con estos ajustes, se facultó a la Corte Suprema de Justicia para revisar las condenas de uniformados que no acepten responsabilidad ante la justicia transicional y para tramitar las acciones de tutela contra el sistema transicional una vez empiece la transición formal de cierre.
Traslado de expedientes y marco procesal aplicable
El proyecto de reforma contempla que los procesos y expedientes que permanezcan inconclusos al término del plazo transitorio sean transferidos formalmente a la justicia penal ordinaria mediante una ley regulatoria de transición expedida por el Congreso.
El articulado establece de forma expresa que los jueces ordinarios encargados de resolver estos radicados deberán mantener y aplicar las reglas propias del régimen de justicia transicional. Esto abarca los beneficios provisionales y definitivos, los tratamientos penales especiales y las condiciones de sanción preexistentes, sin que las medidas adoptadas resulten más gravosas frente a las garantías fijadas en la creación del sistema especial.
Para convertirse en norma constitucional, la iniciativa parlamentaria deberá superar ahora siete debates reglamentarios adicionales entre las plenarias y comisiones de ambas cámaras durante dos periodos legislativos consecutivos.
Reparos y alertas del tribunal transicional
Tras la aprobación de la reforma en esta primera célula legislativa, la Jurisdicción Especial para la Paz emitió un pronunciamiento en el que manifestó su preocupación frente al contenido de la iniciativa.
El tribunal transicional advirtió que reducir su mandato hasta marzo de 2028 y trasladar las investigaciones inconclusas a la justicia ordinaria comprometería las garantías y derechos de las víctimas reconocidas en el marco del conflicto armado.
De igual manera, el organismo jurisdiccional alertó que una clausura acelerada del esquema transitorio acarrearía posibles afectaciones a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano en materia de graves violaciones a los derechos humanos, lo cual podría reactivar la vigilancia complementaria de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el territorio nacional.