La propuesta crea un registro de organizaciones y actores terroristas y plantea nuevas sanciones frente a modalidades criminales que no estaban contempladas en la legislación vigente.
El Gobierno de Abelardo De la Espriella prepara un proyecto de ley con el que busca modificar el marco jurídico para enfrentar el terrorismo y las estructuras armadas ilegales, con nuevas conductas sancionables, mayores penas y un mecanismo para identificar a organizaciones e individuos señalados de participar en actividades terroristas.
La iniciativa, que será presentada al Congreso y comenzaría su trámite en la Comisión Primera del Senado, parte de una premisa del Ejecutivo: las normas que actualmente regulan el terrorismo tienen cerca de 25 años y requieren ajustes frente a fenómenos como el uso de drones en ataques, la minería ilegal, las nuevas formas de financiación criminal y las capacidades tecnológicas de las organizaciones armadas.
Uno de los componentes centrales del proyecto es la creación del Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, mediante el cual el Gobierno pretende establecer una clasificación de estructuras e individuos vinculados con actos de terrorismo.
La inclusión en este registro no sería únicamente declarativa. El borrador contempla consecuencias sobre bienes, contratos y condiciones penitenciarias de quienes sean incluidos, aunque el proyecto deberá surtir el correspondiente debate legislativo antes de convertirse en ley.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que la determinación sobre las organizaciones que podrían ser consideradas terroristas estará relacionada con la comisión de determinados actos.
“Organización que cometa actos terroristas como tirarle granadas o tirarle drones o sembrar minas pues es una organización terrorista que debe ser tratada como tal; ya lo definirá el Consejo de Seguridad Nacional”, señaló.
Drones, cercos y apoyo logístico
El proyecto incorpora nuevas conductas al catálogo penal y establece diferentes rangos de prisión dependiendo de la participación de las personas en las actividades ilícitas.
Una de las novedades está relacionada con el uso ilegal de drones. El borrador contempla penas de hasta 30 años de prisión para quienes fabriquen, compren o transporten estos dispositivos con fines ilícitos. También establece sanciones para quienes organicen, faciliten u ofrezcan servicios relacionados con su utilización para actividades criminales.
Otra de las figuras que busca incorporar es la relacionada con los denominados cercos. El texto propone sancionar la retención de integrantes de la Fuerza Pública durante el servicio y modificar la denominación de los llamados “cercos humanitarios” por “cerco con privación de libertad”, cuando se utilicen para impedir operaciones de las autoridades y se produzca una restricción de la libertad.
El proyecto también contempla castigos para quienes presten apoyo logístico a organizaciones criminales sin intervenir directamente en los ataques. El suministro de transporte y otros servicios esenciales a estas estructuras tendría penas diferenciadas.
A esto se suman modificaciones relacionadas con la minería ilegal, el tráfico de combustibles y el apoderamiento ilícito de hidrocarburos, actividades que el Gobierno identifica como fuentes de financiación de organizaciones criminales.
El borrador plantea además aumentar las penas para determinadas modalidades de extorsión y contrabando, así como para ataques contra infraestructura estratégica, contaminación de fuentes hídricas e interrupción de servicios públicos.
Un nuevo componente institucional
La propuesta también contempla la creación de una Oficina del Alto Comisionado contra el Terrorismo, que tendría funciones relacionadas con la implementación y seguimiento del nuevo estatuto.
De igual manera, se plantea un régimen penitenciario de mayor restricción para cabecillas, financiadores y altos mandos de organizaciones terroristas.
Estas medidas estarían articuladas con el proyecto de sometimiento a la justicia que desarrolla el Gobierno para establecer las condiciones bajo las cuales determinadas estructuras criminales podrían abandonar las actividades ilegales y acogerse a mecanismos de sometimiento.
Uno de los aspectos que deberá concentrar el debate en el Congreso será precisamente el alcance de las facultades asociadas al nuevo registro y las consecuencias jurídicas de ser incluido en él.
El borrador establece mecanismos para solicitar la exclusión del registro y contempla la posibilidad de que organizaciones sometidas a procesos de desmovilización o sometimiento puedan salir de esta clasificación bajo determinadas condiciones.
Debate político en el Congreso
El proyecto llegará al Legislativo en medio de posiciones enfrentadas sobre la necesidad y el alcance de las nuevas herramientas.
Los sectores que respaldan la iniciativa sostienen que el crecimiento de las estructuras armadas y su presencia territorial exige actualizar los instrumentos de persecución contra el terrorismo, particularmente frente al uso de nuevas tecnologías y las fuentes de financiación ilegal.
En la otra orilla, sectores de oposición han cuestionado algunas de las facultades previstas en el borrador y han advertido sobre el riesgo de que determinadas decisiones administrativas tengan efectos similares a los de una actuación judicial.
El Gobierno, por su parte, defiende la iniciativa como una actualización de las herramientas estatales para enfrentar a las organizaciones terroristas y sostiene que las medidas deberán aplicarse dentro de los procedimientos establecidos por la ley.