La escalofriante publicación que hace el senador Enrique Gómez Martínez en su sitio web sobre los 3.3 billones de pesos que acaba de derrochar el presidente saliente en una maratón de contratos a dedo es inimaginable y requiere una reacción drástica e inmediata para salvar lo poco que queda de los recursos fiscales.
En los últimos 10 días se han dedicado los dirigentes políticos, los medios de comunicación y gran parte de la sociedad a temas que carecen de la trascendencia del monumental saqueo que se está perpetrando a los ojos de todos y que dejará un terrible impacto en las finanzas públicas y en los programas proyectados para el bien de la sociedad.
El tema de la corrupción es recurrente y ya dejó de ser noticia en este vergonzoso período presidencial. Cabe aquí preguntarnos: ¿Por qué ningún gobierno ha enfrentado con eficacia esta crisis endémica de nuestra sociedad?
En primer lugar, por falta de voluntad política para hacerlo. Nuestras costumbres políticas han fincado la supervivencia de los partidos en el mantenimiento del poder, en el usufructo de las mieles del presupuesto, la burocracia y la contratación. Los valores morales, la transparencia en el manejo de los recursos públicos, la ética en la administración del Estado no pasan de ser vacías consignas de campaña, de las cuales nadie se acuerda a la hora de gobernar.
En segundo término, nunca se han atacado las causas que originan la corrupción. Esporádicamente los entes de control intervienen para poner a disposición de la Justicia a los presuntos responsables de actos corruptos; algunos salen libres por vencimiento de términos; otros pagan unas condenas irrisorias con el beneficio de la casa por cárcel, desde la cual siguen delinquiendo; otros, con inmensas fortunas a su disposición y conexiones con los dirigentes políticos, logran su libertad y disfrutan muy orondos del producto de sus fechorías.
Queremos creer que ha llegado la hora de que este funesto mal sea erradicado de nuestro país. Después de la elección de Abelardo de la Espriella como próximo presidente de los colombianos está asegurada esa voluntad política que hasta ahora ha faltado.
Sólo resta que en esta oportunidad no cometamos los mismos errores y vamos al meollo del problema con una solución integral, audaz y creativa, que abarque los siguientes aspectos fundamentales:
1.- Debe reducirse drásticamente el tamaño del Estado en todas sus ramas y a todo nivel. La corrupción encuentra facilidades en paquidérmicas organizaciones difíciles de controlar.
2.- Toda persona que preste funciones públicas en cualquier rama del Estado y a todo nivel, debe ser escogida por méritos, con conocimientos y formación adecuada para el cargo que va a desempeñar, con excepción de los que sean elegidos por votación popular,
3.- En todas las entidades del Estado se implementará la carrera administrativa, que garantice que todo ascenso o cambio en los cargos se realice mediante concurso de méritos. Vale la pena tramitar estas profundas reformas constitucionales antes de que seamos aniquilados por la rampante corrupción. Y si el Congreso no está a la altura de las circunstancias, seamos audaces para pedir su aprobación al constituyente primario.
4.- Debe revisarse la legislación sobre contratación para eliminar la contratación de bienes o servicios por fuera de un proceso de licitación. Se dejará solamente la excepción para compras de mínima cuantía y para casos de emergencia por desastre natural, en los cuales se aplicarán especiales auditorías.
5. Debe reformarse la ley penal para revisar la penalidad de los delitos relacionados con corrupción, castigar severamente a todos los participantes, eliminar los beneficios de casa por cárcel, excarcelación provisional y subrogados penales. Quien sea condenado no podrá por el resto de su vida, contratar con el Estado ni ejercer funciones públicas.
6.- Debe existir, como lo ha propuesto el señor Presidente electo, un comité o dependencia dependiente de la Presidencia que se encargue de la recuperación de todos los bienes defraudados al Estado mediante la corrupción, y de la intervención en los procesos penales que se adelanten contra los corruptos para garantizar que no duerman el sueño de los justos.
El Estado debe actuar como protector eficiente de su patrimonio y, en consecuencia, debe denunciar ante los tribunales competentes todo acto de corrupción del cual tenga conocimiento y aportar las pruebas que haya recaudado.
7.- Toda irregularidad cometida por un funcionario público en materia de manejo transparente de los recursos fiscales debe ser sancionada con su despido inmediato. Los superiores o jefes del infractor que oculten el hecho o se abstengan de denunciarlo serán sancionados con la misma medida de despido.
Luis Alfonso García Carmona: Abogado. Escritor. Fundador de Alianza Reconstrucción Colombia.
30/07/2026 | Por: Luis Alfonso García Carmona
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