Campanazos de la OCDE al Gobierno para recuperar la economía
El secretario general de la OCDE, Mathis Corman, junto al vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez./Minhacienda

En su último diagnóstico que periódicamente hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a la economía, señala que Colombia ha logrado importantes avances sociales y económicos en las últimas décadas y ha demostrado una notable resiliencia frente a choques recientes.

Sin embargo, advierte que el país enfrenta actualmente un entorno más desafiante, caracterizado por una inflación persistente, crecientes presiones fiscales y una inversión débil.

En su visita a Bogotá, del secretario general del organismo, Mathias Corman, para la presentación del estudio “Economic Survey: Colombia 2026″, y en el que participaron el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, la entidad pidió al Gobierno garantizar la estabilidad macroeconómica y fortalecer la credibilidad de las políticas públicas, “porque es fundamental para impulsar el crecimiento, reforzar la resiliencia y mejorar los niveles de vida”.

Asimismo, propuso al Ejecutivo, crear una estrategia de consolidación fiscal creíble y gradual, que combine medidas tanto por el lado del gasto como de los ingresos y preserve la inversión pública productiva y el gasto social bien focalizado, junto con esfuerzos sostenidos que la inflación converja a la meta, contribuiría a restablecer la confianza, reducir los costos de financiamiento y crear las condiciones para una mayor inversión privada.

Las reformas

Informó la OCDE al Ejecutivo, que “también se requieren reformas estructurales para elevar el crecimiento potencial de manera amplia y sostenible, y para afrontar los desafíos asociados al cambio demográfico, la acción climática y la transformación digital. Colombia debe prepararse para un rápido envejecimiento de la población ampliando el empleo formal, especialmente entre las mujeres y los jóvenes, y garantizando la sostenibilidad del sistema de pensiones”.

De otro lado, se debe proponer alcanzar los ambiciosos objetivos climáticos requerirá movilizar significativamente más capital privado. Un precio al carbono más sólido, una mejor preparación de proyectos e instrumentos de mitigación y distribución de los riesgos pueden contribuir a impulsar la inversión verde. Al mismo tiempo, acelerar la digitalización, fortalecer las competencias digitales y ampliar la adopción de tecnologías que aumenten la productividad impulsaría la productividad y mejoraría la prestación de servicios públicos.

Señala el organismo, que la economía colombiana ha mostrado una resiliencia considerable frente a las perturbaciones recientes, pero la debilidad de la inversión y el escaso crecimiento de la productividad siguen limitando su potencial económico a largo plazo.

Según el informe, para sostener el crecimiento y mejorar el nivel de vida será esencial garantizar la sostenibilidad fiscal y promover reformas que fortalezcan la inversión, la productividad y el empleo formal.

Crecimiento

En cuanto al PIB, el nuevo Estudio Económico de la OCDE sobre Colombia prevé un crecimiento moderado del 2,6 % en 2026 y del 2,1 % en 2027. Las presiones inflacionarias siguen siendo un desafío importante, ya que se espera que la inflación general se sitúe en el 6,0 % en 2026 y en el 5,9 % en 2027, unos niveles muy por encima del objetivo del 3 % fijado por el banco central, pese a la orientación restrictiva de la política monetaria.

El Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, señaló que “Colombia ha logrado importantes avances económicos y sociales desde su adhesión a la OCDE, con un descenso del desempleo, la pobreza y la informalidad”.

Sostuvo el alto directivo de la organización, que “la consolidación de estos avances requerirá medidas convincentes para reforzar las finanzas públicas, impulsar el crecimiento de la productividad mediante la digitalización y la IA, y aprovechar mejor la fuerza laboral de Colombia ante el envejecimiento demográfico. Todas estas reformas pueden acelerar la convergencia de Colombia hacia los niveles de vida de la OCDE”.

La deuda

Asimismo, la entidad indicó que ante la previsión de que el déficit del gobierno central se sitúe en el 7,2 % del PIB en 2026 y dado que la deuda pública continúa aumentando, el Estudio subraya la necesidad de aplicar una estrategia de consolidación a mediano plazo para que la deuda entre en una senda descendente y se restablezca el cumplimiento de la regla fiscal.

Estos objetivos pueden alcanzarse mejorando la eficiencia del gasto —en particular, mediante una mejor focalización de los subsidios para que lleguen a los hogares más vulnerables— y aplicando gradualmente una reforma tributaria integral, que amplíe las bases tributarias, reduzca las exenciones, refuerce el cumplimiento de las obligaciones fiscales y simplifique el sistema tributario.

Considera que el proyecto de Ley de Rescate Económico presentado por el Gobierno va en la dirección correcta, pero su aplicación efectiva será clave para lograr un ajuste fiscal duradero y mejorar la confianza.

Las reformas para impulsar la productividad también serán importantes, ya que un crecimiento más sólido y la sostenibilidad fiscal se refuerzan mutuamente.

De allí que la digitalización ofrezca importantes oportunidades, especialmente para las empresas más pequeñas, entre las que su adopción sigue siendo limitada. El estudio recomienda mejorar las habilidades digitales, reforzar la competencia en el sector de las telecomunicaciones y apoyar a las pequeñas empresas en la adopción de tecnologías mediante formación y servicios de asesoramiento específicos, también en materia de IA. La ampliación de los servicios públicos digitales reduciría los costos administrativos para las empresas y favorecería la formalización.

Fuerza laboral

Aunque Colombia todavía cuenta con una población relativamente joven, el envejecimiento demográfico avanza con rapidez. Para aprovechar mejor la fuerza laboral, será necesario disminuir los obstáculos al empleo formal, en particular reduciendo los costos laborales no salariales en el caso de los trabajadores de bajos ingresos, ampliando el acceso al cuidado infantil para favorecer la participación de las mujeres en el mercado laboral, y facilitando a los jóvenes el acceso a empleos formales mediante programas de formación profesional mejor adaptados a las necesidades de los empleadores.

En el informe, la OCDE puntualiza que “será esencial movilizar inversión privada para reforzar la seguridad energética, cumplir los objetivos climáticos del país y promover la resiliencia frente a los riesgos relacionados con el clima. Dada la magnitud de la inversión necesaria, los recursos públicos por sí solos no serán suficientes. Para aumentar la inversión privada se requieren precios del carbono más elevados y previsibles, una mejor preparación de los proyectos, mecanismos más sólidos de mitigación de riesgos y mercados de capitales más profundos.

Con la reforma tributaria

Al destacar la presentación de una Ley de Recorte Económico, a la par que pide ampliar la renta de las personas, expresa que se debe bajar gradualmente el umbral para declarar y pagar; recortar las exenciones que más benefician a los ingresos altos, como las de pensiones y ganancias ocasionales; que todos declaren, aunque no paguen. “La ley va en ese camino: con el nuevo tramo de 9 %, se pagaría renta desde unos $5,5 millones al mes”, indicaron.

Para las empresas, la OCDE recomienda bajar la tarifa de renta de 35 % a 30 % y quitar los regímenes especiales. La ley radicada la bajaba a 31 %, pero el Gobierno ya propuso dejarla en 35 % para tapar parte del hueco que dejó el IVA a la canasta.

Además, propone subir el impuesto al carbono hasta 67 dólares por tonelada en 2040; actualizar los avalúos para cobrar más predial; reforzar la DIAN con más cruces de información, declaraciones prellenadas y factura electrónica.

En esto último advierte que esas ganancias suelen llegar despacio y quedar por debajo de lo proyectado. En este sentido, el informe pide contener la nómina pública, las compras y los gastos administrativos; focalizar mejor las transferencias sociales, agrupadas desde 2023 en Renta Ciudadana, y los subsidios de luz, agua y gas porque buena parte llega a hogares que no son pobres; desmontar el subsidio al diésel del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), como ya se hizo con la gasolina desde 2023.