Publicamos este análisis por su evidente actualidad: qué suerte podría correr Colombia si el candidato de extrema izquierda Gustavo Petro gana la elección presidencial el 19 de junio próximo. Este texto intenta abordar igualmente el tema, no menos candente, de qué suerte podría correr el país si ese candidato pierde una vez más esa crucial elección.
El texto es el prefacio del libro del periodista Eduardo Mackenzie “La crisis colombiana del año 2022. ¿Resignarse o conjurarla?” (Ediciones Dipon, de Bogotá y Ediciones Gato Azul, de Buenos Aires, marzo de 2022).
Gane o pierda Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de junio de 2022, Colombia sabe que deberá continuar el combate político contra lo que ese personaje representa.
Si Petro resulta elegido para ocupar el Palacio de Nariño, ni sus adversarios, ni el país en general, tendrán un momento de respiro. Desde el primer día serán atacados, desalojados, brutalmente o con disimulo, por el nuevo mandatario, por sus agentes y por los grupúsculos violentos que lo rodean desde hace 25 años.
Pero como quien ataca se expone a ser atacado por sus adversarios o sus víctimas, aun si el agresor ha ganado una elección presidencial, la resistencia popular, intelectual, parlamentaria, económica y diplomática contra el régimen atroz que Petro tratará de estructurar –con los métodos de Hugo Chávez y de sus epígonos en América Latina–, comenzará a emerger en las capitales del país y se extenderá como un incendio por toda la geografía nacional.
Pues Colombia no va a incurrir en el error que cometieron los venezolanos: esperar. Esperar que una próxima elección modifique o defina la suerte del tirano, esperar que un referendo revocatorio, con máquinas de votar Smartmatic trucadas, defina si el tirano se queda o se va, esperar a que un Grupo de Lima logre aislar, con discursos, coqueterías y conversaciones de salón, al sátrapa. Esa estrategia aberrante y miope que ha durado 20 años abrió el camino a la destrucción de Venezuela, al éxodo de millones de venezolanos, a la miseria, al hambre y a la opresión más brutal de la población, a la abolición de la prensa libre y a la consolidación de un Nicolás Maduro que no es más que un lacayo de Cuba y de Putin.
Colombia no cometerá ese inmenso error. Si Petro sale vencedor de alguna manera en junio, las fuerzas patrióticas se organizarán de nuevo, inmediatamente, reforzarán sus bastiones, convocarán a las mayorías y se pondrán en marcha para impedir la consolidación del proceso revolucionario que Petro intentará erigir con el Grupo de Puebla para dejar a Colombia en la inopia, durante 20 o 30 años, en la hambruna y en manos de poderes extra continentales totalitarios. No es porque el pueblo quiera desacatar por puro capricho una elección presidencial sino porque sabe que Gustavo Petro no es un político como los demás. Como presidente, él no estará para servirle al país, sino para servirse del país, no estará para “garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”, como quiere la Constitución, sino para eliminar los derechos, brutalizar la oposición, desmontar la economía de mercado e imponer una ideología obligatoria y única.
Los colombianos al obrar así descartarán la vía venezolana y chilena y seguirán el ejemplo de los peruanos que tras la elección de un extremista, Pedro Castillo, no se resignaron y están avanzando, gracias a una movilización en todos los órdenes, hacia la destitución del personaje. Los peruanos no quieren repetir los errores de los venezolanos que trataron de adaptarse a la dictadura –salvo las fracciones juveniles que salieron a protestar en las calles para dar heroicamente sus vidas por la libertad–, ante la combinación de promesas demagógicas y la brutal represión policiaca de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Si, en la otra hipótesis, Petro pierde la votación, los colombianos no alcanzarán la paz por ese solo hecho electoral. Nadie ignora que el petrismo es un movimiento de conquista y usurpación, no de persuasión y adhesión, y que la paz es algo que los pueblos conquistan con su lucha firme. En ese caso, la nación colombiana seguirá sufriendo, como hasta hoy, los ataques combinados, directos e indirectos, visibles o taimados, terroristas o judiciales, del petrismo vencido electoralmente. La inseguridad, el consumo de drogas y la corrupción en las ciudades seguirán creciendo con la complicidad de los alcaldes de la corriente petrista.
Minoritario pero organizado y respaldado por intereses extranjeros, el petrismo, al perder la presidencia en 2018, azotó desde el comienzo al gobierno de Iván Duque, como había hecho también diez años atrás, pero con resultados diferentes, con el de Álvaro Uribe. Y atacó a la fuerza pública, el gran obstáculo a sus ambiciones, y a la población de campos y ciudades con sus huestes fanatizadas. Todos los estratos sociales, incluso los más necesitados, sufrieron abusos, heridas, mutilaciones y muertes que ya nada puede reparar, durante los numerosos y sangrientos “paros cívicos” de 2019, y las “protestas pacíficas” del petrismo, con ayuda de las “primeras líneas” del Eln, sobre todo en las jornadas sangrientas de 2020 y 2021. Esas fuerzas disolventes volverán a emerger como una hidra de mil cabezas para tratar de derribar la democracia liberal y la civilización humana. Pero serán derrotadas.
La situación de Colombia es, pues, esa: fracasado o no, el petrismo seguirá gangrenando a Colombia, desde el poder o fuera de él. La dinámica electoral de marzo/junio de 2022 no definirá el futuro político. Este lo resolverá el ardor patriótico, la capacidad de lucha del país para resistir y erradicar esa tara que se llama petrismo. Los escrutinios que vienen no resolverán automáticamente el problema de la paz ni el de la concordia nacional, ni el tema de la prosperidad económica, ni la cuestión del destino de Colombia en el continente.
Esa paz y esa unidad nacional tendremos que ganarla y podemos ganarla pues ya la ganamos una vez, no hace mucho. La ganó el país al cabo de cuatro años de esfuerzos inmensos del gobierno, de la fuerza pública y de los partidos moderados, todos unidos tras unos lineamientos de combate: la doctrina de la seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe. Esa línea liberó a los colombianos y venció al narco-comunismo de esa época. Hasta que un nuevo mandatario revirtió, desgraciadamente, esos avances históricos y le entregó nuevas parcelas de poder a las Farc.
El espíritu de resistencia contra tal viraje traidor sigue vivo en Colombia y fue demostrado en 2016 con el triunfo del No en el referendo nacional que rechazó los infames acuerdos de paz urdidos lejos de Colombia, a espaldas de todos, entre los capos de las Farc y el presidente Santos. Ese espíritu de resistencia demostró que en ciertos momentos los colombianos no ceden ante las mentiras, órdenes y amenazas, así vengan del aparato presidencial.
La “cláusula Petro” es una muestra de esto. Esa estipulación atípica dentro de los contratos, tan en boga hoy en las operaciones industriales y financieras privadas en Colombia, es un embrión perfectamente legal de respuesta anti petrista. Ese fenómeno –el pacto de que el contrato empezará a ser ejecutado sólo si Gustavo Petro es derrotado en la elección presidencial–, comenzó en 2018, en vísperas de la elección presidencial, a causa del miedo que inspiraban un asalto petrista al poder y las posibles expropiaciones arbitrarias del discípulo de Hugo Chávez. Ese temor se instala de nuevo en 2022 y la cláusula se dispara no solo en las operaciones de grandes inversionistas sino también en las transacciones menores como la compra-venta de un inmueble.
En un tiempo aún más lejano, los colombianos fueron capaces de desbaratar una dictadura militar. El 10 de mayo de 1957, sin necesidad de acudir a un golpe militar, un vasto movimiento cívico de oposición, vertebrado por los gremios económicos, la Iglesia católica y los dos grandes partidos, el Liberal y el Conservador, paralizaron el país y obligaron al general Gustavo Rojas Pinilla a abandonar el poder sin recurrir a un baño de sangre.
Los artículos reunidos en este libro no agotan el vasto tema de Gustavo Petro pero sí muestran su trayectoria y hacen visible los episodios claves pero poco analizados de su itinerario político. El saber claro y distinto es un elemento esencial para combatir con éxito en el campo académico, científico, militar y político.
Muestran, por ejemplo, cómo el jefe de la “Colombia Humana” ha estado articulado, con gran habilidad, a todos los proyectos y movimientos depredadores que atormentan a Colombia desde hace años.
El análisis sobre la elección de Petro como alcalde de Bogotá, el 30 de octubre de 2011, confirma las fallas del sistema de elección de alcaldes y gobernadores en Colombia y advierte que esa fue quizás la operación más audaz del M-19 contra el sistema político, más incluso que el asalto contra el Palacio de Justicia en 1985 y los procesos judiciales perversos que los exguerrilleros y los narcos montaron contra los militares que derrotaron esa toma. La elección como alcalde de la capital del país fue, para Petro, el trampolín supremo para abrirse una vía para tratar de conquistar el poder mediante una elección presidencial.
También observan esos textos cómo, a fuerza de esquivas y traiciones, Petro logró escapar, con gran sagacidad, de coyunturas obscuras que le habrían podido cerrar el camino hacia el poder distrital, como los escandalosos niveles de corrupción que alcanzó la alcaldía de Samuel Moreno Rojas, un dirigente del partido de Petro.
Petro nunca se arrepintió de su pasado terrorista, aunque hizo parte del M-19, uno de los movimientos más sanguinarios. Casi olvidado hoy es el hecho de que las Farc intentaron en 2013 deshacerse del Procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado cuando él, precisamente, trataba de destituir a Petro por sus actuaciones en la alcaldía de Bogotá. El respaldo dado a Gustavo Petro por las Farc desde Cuba durante las capitulaciones de La Habana, prueba que la “izquierda democrática” no ha podido existir en Colombia pues detrás de los proyectos ilusorios de aquella planeó siempre el brazo armado comunista.
Sin querer interrogarse seriamente sobre el origen de la violencia revolucionaria en Colombia, Petro tiene el cinismo de lanzar acusaciones absurdas contra la nación colombiana como la de ser la “culpable” de “la guerra”.
¿Gustavo Petro Urrego fue amnistiado? Esa es la gran pregunta. Un primer intento de respuesta debe estar escondido en alguna gaveta de un despacho oficial. En marzo de 2018 hubo discusiones contradictorias sobre ese tema entre el ministerio de Justicia, el Consejo de Estado y el Concejo de Bogotá. Según el ministerio de Justicia, Gustavo Petro no recibió amnistía ni indulto en forma alguna y su estatuto es, en cambio, únicamente el de un “desmovilizado” del M-19 desde 1998. Un investigador, François Roger Cavard, receptor de ese certificado ministerial, estimó que por esa razón “Petro está impedido de por vida y de manera insaneable para ocupar cargos de elección popular”.
Sin embargo, un consejero de Estado rechazó ese argumento. Cavard pedía la anulación de la inscripción de Gustavo Petro como candidato presidencial por haber sido condenado a 18 meses de prisión en 1985 por porte ilegal de armas, sin que él haya sido amnistiado o indultado por ese delito. Pero no fue escuchado. No obstante, el argumento de Cavard sigue vivo. Si Petro no ha sido amnistiado ni indultado él puede ser objeto de inhabilitaciones y de una o de varias demandas penales por los crímenes que pudo haber cometido desde su ingreso al M-19 hasta el último día de su actuación en esa estructura armada ilegal.
Otra temática analizada en estos artículos es el de los proyectos para desestabilizar la Policía Nacional. El senador Petro pretende poner la dirección central de ese cuerpo armado permanente de carácter civil a merced de los caprichos de la política y del gobierno de turno. El legislador colombiano, para evitar ese peligro, adscribió hace años la Policía Nacional al ministerio de Defensa. Petro, el PCC y otros grupos radicales buscan dañar esa arquitectura, pues saben que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se complementan bien en el trabajo antisubversivo y son la pieza maestra de la fuerza pública en general. La extrema izquierda quiere desorganizar ese dispositivo y con esa mira hacen llamados al gobierno de Estados Unidos y a otros aliados militares de Colombia para que disminuyan o cesen su ayuda técnica y financiera a esas fuerzas encargadas de la defensa y de la seguridad en Colombia.
El alto índice de rechazo que genera la actuación de Gustavo Petro en Colombia se explica igualmente y en buena parte por sus actitudes irresponsables y provocadoras ante las violentas jornadas de protesta de los últimos años.
“¿Que no quieren aglomeraciones de gente protestando? Entonces retiren la reforma tributaria”, lanzó con rudeza Gustavo Petro el 27 de abril de 2021 a quienes pedían, por razones de salud pública, la suspensión de las manifestaciones de protesta de ese mes, puesto que la pandemia del Covid estaba creciendo velozmente, por tercera vez, en las ciudades de Colombia.
Esas protestas y bloqueos de vías, verdaderas ofensivas insurreccionales disfrazadas retóricamente de “paros cívicos”, una nueva forma de barbarie moderna, se prolongaron hasta mayo y causaron la muerte de 21 personas, entre ellos dos bebés. Más de 2.000 personas fueron heridas, entre ellos 1 253 policías (con armas de fuego, explosivos, cuchillos y piedras), resumo en uno de mis artículos, tras la lectura de un balance del ministerio de Defensa y de la Fiscalía General de la Nación. “Sólo en Bogotá, 677 bienes de la policía fueron vandalizados: 536 vehículos, 138 cuarteles y 1 dispensario médico”.
La operación destructora no afecto solo a Bogotá. Juzgados de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Tuluá, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Rosa de Viterbo, La Plata y Villavicencio, fueron atacados e incendiados. Los daños, sin el caso de Tuluá, ascendieron a 1.800 millones de pesos.
En junio del mismo año, las cifras arrojadas por los 50 días de caos total fueron más altas: 27 muertos, 1.113 civiles heridos, 1.362 policías heridos y 3.425 bloqueos de vías. En octubre de 2021, otra serie de desmanes, dirigidos por dos sindicatos comunistas, llegaron a sitiar varias ciudades y a apoderarse, por unos días, del eje Cali-Buenaventura con el objetivo de estrangular la economía del país. El papel de Gustavo Petro en esas calamidades fue muy cobarde: el de animador de tales razzias sangrientas sin tener que responder penalmente por sus actos gracias a la inmunidad que disfrutaba por el hecho de ser miembro del Senado.
Las ideas económicas del candidato Petro son también examinadas en el libro. Petro anunció que si llega a la presidencia tendrá como asesor económico al investigador francés Thomas Piketty para buscar con él “la producción y la equidad” en Colombia, sin darse cuenta de que la solución simplista de Piketty, por lo cual es ahora poco escuchado fuera del mundo académico, es el aumento excesivo de impuestos, una palanca que malograría, sobre todo en Colombia, la competitividad de sus productos de exportación y por ende la creación de bienes y servicios para la población colombiana. Entre las ideas económicas más polémicas de Petro está la de acabar los fondos de pensiones privados, paralizar la minería y dejar de explorar y exportar petróleo para “salvar el planeta”. A Gustavo Petro le interesa más la ecología radical que preservar el desarrollo de Colombia.
Los sobresaltos más recientes que tienen que ver con la campaña de Gustavo Petro se originan en el nuevo sistema electoral electrónico que el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, ha instalado para los escrutinios de 2022. El 3 de noviembre pasado, Vega se reunió, en “consulta interna”, muy privada y a puerta cerrada, con directivos del partido Polo Democrático a quienes les ofreció “garantías para el desarrollo del ejercicio democrático”.
Los otros partidos critican el hecho de que Alexander Vega se haya reunido únicamente con el partido de Gustavo Petro. El Registrador aceptó entonces ofrecer garantías a otras formaciones políticas y proclamó que el nuevo software comprado por la Registraduría a la empresa española Indra, la cual tiene viejos lazos tecnológicos con la cuestionada empresa de origen venezolano Smartmatic, realizará el conteo de votos de la elección legislativa y de la elección presidencial en forma autónoma y no bajo el control técnico de Indra. Pero el déficit de explicaciones técnicas de Vega sobre el funcionamiento real de los nuevos computadores de voto electrónico fomenta dudas entre los observadores sobre la pureza de esos conteos.
Por Eduardo Mackenzie, 4 de marzo de 2022.COLOMBIAN NEWS, 15 juin 2022.
