Más de 6,8 billones de pesos que fueron asignados a los equipos básicos en salud entre el último trimestre de 2022 y junio de 2026, pero que no tendrían indicadores verificables de impacto y tampoco contarían con resultados demostrables, fueron relacionados en el denominado Libro de la Verdad: en el que la administración de Abelardo de la Espriella le puso la lupa a la gestión de su antecesor, Gustavo Petro, por cuenta de la crisis.

El informe sostuvo que esos recursos se destinaron a una estrategia del Ministerio de Salud para llevar atención primaria a zonas rurales y apartadas, pero asegura que no existe una evaluación que permita establecer si ese gasto mejoró la atención. En la denuncia, también se afirmó que la Superintendencia Nacional de Salud no se pronunció sobre la ejecución y el uso de esos fondos, lo que alimentó las sospechas.

Esta fue una de las principales alertas sobre la gestión del anterior gobierno, pues, de acuerdo con lo reseñado, dichos equipos básicos estaban integrados por médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos y trabajadores sociales vinculados a Empresas Sociales del Estado (ESE). Su propósito era extender la atención primaria a regiones apartadas del país, aunque no existiría un balance fiable de estas inversiones.

“El Ministerio de Salud financió equipos básicos en salud durante cuatro años sin poder demostrar un solo resultado”, refirió el equipo de empalme, en el que se agregó que “no existe alguna evaluación sobre el impacto que estos produjeron en la atención”. Con ello, reafirmaron que “el Gobierno saliente puede decir cuánto gastó; no puede decir en qué cambió la vida de la gente”; un índice que deja mal parado a Petro.

Un programa de $6,8 billones sin seguimiento en su ejecución e indicadores de impacto verificables “no es una política pública, es una caja de gasto sin control ni rendición de cuentas”. Una afirmación con la que pretendió resumir lo que representan los hallazgos en este rango de acción, uno de los que causa mayor preocupación en el Ejecutivo, que prometió un plan de choque por $10 billones para estabilizar el sistema.

Baja ejecución y falta de vigilancia de los recursos asignados al sector salud

En lo que respecta a otros indicadores, el nivel de ejecución a junio de 2026 era de 29%, de acuerdo con el informe. El mismo documento agregó que el 67% de los recursos asignados se destinó entre 2025 y el primer semestre de 2026. Esa combinación de baja ejecución y concentración tardía del gasto aparece ligada, según la denuncia, a la falta de control sobre el destino de los recursos que fueron asignados para este rubro.

La denuncia contrastó ese gasto con el deterioro del sistema de salud. El informe mencionó retrasos en la prestación de servicios, incumplimientos en la entrega de medicamentos y pasivos crecientes con EPS, IPS y proveedores. Y también reiteró un dato sobre la presión en el sistema intervenido: entre 2022 y lo corrido de 2026 se acumularon más de 1,5 millones de peticiones, quejas y reclamos en las EPS intervenidas.

Y de ese total, 645.794 son de medicamentos no entregados, por lo que el empalme resumió esa diferencia en otra de las citas incluidas en el documento. “Mientras el sistema de salud se desangraba financieramente y millones de colombianos sufrían las consecuencias en la atención, el ministerio comprometía billones sin realizar un seguimiento de su ejecución ni evaluar su impacto”, se señaló en el libro.

Otros hallazgos sobre infraestructura y control fiscal en el ‘Libro de la Verdad’

El documento indicó que el 29 de diciembre de 2025, a tres días del cierre de la vigencia, el ministerio viabilizó y asignó más de 2,2 billones de pesos para 60 proyectos de infraestructura hospitalaria. Según la denuncia, esos recursos se comprometieron “sin estudios de conveniencia y necesidad, diseños definitivos ni presupuestos de obra”, lo que causó alarmas entre la comunidad que sigue las novedades del sistema.

También se enfatizó en cómo esa decisión se tomó de forma apresurada antes del cierre anual y señaló que no se habían girado recursos para pagarles a las EPS por la prestación de servicios a sus afiliados. Otra observación indicó que, de los $16,1 billones para la salud entre 2022 y 2026, solo se legalizó el 28,3% según el sistema de información del ministerio, lo que llevó a la Contraloría a no aprobar la cuenta fiscal del 2025.

Sobre esa cuenta fiscal, la Contraloría formuló 21 hallazgos administrativos, 17 con incidencia disciplinaria y uno fiscal. El informe relacionó esas observaciones con fallas de planeación y supervisión del gasto, por lo que uno de los interrogantes está enfocado en cuál fue el destino efectivo de esos recursos: que no se habrían traducido en una mejora real del acceso a la salud para la población colombiana.