Análisis de Corficolombiana plantea que reglas y coordinación institucional son claves para reactivar proyectos.
La inversión fija en Colombia atraviesa uno de sus momentos más débiles de las últimas seis décadas.
Corficolombiana* estima que este indicador se ubicará en 15,7% del producto interno bruto (PIB) durante 2026, un nivel que refleja las dificultades para recuperar la formación de capital y avanzar en proyectos estratégicos de infraestructura y energía.
La firma advierte que la incertidumbre regulatoria y los retrasos en distintos trámites representan desafíos para la ejecución de nuevas inversiones.
Las cifras fueron presentadas por César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corfi, durante el Foro de Sostenibilidad Luz Verde: acuerdos para el desarrollo, realizado este 11 de noviembre. El análisis examina la evolución de la inversión en Colombia y su relación con los procesos de consulta previa, el licenciamiento ambiental y las condiciones institucionales para desarrollar proyectos.
De acuerdo con la serie histórica presentada por la entidad, la tasa de inversión fija pasó de 24,1% del PIB en 2007 a 16,1% en 2025. Para 2026, el indicador se sitúa en 15,7%, lo que representa una diferencia de 8,4 puntos porcentuales frente al nivel registrado en 2007.
inversión. Foto:iStock
El comportamiento también contrasta con otros periodos de la economía colombiana. En 1988, por ejemplo, la inversión fija equivalía al 22,1% del PIB, mientras que en 2015 alcanzaba el 23,4%. La trayectoria posterior muestra una reducción que ha llevado al indicador a niveles inferiores a los observados en buena parte de la serie iniciada en 1966.
Para Corficolombiana, recuperar la inversión requiere avanzar en la construcción de acuerdos que permitan mejorar la certidumbre, la coordinación entre instituciones y las condiciones para desarrollar proyectos productivos, sin desconocer los compromisos sociales y ambientales asociados con estas actividades.
Inversión en Colombia: los retrasos que afectan los proyectos de infraestructura y energía
Uno de los hallazgos del estudio está relacionado con el avance de los proyectos de infraestructura vial de quinta generación (5G).
Según Corficolombiana, solo cuatro de los 13 proyectos carreteros 5G han comenzado y todos presentan retrasos frente a lo planeado. Además, el 54% de las iniciativas continúa en fase de estructuración, mientras que dos proyectos que ya están en construcción registran un avance de 0% en el corte examinado.
La firma también identificó diferencias importantes entre la capacidad de generación de energía proyectada y aquella que efectivamente ha entrado en operación.
El análisis señala que menos del 20% de la capacidad energética planeada ha ingresado al sistema durante el periodo evaluado, lo que refleja las dificultades que enfrentan distintos desarrollos para cumplir sus cronogramas.
César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana Foto:Milton Díaz / Portafolio
Estos rezagos tienen implicaciones que van más allá del avance físico de las obras. El documento identifica costos de permanencia, financiación y oportunidad asociados con los retrasos, que pueden aumentar las necesidades de capital de los proyectos y aplazar los beneficios económicos esperados.
Por ejemplo, Corficolombiana calcula que un año adicional de retraso en el proyecto de transmisión eléctrica Colectora puede representar un costo equivalente al 8% de su inversión inicial.
El estudio también estima que una demora de un año puede incrementar en 0,3 puntos porcentuales el costo del capital, bajo un ejercicio financiero elaborado para un proyecto a 20 años y con un costo de capital base del 10%.
En materia energética, la presentación recoge estimaciones según las cuales los retrasos en proyectos de transmisión eléctrica pueden representar costos de oportunidad de $2.300 millones diarios. A ello se suma una referencia de la UPME que sitúa en $867 millones por día el costo del racionamiento de gas natural.
Estas cifras corresponden a estimaciones de costos bajo condiciones determinadas y no deben interpretarse como pérdidas efectivamente registradas en todos los proyectos.
Consultas previas y licencias ambientales: los tiempos que identifica Corfi
La presentación también examinó la evolución de las consultas previas, uno de los procedimientos mediante los cuales se garantiza la participación de comunidades étnicas frente a proyectos o decisiones que pueden afectarlas directamente.
Inversión. Foto:iStock
Según los cálculos de la firma, el número de proyectos nuevos con consulta previa pasó de un promedio anual de 117,7 entre 2005 y 2015 a 283,1 entre 2020 y 2026, es decir, más del doble.
El documento señala que parte del incremento está relacionado con proyectos de telecomunicaciones, especialmente el despliegue de estaciones base para redes celulares, así como con medidas administrativas que requieren procesos de consulta.
Sin embargo, uno de los datos más relevantes está asociado con la duración de estos procedimientos.
Corficolombiana identificó 2.197 proyectos con consulta previa en proceso durante 2026, de los cuales el 64% lleva más de tres años en trámite. Otro 23% acumula entre uno y tres años, mientras que el 13% tiene menos de un año.
Además, el análisis muestra que 921 proyectos, equivalentes al 42% del total, permanecen en la etapa inicial. Otros 900 están en protocolización, 362 en seguimiento y 14 en la fase de test de proporcionalidad, de acuerdo con la clasificación utilizada en la presentación.
La firma también encontró que el número de proyectos nuevos con consulta previa por cada billón de pesos de inversión fija pasó de un promedio de 2,5 entre 2011 y 2020 a 6,4 entre 2021 y 2025, utilizando valores de inversión expresados en pesos constantes de 2015.
Corficolombiana Foto:Carlos Arturo García
Aunque el documento presenta simultáneamente el aumento de las consultas previas y la reducción de la inversión, esa relación no permite concluir, por sí sola, que los procedimientos de consulta sean la causa del deterioro del indicador económico.
En el caso de las licencias ambientales, los resultados muestran otra tendencia. El número de licencias otorgadas o registradas en la serie utilizada por Corficolombiana se redujo de 385 en 2012 a 112 en 2026.
A su vez, el tiempo promedio de trámite alcanzó 187,8 días hábiles durante 2026, frente a un plazo legal de referencia de 90 días hábiles para nuevos proyectos, según el marco normativo examinado.
La cifra representa aproximadamente 50 días adicionales frente a 2021, cuando el promedio se ubicaba en 136,8 días hábiles.
El estudio señala que existen diferencias de criterios entre las autoridades ambientales, cambios en las exigencias durante las distintas etapas y dificultades de coordinación entre las entidades encargadas de intervenir en los procesos.
De acuerdo con la presentación, 16 de las 34 corporaciones autónomas regionales registran retrasos significativos y algunos expedientes acumulan más de dos años sin resolverse.
Colombia Foto: IStock
Las propuestas para recuperar la inversión en Colombia
Ante este panorama, Corficolombiana plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales que permitan avanzar en los proyectos con mayor claridad sobre los procedimientos y las responsabilidades de cada entidad.
El documento recoge medidas que el Gobierno ha impulsado durante 2026, entre ellas la Directiva Presidencial 06, relacionada con los procedimientos de consulta previa, y ajustes regulatorios para el seguimiento de proyectos ambientales.
También identifica propuestas que continúan en trámite, como permitir el inicio paralelo de determinados procedimientos de licenciamiento ambiental y consulta previa, fortalecer la interoperabilidad entre entidades y avanzar hacia mecanismos digitales que faciliten su coordinación.
Estas iniciativas forman parte de una discusión más amplia sobre cómo mejorar los tiempos de autorización y ejecución sin desconocer los derechos de las comunidades ni las obligaciones ambientales.
La firma considera que los acuerdos para el desarrollo deben apoyarse en tres componentes: certidumbre, coordinación y confiabilidad. A estos elementos suma la sostenibilidad, entendida como la generación de valor para las comunidades y la preservación del medio ambiente.
En ese sentido, el análisis plantea la importancia de anticipar la identificación de comunidades e impactos, establecer responsabilidades institucionales claras y promover decisiones que permitan desarrollar proyectos de manera eficiente.
Consulta previa Foto:Imagen generada con ChatGPT
El estudio también relaciona la calidad regulatoria con los niveles de desarrollo económico de diferentes países. Su comparación internacional muestra una asociación positiva entre la calidad de las reglas y el PIB per cápita, aunque esa relación estadística no demuestra una causalidad directa.
Para Colombia, el desafío consiste en recuperar la inversión después de varios años de deterioro y avanzar en las condiciones que permitan ejecutar proyectos estratégicos.
Con una tasa de inversión fija ubicada en 15,7% del PIB para 2026, el informe de Corficolombiana pone el foco en la necesidad de mejorar la articulación institucional, reducir la incertidumbre y fortalecer los acuerdos que permitan impulsar el desarrollo productivo del país.
*La sociedad Corficolombiana hace parte del grupo empresarial que controla a la sociedad Casa Editorial EL TIEMPO, dueña de Portafolio.
JUAN MARTÍN MURILLO HERRERA
Periodista de Portafolio
Colombia registra la inversión más baja en 60 años