Colombia, un Narco-Estado

Los cultivos de hoja de coca en Colombia cerraron en 2023 con 246.000 hectáreas, una cifra récord que representó un aumento respecto a lo detectado en diciembre del año anterior, cuando también se llegó al registro más alto hasta entonces.

https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2024-03-14/colombia-reporta-nuevo-record-de-cultivos-de-coca-en-2023
Las cifras económicas del negocio de la cocaína son espeluznantes. Colombia exporta a Estados Unidos 19.000 millones de dólares al año . El negocio de la coca representa el 2,9% del PIB.
El peso del poderío económico de este ilícito negocio se incrementa ante la disminución progresiva del resto de las exportaciones. La política presidencial de proscribir la explotación de petróleo hará que las exportaciones de este rubro sean desplazados por las de la coca que arrojan una tendencia al alza.
No puede ser más dañino el impacto de esta errada política . Nuestra juventud ha pasado a ser también consumidora del alucinógeno con graves daños para salud física y mental. El acceso desde temprana edad a tan rentable actividad genera aspectos de comportamiento reprobables y dañinos para la vida en sociedad. La destrucción de selva tropical y el derrame de químicos utilizados en el procesamiento de la hoja perjudican el medio ambiente en zonas que debieran ser conservadas. La penetración del sucio dinero de la coca en todos los estamentos envenenan la sociedad entera y la condenan a un indeseable futuro.

https://elpais.com/america-colombia/2022-08-31/colombia-es-el-segundo-pais-del-mundo-con-mas-organizaciones-criminales.html

Frente a este dantesco cuadro de desgracias , la respuesta del Gobierno ha consistido en abandonar la lucha contra el aumento de los cultivos, suspender los ataques a los laboratorios, reducir a la mitad las ya pobres metas en materia de erradicación, no utilizar la aspersión aérea para fumigarlos, amparar con impunidad a los capos de la droga como compensación al apoyo brindado al presidente en su campaña, descartar la extradición de los capos , abstenerse de expropiar los bienes de los narcotraficantes y de ejercer control sobre los precursores utilizados para el procesamiento de la coca. Se han suspendido los planes multinacionales de interdicción aérea y marítima que en el pasado produjeron considerables incautaciones . En suma, no existen planes para la reducción del tráfico de estupefacientes pero sí suficientes elementos que asegurarán su crecimiento en los próximos años. Cada vez podremos afirmar con mayor propiedad que Colombia se ha convertido en un narcoestado.
Si nos atenemos a las siguientes disposiciones constitucionales , éstas han pasado a convertirse en letra muerta, es como si no existieran para el Presidente que juró defenderlas:
Preámbulo.- “El orden político, económico, y social justo” que proclama la Constitución es incompatible con la prevalencia de la actividad cocalera.
Art. 2.- “Son fines esenciales del Estado : (…) promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (….)
Art. 2.- “Las autoridades de la República están instituidas para (….) asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado (…)”
Artículo 4.- “Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes.”
Artículo 8.- “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación”
Artículo 366. “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado.”
Está claro para cualquier desprevenido espectador de la vida nacional que la política de favorecimiento al sucio negocio de la cocaína por parte del régimen petrista atenta de manera grave contra el orden político, económico y social justo, la prosperidad general, la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, el cumplimiento de los deberes sociales del Estado por parte de las autoridades de la República, la protección de las riquezas culturales y naturales de la nación y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, mandatos expresos del texto constitucional.
¿A quién le corresponde el restablecimiento de este orden aniquilado por la acción gubernamental? Lo aclara de manera contundente la misma constitución en las siguientes normas de obligatorio e inmediato cumplimiento:
ARTICULO 217.— La Nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.
ARTÍCULO 218. – La ley organizará el cuerpo de policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.
En este vital aspecto, como en los demás que hemos venido difundiendo, estamos los colombianos a la espera de la acción constitucional y salvadora de nuestra Fuerza Pública, para devolver a la Nación el orden constitucional y la esperanza de un resurgimiento acorde con nuestros valores, nuestra historia y nuestro potencial humano

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