30 juillet 2026 | COLOMBIAN NEWS
- Sobre la ausencia de congresistas en la posesión presidencial y los delitos que cometen
- La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Universidad Santiago de Cali
- Hasta el último minuto Petro quiere desmantelar las Fuerzas Armadas
- «Si hay condena, Petro terminará pagando de su bolsillo»: abogado de Angie Rodríguez
- Anthony Fauci: el doctor equivocado
Sobre la ausencia de congresistas en la posesión presidencial y los delitos que cometen
IFM Noticias, Medellín
https://ifmnoticias.com/analisis-ifm/analisis-cuando-el-deber-constitucional-cede-ante-la-protesta-el-debate-juridico-sobre-la-ausencia-de-congresistas-en-la-posesion-presidencial-y-los-delitos-que-pueden-cometer/
29 de julio de 2026
El interrogante es jurídico: ¿puede un congresista convertir una decisión personal y partidista en motivo suficiente para incumplir un deber propio de su cargo?
La anunciada decisión de varios congresistas del Pacto Histórico de no asistir a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella ha abierto un debate que trasciende la confrontación política, pasa por los deberes como congresistas y termina con los posibles delitos que podrían cometer.
La respuesta obliga a revisar la naturaleza de la investidura parlamentaria, el alcance de la Ley 5.ª de 1992 y el principio según el cual el ejercicio de la función pública implica deberes que no pueden quedar sometidos a la voluntad individual del funcionario.
Uno de los principios fundamentales de cualquier democracia consiste en reconocer el derecho de los ciudadanos a disentir del poder. La protesta, la crítica política y la resistencia pacífica hacen parte de los instrumentos legítimos mediante los cuales una sociedad expresa su inconformidad frente a decisiones o gobiernos con los cuales no se identifica. Sin embargo, ese derecho adquiere una dimensión distinta cuando quien pretende ejercerlo no actúa únicamente como ciudadano, sino como titular de una función pública, que es pagado con dineros públicos y tiene deberes para con el país.
Un congresista no deja de ser ciudadano al ser elegido, pero desde el momento en que toma posesión de su cargo adquiere deberes que no recaen sobre el resto de la población. La Constitución no lo convierte únicamente en representante de quienes votaron por él. Lo convierte en integrante de uno de los órganos del poder público encargado de garantizar el funcionamiento institucional del Estado. Esa diferencia resulta esencial para comprender el debate actual.
Mientras cualquier ciudadano puede decidir libremente asistir o no a la posesión de un presidente, un congresista debe preguntarse primero si esa ausencia es compatible con las obligaciones derivadas de la investidura que aceptó y juró ejercer. La diferencia entre ambos escenarios no es política; es jurídica.
La investidura parlamentaria implica obligaciones permanentes
Con frecuencia el debate público reduce el Congreso a un escenario de confrontación partidista. Sin embargo, desde el punto de vista constitucional, el Congreso es mucho más que la suma de sus integrantes. Se trata de un órgano del Estado que ejerce funciones esenciales para el funcionamiento de la democracia.
Los congresistas representan corrientes políticas distintas, pero al mismo tiempo conforman una institución que debe cumplir funciones permanentes, independientemente de quién ocupe la Presidencia de la República. Por esa razón, la posesión presidencial no constituye simplemente una ceremonia protocolaria.
Se trata de un acto constitucional mediante el cual se materializa la continuidad del Estado colombiano. La presencia del Congreso no responde a una cortesía política hacia el nuevo mandatario. Responde al diseño institucional previsto por la Constitución. Se trata de una sesión oficial del Congreso. Cuando los congresistas asisten, no lo hacen como simpatizantes del presidente elegido. Lo hacen como integrantes del órgano constitucional que participa en uno de los momentos más importantes de la vida republicana, además para que asistan a las sesiones es que se les paga a los miembros del congreso.
La Ley 5.ª establece un régimen de deberes
El reglamento del Congreso, contenido en la Ley 5.ª de 1992, parte de una premisa sencilla: el ejercicio de la investidura parlamentaria no depende exclusivamente de la voluntad del congresista. La ley establece derechos, pero también obligaciones. Entre ellas se encuentra el deber de asistir a las sesiones para las cuales haya sido convocado el Congreso, salvo las excepciones previstas por la propia norma. El artículo 90 contempla causales específicas que justifican la inasistencia, como incapacidad física comprobada, comisión oficial o autorización de la Mesa Directiva, entre otras previstas por el reglamento. Desde una perspectiva jurídica, el elemento relevante consiste en que esas excepciones aparecen expresamente reguladas. Cuando el legislador define taxativamente las causales de excusa, el margen para incorporar nuevas justificaciones basadas exclusivamente en convicciones políticas resulta considerablemente reducido.
Si un congresista anuncia públicamente que no asistirá por razones políticas a un acto constitucional se convierte en objeto de debate público acerca del cumplimiento de los deberes propios de la representación parlamentaria. Surge la pregunta acerca de si esa motivación puede sustituir las causales previstas por el ordenamiento jurídico o se convierten en un incumplimiento que puede ser sancionado. Esa es una discusión que corresponde interpretar a las autoridades competentes en caso de que llegara a plantearse formalmente el próximo 7 de agosto. El país conoce en antecedentes, casos de congresistas sancionados por ausentismo.
Los derechos políticos de un congresista coexisten con deberes que no pueden ser ignorados cuando resultan incómodos. La representación popular no constituye únicamente una fuente de legitimidad democrática. También constituye una fuente permanente de responsabilidad.
El Estado de derecho exige coherencia
Las democracias constitucionales descansan sobre un principio básico: nadie puede invocar la ley únicamente cuando favorece sus intereses y desconocerla cuando impone obligaciones. Ese principio obliga por igual al gobierno, a la oposición, a los jueces y a los congresistas. La legitimidad del disenso depende precisamente de que se ejerza dentro del marco constitucional que garantiza las libertades de todos.
Si un congresista considera que determinadas obligaciones son incompatibles con sus convicciones políticas, el propio ordenamiento ofrece mecanismos para plantear esa discusión. Lo que no parece compatible con el Estado de derecho es sustituir esos procedimientos por la decisión unilateral de incumplir un deber funcional, si este efectivamente existe y no concurre una causa legal de excusa.
La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Universidad Santiago de Cali
El País, Cali
Revista Semana, Bogotá
Radio Caracol, Bogotá
30 de julio de 2026
Esta vez la posesión presidencial no cumplirá con la tradición de ser realizada en la Plaza de Bolívar de Bogotá, frente al Capitolio Nacional. El próximo 7 de agosto, a las 10:00 a. m., comenzará la ceremonia de posesión del presidente Abelardo de la Espriella en la Arena USC, en Cali, ante el Congreso de la República. En la tarde, el nuevo jefe de Estado encabezaría el homenaje a los militares y policías de Colombia en el Cantón Militar Pichincha.
La Cámara de Representantes aprobó la proposición para que la posesión del presidente electo sea en Cali, y solo falta la ratificación del Senado. Ya fueron confirmadas las primeras visitas oficiales a la ceremonia: el rey Felipe VI de España, así como los presidentes de Argentina, Javier Milei, de Ecuador, Daniel Noboa, de Chile, José Antonio Kast y de Paraguay, Santiago Peña. El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, se reunió con algunos de estos mandatarios con quienes conversó sobre cooperación, comercio, inversión, seguridad e integración regional.
Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, informó que las autoridades regionales y nacionales definieron un plan especial de seguridad tras un consejo extraordinario, con el fin de proteger a los asistentes e impedir cualquier alteración del orden público. También tienen previsto el funcionamiento de un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde las autoridades coordinarán todas las acciones aéreas y terrestres para proteger a los vallecaucanos y a quienes nos visiten. Según el reporte de la gobernadora, habrá corredores seguros en Cali, Palmira, Jamundí, Candelaria, Florida y el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, blindando las vías con la presencia de miembros de la Policía Nacional, y vigilando las entradas y salidas de Cali con la Fuerza Aérea de Colombia.
El operativo militar estableció la restricción de vuelo de drones en Cali y municipios vecinos y anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita prevenir o alertar cualquier acto terrorista o criminal. Miembros del grupo comunista Pacto Histórico anunciaron que el 7 de agosto, bajo la dirección de Gustavo Petro, realizarán “espacios de resistencia pacífica” en Cali, Barranquilla y otras zonas del país”.
Hasta el último minuto Petro quiere desmantelar la Fuerza Pública
Colombian News
Con informaciones de El Colombiano, de Medellín
Y de Julián Uscátegui Pastrana
30 de julio de 2026
“Gustavo Petro quiere hacer una última purga en la Fuerza Pública antes de irse, sacar a buenos oficiales y seguir debilitando las capacidades estratégicas de las Fuerzas Militares y de la Policía. El presidente De La Espriella y el ministro general Mora deben revisar con lupa esos retiros y garantizar que quienes le sirven al país regresen al servicio activo. Colombia necesita a sus mejores hombres y mujeres defendiendo la Constitución y la ley”, escribió Julián Uscátegui, abogado y miembro del Consejo de Bogotá por el Centro Democrático e hijo del General (r) Jaime Humberto Uscátegui. José Jaime Uscátegui, hermano de Julián, fue elegido presidente de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes por el Centro Democrático.
A pocas semanas de terminar su mandato, el gobierno de Gustavo Petro está promoviendo una inusual barrida de oficiales y suboficiales del Ejército Nacional nunca antes vista. El Colombiano tuvo acceso a 36 resoluciones del ministerio de Defensa y el Ejército, expedidas entre el 16 de marzo y el 3 de julio de 2026, con las cuales se notificó el retiro del servicio activo de 326 militares. De esos, uno salió por haber cometido el delito de abandono del servicio; 21 por solicitud propia; y la gran mayoría, 304, fueron llamados a calificar servicios.
Expertos consultados señalan que lo normal es que al año sean llamados a calificar servicios entre 80 y 150 oficiales en esa institución, pero en los últimos tres meses ese procedimiento completó una cifra que abarcaría tres años. ¿Por qué al final del mandato de Petro?
Del total de retirados, 153 son oficiales, es decir, de nivel gerencial, con poder de mando y toma de decisiones.
En apenas tres meses, el gobierno se deshizo de 24 coroneles, que contaban con más de 30 años de experiencia; de 50 tenientes coroneles, 70 mayores, dos capitanes, dos tenientes y cinco subtenientes.
En esa lista de oficiales superiores están el coronel Héctor Cely Torres, quien entre otros cargos estuvo al frente de la Fuerza de Tarea Marte en el sur de Bolívar; el coronel Donny Preciado Sierra, excomandante de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº4 (Fudra) en Cauca; el coronel Óscar Moreno Gómez, excomandante de la Fudra N°8 en Arauca; el coronel Fever Martínez Garzón, excomandante de la Fudra N°10 en Guaviare; y el coronel Wilson Velandia Serrano, excomandante de la Fudra N°7 en el Bajo Cauca. Estos cinco coroneles, en particular, lideraron durante el presente gobierno importantes unidades militares en áreas críticas del conflicto armado, combatiendo al Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc. Ninguno estuvo más de un año en el cargo.
“La salida de este personal es problemática, muchos son los comandantes que aplican directamente las tácticas en el campo de batalla, son los que dan la pelea”, comentó uno de los oficiales entrevistados. Los siguen los soldados profesionales (13), sargentos segundos (4), cabos primeros (4) y un cabo tercero. De acuerdo con las resoluciones estudiadas, estos funcionarios estaban repartidos en batallones de Inteligencia, Infantería, Artillería, Caballería, Ingenieros, Aviación y Logística; y también asignados a tareas administrativas.
Otros detalles en: https://www.elcolombiano.com/colombia/senado-aprueba-posesion-abelardo-de-la-espriella-cali-NA39391628
«Si hay condena, Petro terminaría pagando de su bolsillo»: abogado de Angie Rodríguez
Blu Radio, Bogotá
https://www.bluradio.com/judicial/si-hay-condena-petro-terminaria-pagando-de-su-bolsillo-abogado-de-angie-rodriguez-pr30
29 de julio de 2026
La demanda será presentada contra la Presidencia. Pero una acción de repetición podría llevar al mandatario a responder con su patrimonio si se determina su responsabilidad.
Con su abogado Manuel Villanueva y en un oficio de 12 página, Angie Rodríguez radicó una demanda formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con el que solicita abrir una investigación penal contra el presidente Gustavo Petro. El abogado, en diálogo con Blu Radio, aseguró que “es necesaria una reparación al buen nombre”.
“Las denuncias buscan establecer la posible responsabilidad del mandatario en cuatro conductas penales. La primera corresponde al presunto delito de peculado por aplicación oficial diferente. Esto se relaciona con lo que la doctora Angie Rodríguez ha denunciado sobre la insistencia del presidente de la República y, según ella, también del ministro de Hacienda, para obtener el billón de pesos que actualmente administra el Fondo Adaptación, entidad de la cual es gerente”, puntualizó. Sin embargo, ante las declaraciones del presidente Petro, en especial por la historia clínica de Rodríguez, Villanueva precisó que es necesaria una reparación por daños morales y al bueno nombre.
El abogado Villanueva explicó que, de prosperar una eventual condena contra el Estado, la indemnización sería asumida inicialmente con recursos públicos. No obstante, posteriormente la Nación podría ejercer una acción de repetición para recuperar ese dinero del patrimonio del servidor público cuya actuación haya originado el daño, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley y exista una decisión judicial que así lo permita.
“Cuando los funcionarios de manera irresponsable generan daños por capricho personal, pues está esta figura jurídica que hace que ese funcionario responsable, irresponsable, perdón, pague por lo que hizo y pague en términos económicos. Entonces finalmente se iría en contra del capital del presidente de la República si llega a ser encontrado responsable el Estado en este caso”, explicó.
El abogado de Angie Rodríguez afirmó que algunos de esos hechos habrían incluido actos de intimidación contra la exfuncionaria, razón por la cual solicitaron que las autoridades investiguen lo ocurrido y adopten medidas para garantizar su seguridad mientras avanzan los procesos judiciales.
Anthony Fauci: el doctor equivocado
Por Stephen Moore
The Patriot Post
https://patriotpost.us/opinion/129512-anthony-fauci-dr-wrong-2026-07-28
28 de julio de 2026
Pobre Anthony Fauci, el hombre que se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana con la llegada del mortal Covid-19 a esta región. Con el paso del tiempo, y a medida que las catastróficas consecuencias de sus consejos se hicieron más evidentes, su estatus de héroe se desvaneció. Y ahora, con la publicación de sus «diarios» durante el año 2020, marcado por la pandemia, parece que este megalómano debería estar castigado.
Ahora sabemos que gran parte de lo que Fauci y el complejo de salud del gobierno nos dijeron sobre el virus estaba diseñado para asustar a los estadounidenses lo máximo posible. Mucho de ello era falso o engañoso. Mi equipo en Unleash Prosperity y yo luchamos con uñas y dientes contra los confinamientos desde el primer día, incluso cuando muchos grupos conservadores apoyaban lo que ahora sabemos que fue uno de los errores más catastróficos de la historia de Estados Unidos. Las pérdidas en educación, por sí solas, le costarán a la economía billones de dólares en las próximas décadas.
Así pues, me sentí honrado al saber que, en las anotaciones del diario de Fauci de principios del verano de 2020, se me identificaba como una amenaza para sus planes. En una llamada a la Casa Blanca, Fauci escribe que insistió en que el presidente Donald Trump «callara a Stephen Moore e impidiera la publicación del artículo del «Doctor Equivocado»».
En una reunión en el Despacho Oval en abril de 2020, contribuí a convencer a Trump de que reactivara la economía lo antes posible, lo que horrorizó a Fauci y a los medios de comunicación, que habían aprobado con entusiasmo su desastroso cierre de escuelas, negocios, tiendas, parques e iglesias. ¡Su consejo fue mantener la economía paralizada durante casi un año!
Pero el intento de Fauci de silenciarme fracasó. Publiqué el ahora famoso memorándum del «Dr. Equivocado». Y puede que haya influido, aunque sea mínimamente, en la reapertura de la economía, especialmente en estados conservadores como Florida y Texas. También mencioné que Fauci dedicó la mayor parte de sus 35 años de carrera en enfermedades infecciosas a advertir erróneamente sobre escenarios apocalípticos que nunca se materializaron. Para alguien que solo tiene un martillo, todo parece un clavo que hay que clavar.
En la década de 1980, se equivocó con respecto al SIDA de transmisión heterosexual. A principios de la década de 2000, se equivocó con respecto a la gripe aviar. Lo mismo ocurrió con el virus Zika. No solo sobreestimó las tasas de mortalidad de prácticamente todos los virus en los últimos 30 años, sino que con frecuencia sobreestimó el número de muertes entre cinco y diez veces. Un quiromante habría sido más preciso.
Es un gran misterio por qué alguien seguía escuchando a Fauci, el charlatán. Peor aún, a pesar de saber que causó un daño irreparable a la salud y el bienestar de nuestros hijos, todavía se le considera un héroe en algunos círculos. Aún da discursos de graduación en importantes universidades. La administración de Biden incluso hizo que colgara un retrato sonriente de Fauci cerca de la entrada de la Galería Nacional de Retratos. ¿Acaso el museo también tiene un retrato de Benedict Arnold?
Pero lo que ahora está claro para todos es que Fauci era, y sigue siendo, el médico equivocado. No debemos permitir jamás que políticos y científicos desquiciados paralicen nuestra poderosa economía.
Colombian News – Hasta el último minuto Petro quiere desmantelar las Fuerzas Armadas. .