Tras el terremoto del 10 de agosto, la organización lanzó un informe con recomendaciones.
La ONG Transparencia por Colombia presentó un informe con algunas recomendaciones para la adecuada contratación en el proceso de reconstrucción tras el terremoto en el país del pasado 10 de agosto.
Según la organización, las claves que se entregan en el documento son producto del trabajo adelantando en seguimiento a otros momentos recientes de crisis que ha enfrentado el país, entre ellos la atención a la pandemia generada por Covid 19, afectaciones al archipiélago de San Andrés y Providencia tras el paso de los Huracanas Eta e Iota, y escándalos de corrupción en la gestión de recursos para la Guajira desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, entre otros.
Los consejos están enfocados en la prevención y detección de riesgos de corrupción, asegurando la trazabilidad de los recursos y facilitando el control ciudadano e institucional.
La organización recordó que es precisamente en momentos de crisis cuando se movilizan grandes cantidades de recursos públicos y privados, nacionales e internacionales y se flexibilizan procedimientos administrativos y de contratación.
Gobernanza institucional: definir quién dirige, ejecuta y responde por la reconstrucción
La UNGRD es una de las instituciones destinadas a atender la crisis. Foto:Ungrd
Transparencia por Colombia plantea que uno de los primeros retos para la reconstrucción es establecer una estructura institucional clara, con responsabilidades definidas desde el comienzo.
La recomendación apunta a precisar quién estará encargado de dirigir el proceso, qué entidades tendrán funciones de ejecución y cuáles deberán supervisar las decisiones, los contratos y las obras. También considera necesario establecer con claridad quién deberá rendir cuentas sobre los avances y el uso de los recursos públicos.
Esto se sugiere porque la reconstrucción involucrará distintos niveles de gobierno y múltiples proyectos en los territorios afectados. Por eso, la organización recomienda que la planeación esté articulada con los instrumentos existentes de gestión del riesgo y responda a las necesidades específicas de cada municipio y departamento.
En ese escenario, otro de los puntos señalados es el fortalecimiento de las capacidades de las alcaldías y gobernaciones. Transparencia por Colombia recomienda incrementar sus capacidades técnicas, financieras y administrativas para que puedan participar adecuadamente en la planeación, contratación, ejecución y vigilancia de los proyectos.
La organización también propone crear un mecanismo unificado de transparencia que concentre la información relacionada con la reconstrucción. La plataforma debería permitir consultar los planes, los recursos asignados, los contratos celebrados y el avance de las obras, facilitando el seguimiento tanto institucional como ciudadano. La existencia de un sistema común permitiría, además, contar con una referencia para contrastar lo planeado con lo que efectivamente se está ejecutando en cada territorio.
La publicación de las decisiones administrativas es otro de los puntos del informe. Transparencia por Colombia recomienda divulgar de manera proactiva las decisiones y normas que se adopten tanto en el nivel nacional como territorial. Esto incluye garantizar que la información esté disponible de manera oportuna y que los datos puedan consultarse en formatos abiertos y reutilizables.
Finalmente, la organización plantea incorporar desde el comienzo un diagnóstico específico sobre los riesgos de corrupción. La recomendación consiste en elaborar un mapa que identifique los posibles riesgos y las medidas para mitigarlos, bajo el liderazgo de la gerencia de reconstrucción y la Secretaría de Transparencia.
Presupuesto de la reconstrucción: reglas claras para asignar y rastrear los recursos
Presupuesto para la reconstrucción. Foto:Cortesía: Istock
En materia presupuestal, Transparencia por Colombia recomienda establecer y publicar desde el comienzo los criterios que determinarán cómo se priorizarán los recursos, las obras y los subsidios.
La organización advierte que estas reglas resultan especialmente relevantes ante las elecciones regionales del 2027, con el objetivo de reducir riesgos de clientelismo en la distribución de los recursos destinados a la reconstrucción.
La trazabilidad del dinero constituye otro de los ejes planteados. La propuesta consiste en establecer mecanismos que permitan seguir el recorrido de los recursos desde el momento en que son asignados hasta su ejecución final. Esto permitiría contar con información sobre cómo se distribuyen los recursos y cuál es su destino dentro de los diferentes proyectos de reconstrucción.
La organización también pide fortalecer la planeación presupuestal, incluso cuando las autoridades recurran a mecanismos excepcionales de contratación por la emergencia.
En estos casos, la utilización de procedimientos extraordinarios debería contar con una justificación técnica, presupuestal y jurídica que permita explicar por qué se adopta esa modalidad y cuál es su relación directa con las necesidades derivadas del terremoto.
Transparencia e integridad contractual: más controles para evitar irregularidades en las obras
Secop servirá para la vigilancia de contratos. Foto:Archivo EL TIEMPO
La contratación constituye otro de los focos de las recomendaciones. La organización propone establecer mecanismos que permitan identificar y seguir cada proyecto asociado a la emergencia, comenzando por la implementación de identificadores únicos de contratación y marcadores específicos dentro del Secop.
La información contractual, además, debería publicarse oportunamente. Esto incluye no solamente el contrato inicial, sino también sus modificaciones, prórrogas, informes de supervisión y posibles alertas.
El seguimiento tendría que mantenerse durante las diferentes etapas de ejecución, de manera que los cambios en el alcance, los tiempos o las condiciones económicas de un proyecto queden registrados y puedan ser consultados.
La planeación contractual es otro de los puntos destacados. Transparencia por Colombia recomienda utilizar el Plan Anual de Adquisiciones como instrumento de organización y realizar estudios previos incluso cuando las entidades tengan que acudir a modalidades excepcionales debido a la emergencia.
La situación extraordinaria no debería eliminar la necesidad de justificar las decisiones contractuales ni impedir que exista una base técnica para determinar qué se necesita contratar.
En ese mismo sentido, la contratación directa debería utilizarse de manera racional y limitarse a aquello que resulte estrictamente necesario frente a la emergencia. La recomendación es que las entidades regresen a mecanismos de selección competitiva tan pronto como las condiciones lo permitan.
La selección objetiva también requiere una revisión más profunda de quienes aspiren a ejecutar las obras. Transparencia por Colombia propone utilizar pliegos tipo, revisar de manera detallada la capacidad de los contratistas y establecer mecanismos para prevenir conflictos de interés.
La reconstrucción demandará proyectos de gran importancia para los territorios afectados, por lo que la capacidad técnica y financiera de quienes resulten contratados será un elemento central para reducir riesgos durante la ejecución.
El control no termina con la firma del contrato. La organización recomienda establecer controles técnicos estrictos sobre la calidad de las obras y los materiales utilizados, incorporando además criterios de resiliencia frente a futuros desastres.
Finalmente, Transparencia por Colombia plantea fortalecer la interventoría y la supervisión técnica y financiera durante la ejecución. El propósito es evitar que los contratistas puedan modificar unilateralmente el alcance de las obras y garantizar que los proyectos se desarrollen de acuerdo con las condiciones establecidas.
Comunidades afectadas: participación durante todo el proceso
Acopio de donaciones para el Chocó Foto:EL TIEMPO
La participación ciudadana es otro de los componentes planteados para la reconstrucción. Transparencia por Colombia recomienda crear espacios permanentes de diálogo en los que las comunidades afectadas puedan tener una incidencia real durante las diferentes etapas de los proyectos, desde su planeación hasta su ejecución y seguimiento.
La rendición de cuentas, además, debería realizarse de manera periódica y no limitarse a presentar resultados positivos. La organización plantea que las autoridades expliquen también los retrasos, los costos y los correctivos adoptados durante la ejecución de los proyectos. Esto permitiría que las comunidades conozcan el estado real de la reconstrucción y las decisiones que se toman frente a eventuales dificultades.
El enfoque territorial y cultural también ocupa un lugar dentro de las recomendaciones. Los proyectos deberían considerar la identidad, las prioridades y los derechos de propiedad colectiva de las comunidades afectadas.
A esto se suma la necesidad de establecer canales accesibles para denunciar posibles irregularidades y mecanismos que permitan coordinar respuestas institucionales rápidas ante las alertas recibidas.
Órganos de control: vigilancia desde antes de contratar
Contraloría General de la República Foto:Google maps
Para los órganos de control, Transparencia por Colombia propone reforzar el seguimiento preventivo y concomitante de la Contraloría y la Procuraduría desde las etapas precontractuales. El objetivo es que la vigilancia no se concentre únicamente en revisar los resultados de los contratos una vez ejecutados, sino que acompañe las decisiones desde las fases iniciales.
La organización también recomienda una mayor articulación entre los diferentes organismos de control y una presencia territorial durante todo el proceso de reconstrucción. Así la vigilancia no se concentrará exclusivamente en el nivel central y permitirá un seguimiento más cercano a los proyectos que se desarrollen en los territorios afectados.
Finalmente, plantea aumentar la transparencia de las propias actuaciones de control. Para ello, recomienda publicar información sobre el estado de las investigaciones y las alertas detectadas mediante herramientas digitales accesibles para la ciudadanía.
De esta manera, el seguimiento a los recursos y contratos de la reconstrucción también podría incorporar información sobre las actuaciones de las entidades encargadas de vigilar su ejecución.
Julián Andrés González Vargas
Periodista Portafolio
andgon@eltiempo.com