Su escandaloso fracaso electoral es la prueba de que los colombianos no olvidan sus atrocidades y no sienten que ese grupo haya cambiado.

Con el término “jaulas de concentración”, el general Luis Mendieta, que estuvo secuestrado 11 años y 7 meses, se refirió a las condiciones en las cuales las Farc los tenía privados de la libertad. La dureza de la vida de los secuestrados son conocidas por todos los colombianos que vieron la sevicia y crueldad con la cual fueron tratados los 21396 que tuvieron la mala fortuna de caer en sus manos.

En el proceso de paz se sacrificó la verdad y los derechos de la víctimas. A los victimarios se les dieron todas las garantías que hoy se transforman en impunidad absoluta. Con una desfachatez que indigna, insisten en que se trataba de retenciones y que los rescates eran un impuesto para financiar su guerra popular.

La verdad, la justicia y la reparación son hoy nociones puramente simbólicas. Sólo cuentan los derechos de las Farc que socarronamente se benefician de su carácter de intocables.

Las Farc han tomado la decisión de cambiar el nombre por el de Comunes. Convencidos por algún publicista, creen que es un problema de imagen.

Alienados en su visión del mundo y del país, no entienden que los colombianos esperábamos, por lo menos, un sincero arrependimiento por tantos horrores cometidos contra cientos de miles de inocentes.

Lo poco que han hecho, como por ejemplo en Bojayá, lo hicieron a puertas cerradas y sin ningún compromiso con la reparación de las víctimas inocentes. Mientras tanto, apoyados por sus áulicos, exigen que se les cumpla a rajatabla lo absurdamente acordado en La Habana.

En un país en crisis fiscal, sin recursos para atender los estragos de la pandemia, claman por privilegios y presupuesto. No han entregado ni recursos ni información sobre sus negocios ilícitos. Sus testaferros, sobre los que la justicia nunca investiga, siguen beneficiándose económicamente de las zonas oscuras del acuerdo de paz que el pueblo rechazó.

La paz de Santos dividió a Colombia, la polarizó y generó una enorme frustración colectiva. Esa terrible sensación de que el Estado entregó dignidad, legitimidad y justicia a cambio de muy poca cosa. El país quedó inundado de cultivos ilícitos y la violencia regresó a los campos mientras las fuerzas militares perdieron la iniciativa.

Las disidencias, cuya relación con las Farc es ambigua y sospechosa, se han fortalecido territorialmente dominando el negocio del narcotráfico. Pareciera como si nuevamente estuviésemos en el escenario de la combinación de las formas de lucha, unos en el Congreso y otros en las montañas.

El problema de las Farc no es de nombre. Su escandaloso fracaso electoral es la prueba de que los colombianos no olvidan sus atrocidades y no sienten que las Farc hayan cambiado.

Comunes eran los ciudadanos que asesinaron, extorsionaron y secuestraron. El problema es de sinceridad y compromiso con la reconciliación.

Miguel Gómez Martínez, Presidente de Fasecolda, igomahu@hotmail.co, https://www.portafolio.co/, Bogotá, 02 de febrero de 2021.

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