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Uno de los discursos más fuertes del expresidente Gustavo Petro en época electoral fue la supuesta existencia de un fraude orquestado, a su juicio, por el registrador nacional Hernán Penagos. Ahora, casi dos meses después de haber dejado la Casa de Nariño, el exmandatario deberá responder a una acción de tutela en su contra, la cual fue admitida por el Consejo de Estado.

La acción constitucional se refiere a publicaciones realizadas por Petro entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, cuando todavía ejercía la Presidencia de la República. Según el documento conocido en el proceso, se trata de 14 publicaciones en la cuenta @petrogustavo de X, además de intervenciones realizadas durante un consejo de ministros transmitido públicamente el 14 de julio.

De acuerdo con la tutela, Penagos considera que en esos mensajes Petro le atribuyó directamente a él y a la Registraduría la comisión de un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2026.

Entre los cuestionamientos mencionados en la acción están las modificaciones al censo electoral y al número de puestos y mesas de votación; la supuesta eliminación de mecanismos de seguridad y trazabilidad de los formularios E-14; presuntos cambios en las direcciones IP de los servidores de la Registraduría; la existencia de supuestos “bloques matemáticos” que demostrarían una manipulación de los resultados y la negativa de la entidad a permitir una auditoría del código fuente.

Penagos sostiene que estas acusaciones fueron realizadas sin que existiera evidencia que las respaldara y que Petro no era la autoridad competente para formular señalamientos de esa naturaleza.

Penagos pidió rectificación

Según la tutela, el registrador solicitó al entonces presidente que rectificara las afirmaciones. Sin embargo, asegura que transcurrieron los 15 días hábiles establecidos para obtener una respuesta sin que se produjera una corrección.

Por esa razón, señala que las publicaciones cuestionadas continúan disponibles en redes sociales y considera que esto mantiene la afectación a sus derechos fundamentales.

Los cuestionamientos de Petro a la Registraduría ya habían generado respuestas públicas de Penagos durante la campaña electoral. Tras la primera vuelta, la entidad defendió la transparencia del proceso y aseguró que las reclamaciones durante la jornada electoral y el escrutinio habían sido mínimas.

La controversia también escaló durante las semanas siguientes, mientras Penagos pidió respeto por los resultados electorales y la Misión de Observación Electoral rechazó posteriormente mensajes intimidatorios dirigidos contra el registrador y funcionarios de la entidad.

Ahora, el alto tribunal deberá estudiar los argumentos de las partes y establecer si existe una vulneración de los derechos invocados.

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