El órgano de control dio a conocer los detalles de una investigación sobre la contratación tras el cierre de las restricciones por Ley de Garantías.
El gobierno nacional aseguró que se tratará de un proceso gradual durante cinco años. Foto: Archivo El Tiempo
En las últimas cinco semanas del gobierno saliente de Gustavo Petro, una vez superadas las restricciones de contratación estatal por la Ley de Garantías, se firmaron contratos por más de $48 billones de pesos. Ese es uno de los datos concluyentes que deja una reciente investigación de la Contraloría y su delegada para las Finanzas y la Economía, en el marco de una función de advertencia iniciada en julio pasado, contra el ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila, ante la aceleración documentada de los compromisos presupuestales del Estado. La realidad de lo investigado da cuenta de que el gobierno pasado contrató exponencialmente, y en esa carrera dejó diversas irregularidades que, ahora, la Contraloría pide investigar a fondo.
La evaluación de la Contraloría cubre el periodo del 22 de junio y el 28 de julio de 2026, cinco semanas durante las cuales se identificaron, además, giros superiores a los $64,44 billones además de la celebración de nuevos compromisos, es decir nuevos contratos, por $48,14 billones y pagos por $60,35 billones. Las sospechas de la Contraloría iniciaron a finales de junio, una vez superada la segunda vuelta presidencial y, por ende, las restricciones por Ley de Garantías. Desde entonces, ya se identificaba un patrón acelerado de compromisos presupuestales, contrataciones y pagos ejecutados, que luego crecieron en una magnitud nunca vista, según la Contraloría.
A esta evaluación a gran escala se suman hallazgos puntuales por entidad. Entre ellos, giros por 7 billones de pesos a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta última entidad es recordada durante el anterior Gobierno por, como señalan expedientes judiciales, haber sido saqueada con el objetivo de financiar sobornos para mover las iniciativas del Pacto Histórico en el Congreso. La Contraloría, además, señaló que la UNGRD no fue eficiente con los recursos recaudados para combatir el Frente Frío que dejó hasta 230.000 hectáreas inundadas a principios del año.
El órgano de control también identificó, a través de su delegada Jenny Lindo y con respecto a la reciente investigación, que 6 billones de pesos fueron destinados a un rubro de gastos generales al interior del Ministerio de Salud. Para la Contraloría, la magnitud y la variabilidad de estos registros hacen necesario profundizar el control fiscal, con el objetivo de establecer si las operaciones cuentan con los soportes correspondientes y si los bienes y servicios contratados fueron efectivamente entregados o prestados.
Patrones de pago que encienden las alertas
La información documentada muestra comportamientos repetidos en distintas entidades, sectores, beneficiarios y modalidades de pago. Entre los patrones identificados por el ente de control se destacan pagos realizados el mismo día en que se suscribió el contrato, desembolsando de una sola vez el costo total del compromiso (una situación anómala en contratación pública); beneficiarios que recibieron pagos de varias entidades públicas al mismo tiempo; pagos diferentes girados a un mismo beneficiario con el mismo soporte documental; dos o más giros a personas naturales realizados en la misma fecha, por el mismo valor, con el mismo informe de ejecución y asociados a un mismo contrato.
Frente a estos hallazgos, la Contraloría activó un grupo de investigación especial y a auditores de todas las delegadas par5a verificar los soportes de cada operación, comprobar la calidad y oportunidad de los bienes o servicios efectivamente recibidos, descartar posibles pagos dobles y revisar las políticas de pago aplicadas, incluida la eventual existencia de pagos fraccionados. El organismo señala que estos comportamientos ameritan, desde luego, una revisión especial y coordinada por parte de las contralorías delegadas sectoriales, con énfasis en entidades como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación, el Fondo de Inversión para la Paz, el ICBF, Invías y el Unidad Nacional de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.
Otro elemento que llamó la atención de los auditores es la corta distancia temporal entre el registro de varios compromisos presupuestales y la realización de los pagos, muchos de ellos ejecutados antes de que se cumpliera el primer mes de vigencia del contrato. La Contraloría precisa que esta circunstancia no constituye, por sí sola, evidencia de irregularidad. Sin embargo, dada su magnitud, deberá ser objeto de análisis detallado para determinar si los tiempos de ejecución resultan consistentes con las obligaciones contractuales pactadas, con la efectiva prestación del servicio o entrega del bien, y con los soportes documentales que dieron origen al pago.
Las fiducias
El informe pone la lupa también sobre los giros efectuados a esquemas fiduciarios. Los Fideicomisos Patrimonios Autónomos administrados por Fiduciaria La Previsora S.A. recibieron, como beneficiarios de pago, aproximadamente $4,33 billones durante el periodo examinado. Asimismo, la delegada de Economía y Finanzas Públicas advirtió sobre irregularidades detectadas en 31 informes financieros de la Fiduprevisora. Entre ellos, llamó particularmente la atención el correspondiente al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en el cual el revisor fiscal de la fiduciaria dejó constancia de que no fue posible obtener evidencia suficiente sobre las cuentas vinculadas a proveedores de servicios de salud.
El ente de control precisó que el propósito de esta actuación no es anticipar responsabilidades, sino garantizar que un volumen «extraordinariamente significativo» de recursos públicos cuente con plena trazabilidad, justificación y soporte documental. La Contraloría General de la República, que esta semana despide a Carlos Hernán Rodríguez y recibe a Jorge Eliécer Laverde, anunció que continuará el seguimiento a la ejecución presupuestal y financiera del Estado y que, de acuerdo con los resultados de las verificaciones sectoriales, adoptará las actuaciones de control fiscal a que haya lugar.