Contratación masiva y déficits: las billonarias alertas que organismos de control y equipo de empalme hacen a Petro

A pocos días de que el presidente Gustavo Petro finalice su mandato, diversos organismos de control y el equipo de empalme del gobierno entrante, liderado por Abelardo De La Espriella, han emitido una serie de alertas sobre el manejo de las finanzas públicas, la ejecución de recursos y la contratación estatal.

Estas advertencias abarcan desde un aumento inusual en la firma de contratos hasta déficits billonarios en sectores críticos como defensa, infraestructura y bienestar social.

Una de las alertas más recientes y detalladas proviene de una auditoría financiera de la Contraloría al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), correspondiente a la vigencia 2025.

El organismo de control determinó hallazgos fiscales por un total de $176.795 millones debido a irregularidades en el manejo de los recursos destinados a los docentes.

El hallazgo de mayor cuantía, por $133.255 millones, se relaciona con pagos indebidos de servicios médico-asistenciales represados e intereses, los cuales fueron asumidos con recursos del fondo en lugar de ser responsabilidad de los operadores.

Los pagos se realizaron a las uniones temporales Medisalud (región de Boyacá, Casanare y Meta) y Redvital (Antioquia y Chocó). Además, la auditoría reveló que el pasivo del FOMAG fue subestimado en $598.363 millones por una inadecuada clasificación contable de sanciones por mora, lo que llevó a la Contraloría a no fenecer la cuenta de la entidad.

Otras irregularidades en el fondo incluyen pagos de mesadas pensionales a personas fallecidas por 419,1 millones.

La Contraloría General de la República activó una función de advertencia tras identificar una “intensa dinámica contractual” inmediatamente después de la segunda vuelta presidencial. En el periodo comprendido entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026, el Gobierno Nacional suscribió 14.414 contratos por un valor aproximado de $4,55 billones.

Esta cifra representa un crecimiento del 22,5% respecto al mismo periodo de la transición de hace cuatro años. El ente de control llamó especialmente la atención sobre la modalidad de contratación directa, que superó los 11.000 procesos en solo cuatro semanas.

Entidades como la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior fueron señaladas por riesgos presupuestales derivados de esta aceleración en los compromisos, los cuales podrían comprometer la sostenibilidad del Presupuesto General de la Nación ante un menor recaudo de ingresos.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) también presenta un panorama financiero crítico. Según el informe de empalme, la entidad requiere $21,5 billones para operar en 2027, pero la proyección del Ministerio de Hacienda es de solo $13,8 billones, lo que genera un déficit de financiación de 7,6 billones.

Para cerrar la vigencia actual de 2026, el instituto estima que necesita 1,15 billones adicionales para cubrir costos de nómina y operación.

En materia administrativa, se reportó que durante el cuatrienio se remitieron a la Fiscalía 18 informes por posibles hechos de corrupción que involucran a 618 personas jurídicas y 516 personas naturales.

Asimismo, una auditoría interna reveló que el sistema tecnológico BETTO, publicitado como una herramienta de inteligencia artificial, en realidad operaba con reglas convencionales de programación y carecía de algoritmos de IA.

La Contraloría advirtió que, a pesar de que el Gobierno ya ha recaudado $7,59 billones (el 87,5% de lo previsto) a través de medidas tributarias por la emergencia del “Frente Frío”, la ejecución efectiva de estos recursos para recuperar territorios afectados es “prácticamente nula”.

Sectores como Transporte, Salud, Minas y Energía e ICBF no registran obligaciones ni pagos con estos fondos. Además, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) mantiene los recursos en etapas de estructuración de convenios sin iniciar obras.

En el sector defensa, el equipo de empalme recibió cifras alarmantes sobre la capacidad de la Fuerza Pública. De las 620 aeronaves registradas entre las Fuerzas Militares y la Policía, 310 están clasificadas como no operativas o fuera de servicio. En la Policía Nacional, de sus 110 aeronaves, solo 50 se encuentran operativas.

Adicionalmente, la Policía reporta un déficit presupuestal de $417.792 millones para cubrir necesidades de protección balística, armamento y sostenimiento logístico.

En el ámbito naval, de las 667 embarcaciones de la Armada, 321 unidades requieren recuperación o están inactivas. Paralelamente, el Gobierno Petro dejó firmado el contrato para la adquisición de 17 aviones Saab Gripen por $16,5 billones, cuyos pagos comenzaron en 2026 pero las entregas solo iniciarán a finales de 2028.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) deja una reserva de $691.267 millones sin ejecutar de la vigencia 2025. El programa bandera de vías rurales, ‘Caminos Comunitarios de la Paz Total’, presenta un rezago del 89,8% en solicitudes sin atender, dejando a más de 23.000 comunidades sin el arreglo de sus caminos.

En términos de metas de infraestructura, el Invías reportó un avance de solo 10.115 kilómetros intervenidos de los 33.102 planeados en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que obliga al gobierno entrante a gestionar la mejora de casi 23.000 kilómetros adicionales.

Finalmente, la administración de De La Espriella solicitó a la Procuraduría vigilar un contrato de $786.000 millones para una planta desalinizadora en Santa Marta, ante riesgos detectados en su estructuración técnica y financiera durante los últimos días del gobierno saliente.

BRAYAN SILVA HERNÁNDEZ

Periodista PORTAFOLIO