El gobierno del presidente Gustavo Petro se encuentra en el centro de una creciente polémica debido a su negativa a revelar las cifras oficiales sobre la evolución de los cultivos ilícitos en Colombia. Esta situación persiste incluso después de que el país recibiera la certificación por parte de Estados Unidos, un proceso anual que evalúa los esfuerzos de las naciones en la lucha contra el narcotráfico.
Inicialmente, se especulaba que la retención de datos buscaba no afectar el proceso de certificación estadounidense. Sin embargo, tras la confirmación de dicha certificación el día de ayer, el gobierno mantiene su postura hermética, lo que ha llevado a diversos sectores políticos y sociales a cuestionar si se busca evitar críticas sobre la realidad del país en este ámbito.
La política de “no acción” contra los cultivadores, anunciada por el presidente Petro desde el inicio de su mandato en agosto de 2022, ha sido objeto de intenso debate. Durante un discurso a solo meses de haberse posesionado, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, conocida por sus extensos cultivos de coca; Petro argumentó que no se puede “atacar ni judicializar a los campesinos e indígenas” y aseguró que en su gobierno no serían perseguidos ni atacados. Esta posición, presentada como una defensa de los derechos de los agricultores, marca un cambio significativo respecto a las políticas de administraciones anteriores.
El entonces ministro de Justicia, Néstor Osuna, había respaldado esta postura, afirmando: “Nuestra política se centra en abordar las causas estructurales que llevan a los campesinos a cultivar coca. No podemos criminalizar la pobreza”. Sin embargo, esta perspectiva ha encontrado fuertes críticas por parte de la oposición y algunos sectores internacionales.
La senadora María Fernanda Cabal, del Partido Centro Democrático, ha sido particularmente vocal en su oposición: “El gobierno Petro está enviando un mensaje peligroso al mundo. Al no revelar las cifras y negarse a combatir activamente los cultivos, estamos dando luz verde a los narcotraficantes”.
La situación se complica aún más cuando se considera el panorama de los grupos armados ilegales en el país. Críticos de la administración señalan la aparente contradicción entre la política de no intervención y las negociaciones en curso con grupos como el ELN (Ejército de Liberación Nacional), las FARC disidentes y el EGC-Clan del Golfo, sin exigirles abandonar el narcotráfico como condición para el diálogo.
El analista de seguridad, Juan Carlos Garzón, de la Fundación Ideas para la Paz, comenta: “Existe una desconexión preocupante entre la política de “Paz Total” y la realidad del narcotráfico en Colombia. No podemos ignorar que estos grupos armados dependen en gran medida del negocio de las drogas para su financiación”.
Además, informes de inteligencia han señalado la creciente presencia de carteles mexicanos que operan directamente en vastas áreas del sur del país, particularmente en los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo. Estos grupos han establecido alianzas con organizaciones locales, complicando aún más el panorama del narcotráfico en Colombia.
La negativa del gobierno a proporcionar datos actualizados sobre las hectáreas de cultivos de coca ha generado escepticismo en diversos sectores. En contraste, las autoridades han enfatizado las cifras de incautación de pasta de coca, que según la Policía Nacional alcanzan las 640 toneladas, acercándose a la meta propuesta para el año.
El general William Salamanca, director de la Policía Nacional, declaró recientemente: “Nuestros esfuerzos en la interdicción están dando resultados significativos. Estamos golpeando fuertemente las finanzas de las organizaciones criminales”.
Sin embargo, un informe presentado en el Senado en marzo pasado, basado en datos de la Policía Nacional, indicaba un aumento preocupante en los cultivos. Según este informe, en diciembre de 2022 había 230,500 hectáreas de coca, aumentando a 246,693 en diciembre de 2023. Algunos senadores atribuyen este incremento a la falta de un programa sólido de sustitución de cultivos y a la nueva política de no intervención.
El Ministerio de Defensa informó que, entre febrero y julio de 2024, se erradicaron 2,278 hectáreas de un objetivo de 10,000 para el año, lo que representa aproximadamente 15 hectáreas diarias. Esta cifra contrasta fuertemente con los esfuerzos de erradicación de años anteriores y evidencia que se viene perdiendo la fuerza y efectividad en la erradicación.
La senadora Paola Holguín del Centro Democrático ha criticado duramente esta situación, señalando que en el 2024: “La erradicación ha caído más de un 71%. Lo grave es que actualmente no hay ni siquiera erradicación manual ni voluntaria. Estamos retrocediendo años en la lucha contra el narcotráfico”, señaló Holguín en el capitolio.
A pesar de la certificación de Estados Unidos, es notable que este país ha reducido el presupuesto destinado a la lucha contra las drogas en Colombia para el próximo año, pasando de 160 a 135 millones de dólares. Este recorte ha sido interpretado por algunos analistas como una señal de preocupación por parte de Washington.
Adam Isacson, experto en seguridad y Colombia del Washington Office on Latin America (WOLA), comentó al respecto: “La reducción en el presupuesto podría reflejar cierta frustración con la nueva dirección de la política antidrogas colombiana. Sin embargo, también podría ser parte de una reevaluación más amplia de la estrategia de ‘guerra contra las drogas’ que ha dominado las relaciones bilaterales durante décadas”.
El gobierno colombiano cuenta con herramientas sofisticadas para monitorear la evolución de los cultivos ilícitos, incluyendo tres radares especializados. Además, el país recibe apoyo en el seguimiento por parte de las Naciones Unidas y los satélites estadounidenses, que proporcionan imágenes para georreferenciar la ubicación precisa de los cultivos.
Esta capacidad técnica hace aún más desconcertante la negativa del gobierno a compartir las cifras actualizadas. El ex ministro de Defensa, Diego Molano, ha criticado esta postura: “La transparencia es fundamental en la lucha contra el narcotráfico. Ocultar información solo beneficia a los criminales y socava la confianza internacional en Colombia”.
La situación actual plantea desafíos significativos para la política antidrogas de Colombia y suscita debates sobre la transparencia y efectividad de las estrategias gubernamentales en este ámbito. Mientras el gobierno Petro insiste en su enfoque de priorizar el desarrollo rural y abordar las causas estructurales del narcotráfico, sus críticos argumentan que esta política podría estar permitiendo un crecimiento descontrolado de los cultivos ilícitos y que por esta razón es que se ocultan las cifras.
El analista político Pedro Medellín señala: “Estamos en un punto de inflexión en la política antidrogas colombiana. El gobierno Petro está apostando por un cambio de paradigma, pero el éxito de esta estrategia dependerá de su capacidad para mostrar resultados concretos y mantener la confianza tanto de la comunidad internacional como de la opinión pública nacional”.
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención. La Unión Europea, a través de su embajador en Colombia, Gilles Bertrand, ha expresado: “Apoyamos los esfuerzos de Colombia en la búsqueda de soluciones innovadoras al problema de las drogas. Sin embargo, la transparencia y el acceso a datos precisos son cruciales para una cooperación efectiva”.
A medida que el debate continúa, queda claro que la política de drogas de Colombia se encuentra en un momento crítico. La decisión del gobierno de mantener en reserva las cifras de cultivos ilícitos, combinada con su nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico, seguirá siendo objeto de intenso escrutinio tanto a nivel nacional como internacional en los próximos meses.
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