La demanda fue presentada en 2022 por las hijas del magistrado Urán, amparadas por una norma sobre la protección de las víctimas de la tortura.
El presidente Abelardo De La Espriella celebró este viernes que el jurado de una Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, decidiera absolver al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega de cualquier responsabilidad civil en las torturas y la posterior ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, durante la toma y retoma del Palacio de Justicia.
«Se hizo justicia con un héroe de la Patria«, escribió en su cuenta de X el presidente, quien el pasado 7 de septiembre pidió al ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, y a la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, que organizaran un acompañamiento del Estado a Plazas Vega en el proceso judicial.
El jueves, tras escuchar durante el juicio testimonios sobre lo ocurrido con varios de los sobrevivientes del 6 y 7 de noviembre de 1985, el jurado de una Corte del Distrito Sur de Florida decidió absolver al oficial retirado de responsabilidad civil.
El proceso, que data de 2022, fue impulsado por las hijas de Urán, quienes demandaron a Plazas Vega bajo la Ley de Protección a Víctimas de Tortura de 1991 (TVPA), que permite reclamar ante la justicia de EE. UU. responsabilidad civil por determinados hechos de tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidos bajo autoridad oficial extranjera.
Urán convalidó su salida con vida del Palacio de Justicia en videos de la época, pero horas después su cuerpo fue hallado sin vida dentro del edificio con un impacto de bala a corta distancia. Años más tarde, pertenencias personales de la víctima, entre ellas su billetera baleada, fueron halladas en las bóvedas del Cantón Norte en Bogotá.
El oficial en retiro, quien fijó su residencia en el estado de Florida tras ser absuelto por la Corte Suprema de Justicia colombiana en 2015 luego de permanecer más de ocho años privado de la libertad, sostiene que no tuvo participación ni responsabilidad en la muerte del magistrado.