El equipo de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella, radicó una batería de denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Las acciones judiciales y administrativas señalan supuestos hechos de corrupción e irregularidades en el manejo de recursos públicos que superan los $370.000 millones.
Las actuaciones fueron formalizadas entre el 1 y el 3 de agosto por Germán Calderón España, director del denominado “Grupo Élite del Empalme Anticorrupción”. Según el reporte entregado por el equipo de la administración entrante, los hallazgos abarcan convenios y procesos de selección ejecutados en el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y Cenit, filial del grupo empresarial Ecopetrol.
Entre los expedientes puestos a disposición de las autoridades figura la compra de 16 sistemas antidrones para la Fuerza Pública mediante la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (CODALTEC). El análisis técnico elaborado por la comisión entrante advierte sobrecostos que alcanzarían el 85 %, un presunto detrimento patrimonial estimado en más de $20.700 millones y la entrega de equipos con fallas técnicas de inhibición reportadas por el Ejército Nacional, además de falencias en su instalación y geolocalización.
En el caso de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la denuncia solicita investigar la adjudicación de un contrato directo por un monto de $24.800 millones. De acuerdo con el equipo de empalme, el proceso licitatorio y su posterior firma se habrían llevado a cabo a pesar de la existencia de una orden judicial que suspendía expresamente la selección de los contratistas.
Por otra parte, se allegaron nuevos elementos probatorios relacionados con un contrato de servicios jurídicos por valor cercano a los $23.000 millones en Cenit, filial de la petrolera estatal Ecopetrol. La documentación radicada describe presuntas presiones políticas, injerencia en la sugerencia de perfiles profesionales para la firma contratista y la supresión de los mecanismos institucionales de seguimiento y control sobre la ejecución de los recursos.
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano, sostuvo tras la finalización de las mesas técnicas que el compromiso del comité de empalme radica en trasladar la totalidad de los hallazgos a los jueces y organismos de control. Con el cierre de la fase de empalme, las tres entidades del Estado deberán evaluar la apertura de indicios disciplinarios, fiscales y penales.