Junto a inversionistas y el BID, su equipo evalúa un plan a 20 años, que abarcaría dos millones de hectáreas.
José CaparrosoActualizado:
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El pasado jueves, en Barranquilla, la ciudad donde el presidente electo Abelardo De La Espriella ha venido reuniendo a su gabinete, un grupo de inversionistas y técnicos de la Orinoquía y de Brasil, se sentó frente a los ministros designados y
un representante del Banco Interamericano de Desarrollo, con una presentación.
La tesis es que la sabana del oriente colombiano puede repetir lo que hizo el estado brasileño de Mato Grosso en cuatro décadas, y que puede empezar a hacerlo ahora.
Portafolio conoció el contenido de esa presentación. La firman la asociación empresarial Prorinoquia y la iniciativa Soya–Maíz Proyecto País, y se apoya en cifras de Fedesarrollo y de Scheffer Colombia, el brazo local del grupo agrícola brasileño del mismo nombre.
El documento propone un “Plan de Estado” de 20 años, dividido en tres umbrales. Entre 2026 y 2030 la región produciría tres millones de toneladas de soya y maíz, suficientes para reducir las importaciones en 37,5%.
Entre 2030 y 2034 llegaría a ocho millones de toneladas, el punto en el que el país dejaría de importar esos dos granos. Y hacia 2045 alcanzaría 20 millones de toneladas, de las cuales 12 se exportarían.
Para la primera etapa, se calcula que el sector privado tendría que poner US$1.300 millones en inversión de capital (el 40% en adecuación de suelos, el 25% en maquinaria, el 20% en minería y el 15% en plantas) más 440 millones adicionales de capital de trabajo.
La llegada de esa delegación a Barranquilla se dio luego que De La Espriella visitó, la misma semana pasada, el Vichada, en el corazón de la Orinoquía. Recorrió la Hacienda San José, un referente internacional de ganadería tecnificada fundada por el empresario Gabriel Jaramillo, y la Hacienda Scheffer, dedicada precisamente a la soya y el maíz.
“No recorrí únicamente haciendas, cultivos y proyectos ganaderos”, escribió después en su cuenta de X. “Recorrí una visión de país: una Colombia que vuelve a creer en su campo”.
El nuevo gobierno, dijo, “promoverá una política de Estado para aumentar la producción agropecuaria, fortalecer la infraestructura rural y sustituir progresivamente las importaciones de alimentos que Colombia está en capacidad de producir”.
La comparación con Mato Grosso
Los suelos de ese estado brasileño son ácidos, tóxicos en aluminio y pobres en calcio y magnesio, casi los mismos defectos que tiene la Altillanura colombiana.
Aun así, Mato Grosso pasó de poco más de un millón de hectáreas cosechadas en 1980 a cerca de 20 millones en 2020, y hoy es el primer productor brasileño de ganado, soya, maíz y algodón.
Su PIB agropecuario creció 11,5% anual en promedio entre 2003 y 2021, y el estado tiene la mejor combinación de ingreso por habitante y equidad de todo Brasil.
Colombia está en el punto contrario. Según el estudio de Fedesarrollo que sirve de base a la propuesta, la Orinoquía tiene 25,5 millones de hectáreas y una frontera agrícola de 15 millones una vez se descuentan áreas protegidas.
En la Altillanura, de 6,9 millones de hectáreas disponibles, solo 238.000 estaban cosechadas en 2023: el 3,4%.
Mientras tanto, el país importa unos siete millones de toneladas de maíz amarillo y soya al año, un déficit que en 2023 costó 3.100 millones de dólares.
El costo social de ese vacío está a la vista.
En Cumaribo, el municipio más extenso de la Altillanura, la pobreza multidimensional llega al 91,4%, frente al 12,1% del promedio nacional.
Aquí es donde el propio estudio que entusiasma al gabinete entrante introduce su advertencia más incómoda. Fedesarrollo concluye que el mayor obstáculo para la inversión no es el suelo ni la falta de carreteras, sino la inseguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra.
En seis de los siete municipios de la Altillanura, entre el 60% y el 80% de los predios son informales, contra un promedio nacional de 52,7%.
La Ley 160 de 1994 impide acumular tierras que alguna vez fueron baldías por encima del tamaño de la Unidad Agrícola Familiar, y la Ley Zidres, creada en 2016 para destrabar ese nudo, no ha producido una sola zona en ocho años.
De los ocho frentes de trabajo que propone el diagnóstico, dos aparecen marcados como decisiones de “go no go“, es decir, condiciones sin las cuales el resto no arranca.
Son seguridad jurídica (propiedad de la tierra y escala) e infraestructura.
Ese es también el terreno más resbaladizo políticamente.
Las restricciones que los inversionistas quieren levantar existen por razones que el Congreso consideró de peso. La Ley 160 buscaba evitar la concentración de la tierra y la Ley 1448 de 2011 fue diseñada para reparar a las víctimas del despojo armado.
Fedesarrollo propone reformarlas (incluyendo una ley especial que excluya a la Orinoquía del límite de la UAF y una segunda instancia en los procesos de restitución), pero reconoce que las intenciones del legislador fueron “loables” y que el problema está en cómo se han aplicado.
A eso se suma que cerca del 23% de la población se autorreconoce como indígena y que en la región hay 65 resguardos, la mayoría en el Vichada.
La infraestructura es el otro cuello de botella, y es caro. La Altillanura tiene casi 140.000 kilómetros cuadrados y apenas 352,91 kilómetros de vías primarias; transportar una tonelada cuesta casi el doble del promedio nacional.
Fedesarrollo propone que el Gobierno Nacional destine $1,5 billones en 10 años solo para rehabilitar la vía de 750 kilómetros entre Puerto López y Puerto Carreño, y descarta hacerlo por concesión, porque no hay hoy suficiente carga para sostener peajes.
Las cifras que más se citarán en los próximos meses son las de impacto. Si todas las reformas se implementan, calcula Fedesarrollo, el PIB agropecuario nacional sería 20% más alto en 2045 y el PIB total, 8,2% mayor.
El valor agregado acumulado equivaldría al 51,2% del PIB de 2023, y el país generaría hasta 54.000 empleos anuales. Son el escenario alto, el que supone la ejecución plena de una agenda que incluye reformas legales, catastro multipropósito, plantas de cal dolomita y urea, becas para más de 23.000 técnicos y un programa de investigación agropecuaria de largo plazo.
En el escenario base (el de no hacer nada) la Altillanura llegaría a 2045 con apenas el 8% de su frontera agrícola sembrada.
A Abelardo De La Espriella y su equipo les están pidiendo crear confianza con hechos desde el Gobierno, una agenda de ejecución con responsables y fechas, seguimiento independiente a través de una oficina de proyectos, seguridad física y un patrocinador financiero multilateral.
La presencia del BID en la oficina de Abelardo en Barranquilla, a pocos días de la posesión, sugiere que esa última casilla ya empezó a llenarse.
JOSÉ CAPARROSO
SUBDIRECTOR DE PORTAFOLIO
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