En pasadas columnas nos hemos referido a las flagrantes infracciones del régimen al orden constitucional en aspectos de tanto calado como el respeto a la Democracia en las urnas, la protección del derecho a la vida, el mantenimiento del orden público, la seguridad de la población, la corrupción, el despilfarro de los recursos públicos, el crecimiento económico, la generación de empleo, la seguridad social, el problema del narcotráfico y la reforma a la Justicia. Pero también en la protección de la Familia y la Niñez, viola este gobierno el orden constitucional.
Consagra nuestra Constitución el deber de proteger de manera especial a la familia, como núcleo fundamental de la sociedad y a la niñez, no sólo por su estado de desprotección sino también porque representa el futuro de la Nación.
Artículo 5°. “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.”
Contraviniendo absolutamente la primacía ordenada por la carta constitucional, se ha dedicado el régimen actual, de inspiración materialista, a patrocinar por todos los medios a su alcance toda iniciativa que atenta contra la vigencia y protección debida a la institución básica de la familia tradicional, compuesta por el hombre y la mujer e instituida con el noble propósito de perpetuar la especie humana.
Se dedican esfuerzos presupuestales y programas oficiales a la difusión de la ideología de género, el cambio de sexo y otras teorías que destruyen el concepto de la familia. Se programan eventos y festividades del “orgullo gay” con financiación oficial y participación de menores de edad. Se reparten cartillas promoviendo la ideología de género en los establecimientos escolares.
Con infracción de tratados internacionales suscritos por Colombia, se promueve el aborto, que permite el asesinato de miles de seres en el vientre materno, con el patrocinio del Estado.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa
Rica, del 22 de Noviembre del 1969), suscrita por Colombia, que hace parte de nuestro bloque constitucional, estableció :
Artículo 4. Derecho a la Vida
“1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie
puede ser privado de la vida arbitrariamente.”
La institución del matrimonio, pilar de la familia, sufre también la descomposición que se ha apoderado del régimen, y está siendo sustituida por el remedo de matrimonio entre personas del mismo sexo, que atenta gravemente contra el núcleo básico de nuestra sociedad, la familia tradicional.
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. “
Las funestas consecuencias del desmoronamiento del núcleo familiar afectan en primer lugar a los hijos, quienes, desde temprana edad, se convierten en víctimas sin derecho a un desarrollo armónico integral y al ejercicio pleno de sus derechos.
Otro de los generadores de desamparo y de negación de los derechos básicos de la niñez es la guerrilla aliada del régimen que nos gobierna. Aún después de haber suscrito el espurio pacto de La Habana, continúa practicándose el reclutamiento forzado de menores y jóvenes por parte del ELN y las FARC, que, como es bien sabido, implica separación de la familia, torturas, obligación de participar en trabajos riesgosos, explotación económica y sexual a los reclutados, tal como ellos mismos lo han narrado dramáticamente ante las autoridades y los medios de comunicación.
Ninguna acción por parte del Gobierno se ha adelantado para erradicar estas bárbaras prácticas, que ya no se aprueban ni en los países menos civilizados. Es, pues, una de las violaciones más execrables a nuestra Constitución que debe desaparecer a la mayor brevedad.
Corresponde a la ciudadanía salir en defensa de los más preciado, nuestra familia y el futuro de nuestros hijos, para lo cual será necesario el derrocamiento por la vía constitucional del actual régimen, bien sea por el juicio político de que trata el art. 109 de la C. P., o mediante solicitud a las Fuerzas Armadas para que cumplan con su función primordial de devolver el orden constitucional a la República, en ejercicio de los arts. 217 y 218 de la C. P. Asimismo, debemos unirnos los indignados que protestamos contra Petro en una gran fuerza , independiente de las viejas castas políticas que están aliadas con el actual régimen para aprobar sus proyectos a cambio de sobornos, para recuperar el poder y reinstaurar los valores y principios que nos quiere arrebatar este régimen comunista y mentiroso.
Por: Luis Alfonso García Carmona
