Estamos a un mes de la posesión del nuevo presidente. Han comenzado las reuniones de empalme entre los gobiernos de Petro y Abelardo de la Espriella y se empieza a descubrir la realidad de Colombia, después de cuatro años de una gestión catastrófica realizada por una pandilla criminal que desmanteló casi todo lo que funcionaba en el aparato estatal.

Lo que va apareciendo ante nuestros ojos es una Torre de Babel, que la inoperancia de los organismos de control y la propaganda del régimen ha mantenido oculta. En diciembre de 2022 publiqué un artículo en el cual afirmaba que el comienzo de la era Petro ya era una Torre de Babel, por la cantidad de transformaciones que pretendía realizar sin medir las consecuencias de desmantelar instituciones que funcionaban para reemplazarlas por otras, sin criterio alguno, sin estudios, sin medir consecuencias, con la más absoluta improvisación, ejecutada por funcionarios incompetentes, ignorantes y corruptos.

Pues bien, esa Torre de Babel ahora está a la vista de todos. Cada día que pasa será mayor el horror de lo que se va descubriendo, porque la finalidad de esta pandilla era robar todo lo que podía, mientras que se desmantelaba el Estado que funciona y soluciona los problemas de la gente, aunque con defectos, para reemplazarlo por el Estado socialista que no ha funcionado nunca en ningún lugar del mundo.

Comienzan a aparecer las barbaridades del gobierno de Petro

Entre las primeras noticias que se conocen está la de los falsos procesos de paz de Petro, que desmantelaron las Fuerzas Armadas ordenando suspender las operaciones contra los grupos criminales, mientras los organismos de inteligencia fueron entregados a los antiguos guerrilleros del M-19.

También se conoció que el endeudamiento adquirido por Petro, además de ser colosal, fue negociado a unas tasas de interés que son casi el doble de las habituales en el mercado financiero. Y que las grandes empresas y entidades del Estado, como Ecopetrol, Fiduprevisora, UNGRD, y muchas otras, fueron objeto de un saqueo sistemático.

La meta de entregar 3 millones de hectáreas en planes de reforma agraria, establecido en el falso Acuerdo de paz con las FARC, terminó en apenas 150.000 hectáreas entregadas a campesinos o agitadores sociales. Los procesos están inconclusos porque no se han titulado las tierras a los adjudicatarios, tampoco se le ha pagado a los antiguos propietarios y muchos predios fueros negociados con sobreprecios y comisiones corruptas cobradas por los funcionarios del gobierno.

En el sistema educativo se descubrió que había decenas de miles de becas que no se otorgaron a ningún estudiante, pero los dineros para financiarlas desaparecieron. Tampoco se conoce hasta ahora quiénes son los destinatarios de 800.000 contratos de prestación de servicios, por más de 30 billones de pesos (diez mil millones de dólares), otorgados por el gobierno en el último año a sus bases políticas, con los cuales compraron los votos con los que pretendían ganar las elecciones.

Igualmente, el país acaba de enterarse que se le ha entregado la administración de Colpensiones a una empresa desconocida y sin experiencia, de tal forma que unos 80 contratistas manejarán los recursos de casi dos millones de pensionados que administra esa entidad.

Todas estas barbaridades se han conocido en apenas dos o tres días de empalme. ¿Qué se descubrirá después de un mes de investigaciones? Nadie lo sabe. Asistiremos a una especie de sesión mágica, que ante las evidencias hará desaparecer un castillo reluciente que la propaganda del gobierno nos dice que existe, y entonces pasaremos a ver una Torre de Babel desmantelada y en ruinas, que fue lo que nos dejó la devastación petrista.

No será fácil la tarea de reconstruir a Colombia. La auditoría forense que el nuevo gobierno ha prometido hacer debe ser implacable, exhaustiva y contundente. No se puede tolerar la impunidad con la corrupción, que junto con el narco-terrorismo, han sido las principales causas del desastre que vive Colombia.

La desobediencia civil es insurrección

Finalmente, Iván Cepeda, el candidato derrotado, anuncia que comandará una política de desobediencia civil, que en realidad será dirigida por Petro. Ese anuncio es exactamente un llamado a la insurrección, a la guerra civil y al enfrentamiento armado contra el gobierno, en el cual se manifestarán todas las formas de lucha y de subversión revolucionaria.

En 2018, cuando Duque derrotó a Petro, éste anunció exactamente lo mismo con otras palabras. Ese anuncio se convirtió en el paro terrorista de 2021, en el cual las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, las guerrillas urbanas y la minga indígena destruyeron el País, en particular a Cali, pretendieron derrocar al presidente Duque, paralizaron a Colombia durante casi tres meses, destruyendo la economía y el empleo.

¡Esto es lo mismo que están anunciando Petro y Cepeda! Estamos seguros que susintentos por destruir a Colombia serán inútiles, porque en ese entonces el presidente Duque ni cuenta se dio que lo iban a derrocar y no permitió que la Fuerza Pública tomara el control inmediato de los acontecimientos, enfrentando con firmeza la sublevación terrorista.

Ahora el presidente es Abelardo de la Espriella, quien no va a temblar de miedo ante la insurrección, pues sabe perfectamente que el Estado tiene todas las herramientas legales y constitucionales para derrotar a los criminales y a los violentos, cuando se tiene la determinación de hacerlo.

Es lo que esperamos del nuevo presidente y del nuevo gobierno. Ese fue el clamor que se manifestó en la campaña presidencial y no habrá mentira, cobardía o ingenuidad que permita que la subversión armada, los narco-terroristas y los corruptos se apoderen de Colombia.

Quien proclama la desobediencia civil debería ser denunciado y judicializado por promover el delito de insurrección. Si Cepeda desconoce el ordenamiento jurídico y la Constitución, pretendiendo derribarlos, no podría asumir la curul en el Senado de la República, que es precisamente donde se hacen las leyes que todo ciudadano tiene la obligación de acatar y defender.