Para nadie es un secreto que la defensa de los Derechos Humanos en Colombia se convirtió en una herramienta política de la izquierda. A través de colectivos de abogados y comisiones de juristas, encontraron un mecanismo fabuloso para perseguir infamemente a personas inocentes enarbolando la bandera de la promoción de los DD.HH. y, de paso, hacerse a multimillonarios recursos fruto de injustas indemnizaciones que emanan de condenas proferidas por tribunales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. 

Es indignante el silencio de esas organizaciones frente a los hechos macabros que se han presentado en Cúcuta y Cali contra la Fuerza Pública donde los terroristas del ELN comenzaron el año atacando cobardemente a los uniformados colombianos.

Según ha denunciado el ministro de Defensa Nacional Diego Molano, el terrorista José Benigno Mora, por quien se ofrece una recompensa de mil millones de pesos, es el responsable de los ataques que se han registrado en estos primeros días de 2022.

Al silencio de los cacareados defensores de Derechos Humanos, se suman los comentarios miserables como los de la uruguaya Laura Gil con los que pretende convertir en asuntos políticos los atentados terroristas al decir que “uno siempre puede contar con el ELN para hacerle campaña al uribismo”.

No. Esto no es un asunto de campaña sino de violencia. Se trata de la vida de 13 miembros del ESMAD que fue puesta en grave riesgo con ocasión del atentado en Puerto Rellena, un vecindario de la ciudad de Cali.

El errático Humberto De la Calle, autor del supuesto “mejor acuerdo posible” y quien ahora pretende reencaucharse políticamente a través de su candidatura al Senado de la República, se limitó a calificar de “torpeza política” el atentado criminal. ¿Acaso hay atentados terroristas que no sean políticamente torpes? Flaco favor le continúa haciendo De la Calle a la democracia colombiana rebuscando argumentos que desemboquen en la justificación de la existencia de las bandas narcoterroristas con las que a él tanto le gusta pactar.

El rebrote de violencia que vive Colombia es consecuencia de la debilidad institucional para enfrentar al crimen organizado y la complicidad de los sectores socialcomunistas y “progresistas” que se desviven por complacer a los criminales. Una democracia sólida no pacta con los terroristas; los enfrenta y los reduce al precio que sea.

@IrreverentesCol, enero 12 de 2022.