Agonizante llega el sector salud al cambio de gobierno. No es para menos. Luego de cuatro años marcados por una arremetida permanente de la saliente administración de Petro, Corcho y Jaramillo contra el modelo de aseguramiento, fallidas intervenciones de EPS, conflictos políticos e institucionales y una fracasada apuesta por imponer una reforma estructural sin consensos, el sistema muestra síntomas inequívocos de acelerado deterioro.

Millones de usuarios enfrentan a diario barreras de acceso a servicios de salud dignos y oportunos por largas filas, citas, cirugías o tratamientos represados, medicinas sin entregar, redes prestadoras asfixiadas financieramente y una pérdida de confianza entre los actores. Como bien lo describió en EL HERALDO el exministro Augusto Galán Sarmiento, la situación es similar a “tener un paciente en la unidad de cuidados intensivos en falla multisistémica”.

En ese dramático contexto, el plan de choque anunciado por la ministra de Salud designada, Ana María Vesga, nos merece una valoración favorable por una razón elemental. Por un lado, reconoce la gravedad de la emergencia y, por el otro, fija prioridades coherentes con la realidad. Antes que embarcar se en una cruzada ideológica o en una reforma de incierto destino, anuncia que buscará resolver lo antes posible el sufrimiento de pacientes y familias afectados por una gestión desastrosa que debilitó a propósito la institucionalidad del sector.

La diferencia de enfoque no pasa desapercibida. Mientras el saliente Ejecutivo insistió en transformar el sistema desde el choque político e ideologizado, enfocándose en prevención pero descuidando todo lo demás, el entrante comprende que ningún modelo sobrevive si los pacientes no reciben atención de calidad y a tiempo. Por eso resulta acertada su decisión de identificar cuáles son los mayores cuellos de botella, determinar dónde están represados los servicios y coordinar una respuesta en conjunto con toda la red hospitalaria de la nación.

Otro mensaje relevante es su respaldo al actual modelo de aseguramiento. Cuando Vesga afirma que el país necesita EPS fortalecidas y que la prioridad es recuperar las que sean viables, le envía una señal de estabilidad a un sector golpeado por años de incertidumbre e incluso de persecución. Los gravosos resultados de las intervenciones ordenadas por el Gobierno difícilmente avalan la tesis de que la toma estatal mejoró la prestación de los servicios, en la queinsiste el mandatario y el condecorado Jaramillo. No pueden tapar el sol con un dedo: los indicadores financieros muestran la agudización del deterioro patrimonial de las instituciones intervenidas y una profundización de sus dificultades de sostenibilidad.

Particular atención merece la Nueva EPS. Con más de 11 millones de afiliados, su estabilidad está ligada de forma estrecha a la del mismo sistema. La propuesta de la ministra de reducir progresivamente su tamaño para aliviar sus enormes presiones operativas y financieras parece sensata frente a una realidad inobjetable: ninguna entidad puede prestar servicios de calidad cuando administra ese volumen de usuarios en medio de una crisis de liquidez.

No cabe duda de que el tema financiero es crucial para rescatar el sistema. La subestimación de la UPC por la administración Petro profundizó en los últimos años el desequilibrio entre los costos reales de la prestación y los recursos asignados. Los déficits acumulados y deudas con hospitales, clínicas, proveedores e industria farmacéutica exigen decisiones urgentes y recursos adicionales. Sin liquidez o una estrategia seria de saneamiento financiero, todo intento por salvar a este enfermo será insuficiente o solo producirá resultados temporales.

Recuperar confianza institucional es otro asunto indispensable. EPS, prestadores, pacientes, asociaciones médicas, académicos y empresarios fueron arrastrados a una disputa política que debilitó la posibilidad de construir consensos. Hoy resulta imprescindible restablecer el diálogo técnico, escuchar a todos los actores y tomar decisiones sustentadas en evidencia, no en dogmas. Vesga, como presidenta de Acemi, demostró disposición para conversar, cuestión clave en su meta de devolverle capacidad de respuesta y transparencia al sistema.

En su estertor agónico, este paciente no necesita una cirugía, sino estabilización, liderazgo técnico y habilidad de concertación. Si el plan de choque de la ministra garantiza atención de los pacientes y ofrece un diagnóstico real del estado del sistema se habrá dado el primer paso para salvarlo. Justo ahora cuando la crisis de salud ya es un problema humanitario, no tenemos margen para más improvisaciones o disputas pendejas sobre quién tiene la razón. Aquí las malas decisiones se miden en sufrimiento humano, como lo confirmó un gobierno que se marcha sin dar las explicaciones que tantos enfermos y sus familias les demandaron.