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El 7 de agosto, cuando Abelardo De la Espriella reciba el mando, previsiblemente en una guarnición militar y no en el Congreso, como ha insistido en las últimas semanas, heredará algo más que un cargo: un aparato de seguridad desgastado por cuatro años de purgas internas, negociaciones fallidas y equipamiento que envejece más rápido de lo que se reemplaza. Su ministro de Defensa ya designado, el general (r) Jorge Eduardo Mora López, y quien termine al frente del Comando General de las Fuerzas Militares, cargo que hasta la fecha sigue sin definirse, porque Gustavo Petro conserva el título de comandante supremo hasta el último minuto de su mandato, deberán resolver simultáneamente al menos ocho frentes que se acumularon durante el gobierno saliente y que no admiten más aplazamiento. Ninguno es sencillo, todos están interconectados y varios exigirán decisiones antes de que termine el primer semestre de gobierno.

Los Gripen: el avión que llega tarde y cuesta más de lo prometido

El contrato para renovar la flota de combate de la Fuerza Aeroespacial Colombiana es, a la vez, el mayor logro y el mayor dolor de cabeza que Petro le deja a su sucesor. Colombia adquirió 17 aviones Gripen E/F —15 monoplaza y 2 biplaza— a la sueca Saab por 3.652 millones de dólares, cerca de 13,7 billones de pesos, con entregas escalonadas entre 2028 y 2032. El problema no es solo el precio: analistas y el propio senador David Luna calcularon que Colombia terminó pagando entre 70% y 120% más por aeronave que lo que pagaron Brasil o Suecia por el mismo modelo, lo que ya llevó a la Contraloría a abrir una investigación contractual. A eso se suma que, a diferencia de Brasil, donde Embraer ensambla parte de la flota en su planta de Gavião Peixoto, Colombia no obtuvo transferencia tecnológica ni línea de producción propia, y que el motor del Gripen es de origen estadounidense, lo que deja la entrega sujeta a la relación bilateral con Washington. Mientras tanto, la Fuerza Aeroespacial deberá sostener durante al menos dos años más su flota de Kfir, con más de tres décadas de servicio, en momentos en que la región vive tensiones militares crecientes.

La flota que no vuela: la crisis de los helicópteros

Si los aviones de combate acaparan los titulares, la crisis real de movilidad aérea está en los helicópteros. El Ejército tiene 53 Black Hawk, pero según cifras recientes de la División de Aviación de Asalto Aéreo apenas 13 están operativos: una disponibilidad cercana al 24%, muy por debajo de la meta institucional del 75%. La cifra se agravó desde 2025, cuando Washington suspendió el apoyo de mantenimiento y repuestos a varias decenas de aeronaves, 18 antinarcóticos y hasta 22 de la Policía, como parte del congelamiento de ayuda exterior que ordenó el gobierno de Donald Trump en medio de la crisis diplomática con Petro. El Ejército llegó a alquilar helicópteros privados en el Catatumbo a un costo cercano a los 41 millones de pesos por hora de vuelo. La primera señal de descongelamiento ya llegó por otra vía: en su acercamiento con el canciller israelí Gideon Sa’ar, De la Espriella abrió la puerta a que Elbit Systems retome la modernización de los Black Hawk Arpía IV, suspendida desde la ruptura de relaciones con Israel en 2024.

Washington y Tel Aviv: el nuevo eje de cooperación

La política exterior de seguridad del nuevo gobierno ya tiene rumbo definido antes de la posesión. El propio Pentágono expresó su respaldo a la designación del general Mora como ministro de Defensa, y funcionarios estadounidenses confirmaron reuniones directas con el equipo de De la Espriella para coordinar la lucha contra el narcotráfico. El 7 de agosto, Colombia se convertirá en el miembro número 19 de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas, y el gobierno entrante también busca sumarse al programa Escudo de las Américas, liderado por el Departamento de Estado y que hoy agrupa a trece países de la región, entre ellos Ecuador, El Salvador y Argentina. Con Israel, la reconciliación es igual de rápida: tras la ruptura de relaciones decretada por Petro en mayo de 2024, De la Espriella y Sa’ar ya acordaron restablecer embajadas, eliminar el requisito de visa y reactivar la cooperación militar y tecnológica, incluida la reanudación de la fabricación del fusil Galil y la modernización del sistema de vigilancia Puma. El mirar hacia el sur, una cooperación regional más amplia, sigue en la agenda del gobierno entrante, pero por ahora es Washington y Tel Aviv quienes marcan el paso.

La cúpula depuesta: el precio de “cumplir el deber”

Ningún frente es más delicado que el de la cúpula militar y policial. El comandante general de las Fuerzas Militares que ocupó el cargo entre agosto de 2022 y julio de 2024 cerró su gestión con un balance operativo que rara vez se menciona en el debate público: cerca de 29.000 neutralizaciones, entre capturas, sometimientos, bajas en desarrollo de operaciones, presentaciones voluntarias y menores recuperados, 305 laboratorios de clorhidrato de cocaína destruidos, más de 940 toneladas de cocaína incautadas y siete millones de insumos sólidos y líquidos para su producción inutilizados. Bajo su Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho sostuvo, en plena discusión sobre la “paz total”, que las operaciones militares “no han parado” y que, al contrario, se habían incrementado: para finales de 2022 ya reportaba más de 130 combates contra distintos grupos armados, 380 depósitos ilegales de armas ubicados y 1.100 artefactos explosivos neutralizados. Mantuvo, además, la estructura de los Comandos Conjuntos que su sucesor desmontaría meses después. Su salida, en julio de 2024, llegó tras tensiones con el Gobierno por las operaciones contra la Segunda Marquetalia en Nariño, justo cuando esa estructura era interlocutora de la mesa de “paz total”; quedó en servicio activo, pero fuera del país.

Ese patrón, relevar a quienes sostuvieron la ofensiva contra las estructuras armadas, no fue un caso aislado. Desde agosto de 2022 han salido más de 70 generales y almirantes, la mayor cifra de retiros de alto mando en la historia reciente del país, y solo entre el 16 de marzo y el 3 de julio de este año, 36 resoluciones dieron de baja a 326 militares en el Ejército, 153 de ellos oficiales superiores, según una revisión de El Colombiano. Entre los casos recientes: el general Erick Rodríguez, retirado el 9 de junio tras denunciar públicamente la carnetización de civiles por parte de las disidencias de alias Calarcá y presuntos actos de constreñimiento electoral; el general Jorge Ricardo Hernández, excomandante de la Cuarta Brigada, quien atribuye su salida a una operación que, según él, afectó la imagen de la política de “paz total” y ha pedido medidas cautelares ante la CIDH; y el general Juan Carlos Fajardo, vinculado a operativos contra el mismo cabecilla. El nuevo gobierno ya anunció que revisará “caso por caso” la hoja de vida de cada oficial retirado en los últimos cuatro años, con miras a una reincorporación que el propio general Mora calificó como una de las primeras tareas del ministerio.

Inteligencia a ciegas

Ningún golpe militar o judicial es mejor que la información que lo sostiene, y ahí Colombia llega especialmente débil. Un informe del Consejo de Generales de la Reserva documentó “silenciosas purgas” de personal experimentado dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), agravadas por el nombramiento en 2022 de Jorge Lemus, quien, según el mismo documento, tenía una inhabilidad vigente de la Procuraduría al posesionarse. Lemus renunció en enero de 2026 a pedido del propio Petro, y meses después la Procuraduría abrió una indagación en su contra por presuntos ofrecimientos judiciales relacionados con la entrega de un capo del contrabando, en el marco de la política de “paz total”. A esa fragilidad institucional se suman las revelaciones conocidas en junio, según las cuales directrices reservadas de 2024 y 2025 habrían ordenado suspender operaciones de inteligencia, aviación no tripulada y policiales contra la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo durante los acercamientos de paz, e incluso brindar esquemas de seguridad a cabecillas de esas estructuras en los aeropuertos de Tumaco y Puerto Asís. Reconstruir una capacidad de inteligencia despolitizada, con carrera técnica protegida de los ciclos de gobierno, es quizás el reto menos visible y más urgente de los ocho.

El blindaje jurídico que la tropa reclama

La otra cara de la moneda es la seguridad jurídica del uniformado que actúa en el terreno. En agosto de 2025 se radicó en el Congreso el proyecto de “Ley Escudo”, que busca reconocer expresamente el derecho a la legítima defensa de la Fuerza Pública durante ceses al fuego o procesos de paz, cuando sea objeto de agresiones armadas ilegítimas o sorpresivas. El proyecto invoca la llamada Regla Rendulic, según la cual la actuación de un comandante solo puede juzgarse con la información que tenía disponible, de buena fe, en el momento de decidir, y no con el beneficio retrospectivo de una investigación posterior. Colombia, además, sigue sin una ley marco de seguridad nacional que fije con claridad el estatus jurídico del conflicto y las reglas de uso de la fuerza, un vacío que analistas de derecho operacional describen como una forma de “lawfare” doméstico: operaciones jurídicamente ajustadas que terminan paralizadas por el desgaste judicial y comunicacional posterior. Sin ese blindaje, cualquier ofensiva territorial que el nuevo gobierno quiera liderar corre el riesgo de frenarse en los estrados antes que en el campo.

Comandos conjuntos: la reforma que llegó después

En noviembre de 2024, ya con un nuevo comandante general al frente, el Ministerio de Defensa disolvió mediante la Resolución 4760 los cinco Comandos Conjuntos, Omega, Titán, Hércules, Marte y Quirón, además de los comandos específicos del Caguán, el Oriente y el Cauca: una estructura de 20 años que había integrado en un solo mando a Ejército, Armada y Fuerza Aérea para golpes de alto impacto como las muertes del Mono Jojoy y de Alfonso Cano. Desde entonces, cada fuerza opera de forma independiente en su dominio. El entonces ministro de Defensa y el nuevo comandante insistieron en que se trataba de una “reorganización” y no de un desmonte, pero voces como la del exfiscal Francisco Barbosa calificaron la medida como “un favor a la criminalidad”. El nuevo gobierno tendrá que decidir si revive ese esquema conjunto, lo perfecciona, o mantiene la estructura descentralizada heredada, justo cuando la coordinación interfuerzas vuelve a ser crítica frente a estructuras armadas que operan simultáneamente por tierra, río y aire.

El territorio perdido: la cifra que no baja

Todos los frentes anteriores confluyen en uno solo: el control del territorio. Según el mapa de la Defensoría del Pueblo, el Clan del Golfo pasó de tener presencia en 213 municipios en 2019 a 468 en 2026; las disidencias de las FARC, de 124 a 265; y el ELN, de 149 a 260, con 809 municipios bajo alguna alerta temprana y más del 70% del territorio nacional bajo influencia de algún grupo armado ilegal, según cifras de la propia Defensoría. La Fundación Ideas para la Paz calculó que a diciembre de 2025 estas estructuras sumaban más de 27.000 integrantes, un 23,5% más que un año atrás, y que el país cerró 2025 con al menos 13 zonas de disputa armada activa, casi el doble que al inicio del gobierno Petro, un aumento del 62% en ataques contra la Fuerza Pública, del 133% en secuestros y del 85% en desplazamiento forzado, con 92.000 personas desplazadas solo por la crisis del Catatumbo. La conclusión de ese mismo informe es incómoda para cualquier promesa de mano dura: en 2025 la Fuerza Pública aumentó sus operaciones un 34%, pero ese mayor despliegue no se tradujo en una mejora clara de la seguridad. Recuperar territorio, más que una consigna de campaña, será la prueba de fuego que integrará, o no, los siete frentes anteriores.

De la Espriella ha hablado de un “golpe de autoridad” en sus primeros 90 días de gobierno. Pero los ocho frentes descritos aquí no se resuelven con decretos aislados: los Gripen no llegarán antes de 2028, la flota de helicópteros necesita años de repuestos y presupuesto, la reincorporación de oficiales exige un balance entre justicia interna y estabilidad institucional, y la recuperación territorial depende de que la inteligencia, el blindaje jurídico y la coordinación conjunta funcionen al mismo tiempo. El nuevo gobierno llega con el respaldo inicial de Washington y el reencuentro con Tel Aviv, dos aliados dispuestos a acelerar procesos que el gobierno saliente frenó o rompió. La pregunta que queda abierta es si esa buena voluntad externa alcanza para compensar cuatro años de desgaste institucional interno, o si Colombia necesitará, además, reconstruir desde adentro la cadena de mando, inteligencia y confianza que sostiene cualquier estrategia de seguridad.