El derrumbe anticipado del gobierno Petro nos deja un legado envenenado de inseguridad autocrática, desconfianza inversionista y retroceso social.
El derrumbe anticipado del gobierno de Gustavo Petro nos deja un legado envenenado de inseguridad autocrática, desconfianza inversionista y retroceso social. La herencia petrista comienza con una política torticera de paz total, que le entregó 71% del territorio nacional a las guerrillas y a los carteles narcotraficantes, con presencia armada en 790 municipios de 32 departamentos a lo largo y ancho del país.
La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas por la creciente expansión territorial, la fragmentación y el violento enfrentamiento entre las organizaciones narco terroristas durante la presente administración, especialmente en el Catatumbo, Chocó, Arauca, Nariño y Cauca. A la crisis de seguridad reinante, se suma el carácter autocrático del Gobierno, que de forma creciente intenta desconocer los controles políticos y constitucionales propios de la democracia colombiana. La prueba reina es el incumplimiento y el desacato del Ministerio de Salud respecto de los autos de la Corte Constitucional sobre los presupuestos máximos del régimen nacional de salud.
La desconfianza inversionista se confirmó la semana pasada con el informe de JP Morgan, que no ve a Colombia como un país atractivo para invertir. A su juicio, “existen mejores oportunidades en otros países de América Latina”. La desconfianza inversionista se refleja en el desplome de 17,6% de la inversión extranjera directa total y de 24,6% en el sector de petróleo y minería en 2024, cuyos niveles, como porcentaje del PIB, son los peores de los últimos 20 años. A lo anterior se añade el hundimiento de la inversión en bienes de capital de 24,8% en el 2023, caída que explica, en alto grado, las bajas tasas de crecimiento de la economía colombiana.
Los retrocesos sociales del petrismo son alarmantes. La eliminación de los subsidios a las tasas de interés del Icetex echa por tierra las aspiraciones educativas de miles de estudiantes de bajos ingresos. La destrucción sistemática del exitoso programa de vivienda, Mi Casa Ya, que lleva una caída acumulada de 25 meses, es otro golpe a las clases populares del país, que han visto esfumar sus sueños de tener casa propia con los anuncios del supuesto cambio de rumbo del petrismo. Las ventas de vivienda para los colombianos de bajos recursos, sin pandemia, se estancaron por debajo de los niveles de 2012 con una reducción de 16,7%, según Camacol.
La cereza emponzoñada del empastelado petrista es la creciente desfinanciación del régimen de salud, que se traduce en una deuda oficial pendiente de pago de $19,7 billones. Esta situación, de acuerdo con el observatorio, Así Vamos en Salud, aumenta los temores en el 2025 de la grave crisis que enfrenta el sector y la incertidumbre que se genera por el impacto adverso en la prestación de los servicios de salud y la entrega oportuna de medicamentos que ocasionaría el fraguado desfinanciamiento estatal.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
andresespinosa@inver10.co
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