El mapa del miedo. Plan de Alcaldía y «Deep State» para acabar con lo que significa Medellín

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Medellín y Antioquia, se han destacado por ser una ciudad y un departamento diferente a lo largo de las últimas décadas con respecto al ritmo de desarrollo, inversión y pulcro manejo de finanzas de las administraciones públicas, con respecto al resto del país.

Esta ciudad y este departamento han logrado demostrar que va varios pasos adelante en el desarrollo en la forma de hacer las cosas y prueba de ello ha sido desde la manera como ha combatido al narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares y las bandas delincuenciales, así como la dolorosa herencia de la cultura mafiosa que dejó Pablo Escobar y el mal llamado Cartel de Medellín; hasta la manera como ha logrado cambiar la imagen de esa ciudad de los 80n y los 90 y generar obras de desarrollo, programas de integración social y le ha dado una importante calidad de vida a los ciudadanos, algo que no se ve en el resto del país, con los mejores servicios públicos y adecuación estética y física de sus calles y parques.

Esta ciudad lo logró gracias a los mandatarios locales y departamentales que ha tenido en las últimas décadas, quienes han logrado pasar por encima de los intereses politiqueros para dar paso a un triángulo virtuoso de trabajo conjunto, compuesto por Academia-Empresa-Estado y con ello, el beneficio social lo percibían, hasta ahora, todos los medellinenses y antioqueños.

En el contexto nacional, Medellín y Antioquia no se han dejado contaminar por las crisis que ha tenido el resto del país. Mientras Bogotá se sumía en la miseria y los escándalos por cuenta de los gobiernos de izquierda, los carteles de la contratación, la corrupción y todos los fenómenos escandalosos que todavía mantiene; el resto del país vivía su propio calvario como en la Guajira con la corrupción y robo descarado del presupuesto público que deja miles de niños muertos por hambre; la costa atlántica con los carteles de la hemofilia y el robo a la salud y educación; Cúcuta y el Norte de Santander por cuenta de la migración venezolana, el conflicto en el Catatumbo y los líos fronterizos; Cartagena y Bolívar, por la corrupción rampante de sus alcaldes que cambian constantemente así como por la imposibilidad de combatir a las guerrillas en el departamento; Valle del Cauca sumido en una espiral de violencia del microtráfico y guerrillas y el retorno de los carteles que han tenido ardiendo desde Buenaventura hasta la propia Cali; Cauca, Nariño por el retorno de la violencia guerrillera ahora en disidencias y la presencia de carteles del narcotráfico mexicano al igual que Putumayo, Caquetá y la selva.

Entre todo eso y más de otros territorios nacionales, Antioquia aprendió a combatir sus desgracias sin dejar de gobernar para bien de sus ciudadanos, siguió haciendo obras, manteniendo la inversión social, en ese continuismo que permitió que, por fuera de los partidos y tendencias ideológicas de los mandatarios de turno, se pusieran de acuerdo en que lo que importaba era sacar adelante a la ciudad y al departamento, pensando en el bienestar de los ciudadanos.

En medio de masacres, desminado, un proceso de paz frustrado, esta parte del país, se mantuvo firme y ha sido el responsable en contener las intenciones de la implantación del Socialismo del Siglo XXI, programado y planeado tantas veces desde el Foro de Sao Paulo y ahora en su rediseño decenal en el Foro de Puebla en su deseo de ser implantado a nivel local. Para los conductores de ese último foro en su plan para los siguientes 10 años, encontraron que justo era Medellín y Antioquia, los territorios en los que se pusieron los votos para que la tesis progresista no llegara a la presidencia, negando la posibilidad a su fiel soldado de causa Gustavo Petro; cuando ya habían dado pasos avanzados en preparar al resto del país, con los 8 años de quien se coló en la presidencia, Juan Manuel Santos y quien abonó el terreno.

El plan del Foro de Puebla, en el que la persona más activa y promotora por parte de Colombia, aparte de las Farc ahora desmovilizadas, es el expresidente Ernesto Samper —y ya ingresó como refuerzo Juan Manuel Santos—; encontró que justo era Medellín y Antioquia, la zona que había que intervenir para lograr que hacia el 2022, se pudiera dar el paso definitivo en derrotar el último bastión que mantiene la democracia, la libertad de empresa y la sensatez institucional en el país.

Para el Foro de Puebla, Ernesto Samper, Juan Manuel Santos, César Gaviria, las Farc, Gustavo Petro, Iván Cepeda, Piedad Córdoba; y para el resto de los copartícipes de América Latina; el reclamo ha sido que «no han podido con Medellín» y exigen que se derrote a quienes están poniendo los votos que detienen el avanzar socialista. Para ellos es fundamental atacar lo que ellos denominan «el uribismo paisa»: la sociedad antioqueña compuesta por el modelo virtuoso que ha funcionado y que los deja sin argumentos para entrar con una ideología de izquierda.

Esto es que la homogeneidad paisa ha hecho que en esta zona del país, no se le compre el discurso con el que han logrado minar la voluntad de otros territorios a rededor de la lucha de clases, la corrupción rampante, el robo de las obras, y por supuesto, el chantaje de la paz «Santos-Farc». Esas tesis encontraron que no generan votos para la izquierda en esta zona del país y es entonces, cuando se pusieron a diseñar un plan desde el 2018 para poder acabar con la voluntad paisa y la resistencia.

Lo primero que hicieron fue comprar la elección de Daniel Quintero. Para ello calentaron un nombre con un discurso falso de independencia y pagaron millones en las comunas de Medellín, pactando con grupos armados ilegales que amenazaron a los ciudadanos, mientras pagaban desde 50 mil pesos por voto. La investigación a esta denuncia formal y directa la adelanta la Fiscalía 196 Seccional de la Unidad Delitos contra la Administración Pública-Electorales Medellín en cabeza del Dr. Jaime Alberto Duque Molina; por el presunto delito de TRÁFICO DE VOTOS, ART. 390A del C.P., la cual fue radicada bajo el SPOA 050016000248202006352.

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