Colombia se desangra. En tan solo tres días, más de 9 muertos, 84 heridos, 25 atentados contra la población civil y el intento de asesinato de Miguel Uribe en plena aspiración presidencial. Como en nuestros momentos más negros, la violencia regresó no ya disfrazada de causa revolucionaria, sino justificada con la vileza del chantaje político.
El país demandaba una respuesta del presidente que condenara firmemente los ataques. Obtuvimos en cambio, un trino extemporáneo encapsulado en su propio ego. Una diatriba vanidosa donde asumió el dolor de la nación como telón de fondo de su megalomanía. Ninguna responsabilidad aceptada. Otra vez. Como siempre.
Pero hay una responsabilidad ineludible. El lenguaje usado por Petro en estos tres tortuosos años sí lo convierte en causa de un ambiente irrespirable que prendió las mechas del odio. La narrativa presidencial ha abandonado la crítica para abrazar la incitación, y ha dejado de ser postura para convertirse en amenaza.
En medio de este panorama surgió de “la opinión” un llamado aparentemente sensato: “Vamos a bajarle”, decían. Bajarle al tono, al debate, al lenguaje. Reunirse a instancias de Palacio “para tener garantías de seguridad”, como lo describió Benedetti sin sonrojo, o para “evitar nuevas masacres”, según el propio Petro. La invitación, envuelta en diplomacia, rayaba con la extorsión, así varios se negaran a verlo.
Conscientes de lo riesgoso que es en muchos sentidos contradecir al buenismo digital -infiltrado por miembros del gobierno-, algunos nos atrevimos a decir que no. Que no contaran con nosotros para callar. No porque no deseemos la reconciliación, sino porque no aceptamos la idea de que el país solo conozca la narrativa falaz del Gobierno y sus bodegas.
Tres cosas tenemos claras: El silencio condescendiente ha sido históricamente la incubadora de las peores tragedias democráticas. Es una trampa peligrosa equiparar al debate legítimo con la incitación presidencial. Y es ingenuo pensar que alguien, fuera del Gobierno, tiene los 130.000 millones de pesos que se han gastado en bodegas y publicidad, para siquiera intentar contrarrestar su narrativa. Por eso esta vez, bajar la voz no es una opción y apoyar públicamente y sin matices a los partidos y senadores que, dentro del marco constitucional, han hecho uso legítimo del sistema de pesos y contrapesos; es supervivencia.
Y es que esta vez no es retórica: lo que está en juego es la vida. La vida de opositores, de hombres y mujeres de nuestra Fuerza Pública, de mamás, papás, hijos y hermanos. Porque la violencia, amparada en un discurso de ruptura institucional, ya está aquí y no la trajimos nosotros.
Recientemente, reflexionábamos con Gabriela Febres al respecto. Ella en su visión profundísima de cualquier aspecto de la realidad colombiana, proponía esta metáfora: Colombia es un país que ha transitado por dos carriles -el del debate y el del respeto institucional- con sus baches y congestiones, sí, pero con normas y rumbo. Hoy tenemos a un personaje que pretende dirigir el tránsito, pero que anda por la berma, se lanza en contravía y nos lleva directo al abismo.
Colombia no conoce lo que es vivir bajo un régimen autocrático, por eso aún estamos entumecidos con la respuesta. Comprendo la buena intención de quienes aún creen que es posible conducir a este gobierno de vuelta al carril institucional, pero lamentablemente no se puede enfrentar a un autócrata con herramientas convencionales.
Gustavo Petro es hoy un hombre indigno para el cargo que ocupa. Bloquearlo no es traición, es deber constitucional. No hay nada más legítimo que usar la ley para defender la ley.
Aunque todavía nos cueste asumirlo, la Constitución otorga herramientas que si bien extraordinarias, no son menos legítimas. La Comisión de Acusaciones tiene que ser presionada por la ciudadanía para dar resultados. Los artículos 174 y 109 de la Constitución no pueden ser adorno estéril. La comunidad internacional debe ser llamada formalmente a cooperar, las Cortes deben actuar honrando su mandato constitucional, el Congreso no puede ceder un milímetro y la ciudadanía debe hacer del Derecho su mejor herramienta y de las calles, su escenario.
Nuestra historia republicana nos ha hecho políticamente correctos, incapaces de hacernos las preguntas difíciles. Pero ha llegado el momento de actuar con estrategia, legalidad y decisión. Como dijo el presidente Uribe: “La diferencia no puede unirnos en bandos armados, sino que todos debemos caber en el bando protector de la Constitución, la ley, las Fuerzas Armadas y la justicia”.
. https://www.elnuevosiglo.com.co/columnistas/el-mismo-bando
Colombia se desangra. En tan solo tres días, más de 9 muertos, 84 heridos, 25 atentados contra la población civil y el intento de asesinato de Miguel Uribe en plena aspiración presidencial. Como en nuestros momentos más negros, la violencia regresó no ya disfrazada de causa revolucionaria, sino justificada con la vileza del chantaje político.
El país demandaba una respuesta del presidente que condenara firmemente los ataques. Obtuvimos en cambio, un trino extemporáneo encapsulado en su propio ego. Una diatriba vanidosa donde asumió el dolor de la nación como telón de fondo de su megalomanía. Ninguna responsabilidad aceptada. Otra vez. Como siempre.
Pero hay una responsabilidad ineludible. El lenguaje usado por Petro en estos tres tortuosos años sí lo convierte en causa de un ambiente irrespirable que prendió las mechas del odio. La narrativa presidencial ha abandonado la crítica para abrazar la incitación, y ha dejado de ser postura para convertirse en amenaza.
En medio de este panorama surgió de “la opinión” un llamado aparentemente sensato: “Vamos a bajarle”, decían. Bajarle al tono, al debate, al lenguaje. Reunirse a instancias de Palacio “para tener garantías de seguridad”, como lo describió Benedetti sin sonrojo, o para “evitar nuevas masacres”, según el propio Petro. La invitación, envuelta en diplomacia, rayaba con la extorsión, así varios se negaran a verlo.
Conscientes de lo riesgoso que es en muchos sentidos contradecir al buenismo digital -infiltrado por miembros del gobierno-, algunos nos atrevimos a decir que no. Que no contaran con nosotros para callar. No porque no deseemos la reconciliación, sino porque no aceptamos la idea de que el país solo conozca la narrativa falaz del Gobierno y sus bodegas.
Tres cosas tenemos claras: El silencio condescendiente ha sido históricamente la incubadora de las peores tragedias democráticas. Es una trampa peligrosa equiparar al debate legítimo con la incitación presidencial. Y es ingenuo pensar que alguien, fuera del Gobierno, tiene los 130.000 millones de pesos que se han gastado en bodegas y publicidad, para siquiera intentar contrarrestar su narrativa. Por eso esta vez, bajar la voz no es una opción y apoyar públicamente y sin matices a los partidos y senadores que, dentro del marco constitucional, han hecho uso legítimo del sistema de pesos y contrapesos; es supervivencia.
Y es que esta vez no es retórica: lo que está en juego es la vida. La vida de opositores, de hombres y mujeres de nuestra Fuerza Pública, de mamás, papás, hijos y hermanos. Porque la violencia, amparada en un discurso de ruptura institucional, ya está aquí y no la trajimos nosotros.
Recientemente, reflexionábamos con Gabriela Febres al respecto. Ella en su visión profundísima de cualquier aspecto de la realidad colombiana, proponía esta metáfora: Colombia es un país que ha transitado por dos carriles -el del debate y el del respeto institucional- con sus baches y congestiones, sí, pero con normas y rumbo. Hoy tenemos a un personaje que pretende dirigir el tránsito, pero que anda por la berma, se lanza en contravía y nos lleva directo al abismo.
Colombia no conoce lo que es vivir bajo un régimen autocrático, por eso aún estamos entumecidos con la respuesta. Comprendo la buena intención de quienes aún creen que es posible conducir a este gobierno de vuelta al carril institucional, pero lamentablemente no se puede enfrentar a un autócrata con herramientas convencionales.
Gustavo Petro es hoy un hombre indigno para el cargo que ocupa. Bloquearlo no es traición, es deber constitucional. No hay nada más legítimo que usar la ley para defender la ley.
Aunque todavía nos cueste asumirlo, la Constitución otorga herramientas que si bien extraordinarias, no son menos legítimas. La Comisión de Acusaciones tiene que ser presionada por la ciudadanía para dar resultados. Los artículos 174 y 109 de la Constitución no pueden ser adorno estéril. La comunidad internacional debe ser llamada formalmente a cooperar, las Cortes deben actuar honrando su mandato constitucional, el Congreso no puede ceder un milímetro y la ciudadanía debe hacer del Derecho su mejor herramienta y de las calles, su escenario.
Nuestra historia republicana nos ha hecho políticamente correctos, incapaces de hacernos las preguntas difíciles. Pero ha llegado el momento de actuar con estrategia, legalidad y decisión. Como dijo el presidente Uribe: “La diferencia no puede unirnos en bandos armados, sino que todos debemos caber en el bando protector de la Constitución, la ley, las Fuerzas Armadas y la justicia”.
. https://www.elnuevosiglo.com.co/columnistas/el-mismo-bando