A lo largo de los varios años que demoró la negociación entre el gobierno Santos y las Farc siempre se insistió en que el centro del proceso y de un eventual acuerdo de paz serían las víctimas del conflicto armado. Se reiteró hasta la saciedad, igualmente, que todas las tratativas y las instancias resultantes del pacto habanero estarían focalizadas en garantizar, prioritariamente, la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para los millones de colombianos que por varias décadas fueron blanco de la barbarie y la violencia indiscriminada de esa guerrilla.

No en pocas ocasiones advertimos desde estas páginas que el Estado corría el riesgo de ser demasiado crédulo en una facción armada que sumaba no pocos intentos de acuerdos de paz, todos con un resultado fallido pero que dejaban claro que el objetivo principal de los mandos subversivos era asegurar, en primer lugar, la total impunidad de sus delitos, empezando por los más graves y de lesa humanidad. Este tipo de advertencias se reiteró por muchos sectores del país pero fue desatendido por el gobierno de entonces. Un gobierno que, contra toda evidencia, pactó un sistema de justicia transicional peligrosa y exageradamente favorable para los cabecillas y contingentes guerrilleros, en claro detrimento de los derechos de las víctimas que, se suponía, eran el centro y objetivo de toda negociación.

Hoy, a punto de cumplirse cuatro años del primer acto de firma del acuerdo de paz, en Cartagena (que sin embargo resulto inútil al imponerse el No en el plebiscito refrendatorio de octubre de 2016), el país asiste entre atónito e indignado a la que bien puede considerarse evidencia incontrastable del fracaso de ese malhadado acuerdo de paz. De un lado, la promesa aquella de que se negociaba para asegurar la “terminación definitiva del conflicto” ya no tiene asidero real alguno, porque no solo se produjo un rebrote de la violencia regional y local en los últimos años, sino que uno de los principales actores armados es hoy por hoy las llamadas “disidencias de las Farc”, que van rumbo a tener cinco mil integrantes delinquiendo en más de 120 municipios de veinte departamentos. Se trata de cabecillas y combatientes que se apartaron del proceso de paz antes de su firma o que incluso habiéndose desmovilizado luego terminaron regresando a la actividad ilegal.

De otra parte, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el controvertido sistema jurídico creado para que los guerrilleros desmovilizados confesaran las circunstancias de modo, tiempo y lugar de sus múltiples delitos, y a partir de ello se avanzara en materializar los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para los millones de víctimas, ha terminado convertida en una especie de rey de burlas. No de otra manera se puede calificar el hecho de que de manera sistemática y desafiante los mandos desmovilizados insistan en negar, contra toda  evidencia, la comisión de secuestros, violaciones sexuales, desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, masacres, reclutamiento forzado de menores de edad y otra gran cantidad de acciones de ocurrencia diaria durante varias décadas. Llamar “retenciones” a los secuestros; sostener que no reclutaban a los niños y niñas sino que estos se incorporaban a las filas de manera ‘voluntaria y convencida’; argüir que no se registró una gran cantidad de abusos sexuales contra niñas y mujeres, sino que se trató de “relaciones consensuadas en la guerrillerada”; afirmar que muchos asesinatos y masacres no se produjeron en estado de indefensión de las víctimas civiles sino que estas eran “objetivo militar legítimo”… Todas esas versiones amañadas y descaradas son evidentemente una burla a las víctimas, al país y al Estado de Derecho.

Un negacionismo sistemático que es un evidente incumplimiento del acuerdo de paz y de una justicia transicional que estableció penas de cero cárcel para los guerrilleros a cambio de que contaran la verdad de sus delitos y repararan a las víctimas. Nada de ello ha ocurrido. Por el contrario, la cúpula de los desmovilizados ocupa curules en el Congreso o se encuentra en absoluta libertad, mientras que millones de colombianos, entre indignados y resignados, siguen sin saber el porqué de las masacres, los secuestros, los asesinatos, los desplazamientos, las violaciones y toda la barbarie perpetrada por esa facción armada por muchos años.

Visto todo lo anterior es más que evidente que el acuerdo de paz firmado en 2016 cada día se confirma más como un fracaso, pues no solo la violencia armada sigue en Colombia sino que aquellos que se desarmaron y accedieron a beneficios políticos e impunidad judicial, continúan desdeñando a las víctimas, la justicia, el Estado de Derecho y el país en general.

 

El Nuevo Siglo, 10/09/2020

 

 

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